España y Portugal pactan con Bruselas su plan para bajar la factura de la luz

Y al fin, luz verde. Sobre la bocina respecto al plazo que se había dado el Gobierno español, la Comisión Europea ha dado este martes su visto bueno a la propuesta española y portuguesa para limitar el precio del gas y del carbón que alimentan las centrales de generación de electricidad y rebajar así tanto la factura de la luz para el 40% de los consumidores españoles —aquellos que cuentan con una tarifa regulada— como la inflación. Lo hace, eso sí, con dos cambios: el tope al gas no será de 30 euros, sino de 50 en la media del año de vigencia de la medida, y el precio peninsular de la luz será el mismo que apliquen para los intercambios con el resto de la UE, vía Francia.

“Hay un acuerdo político”, ha anunciado en Bruselas la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo portugués, Duarte Cordeiro, tras reunirse con la titular comunitaria de Competencia, Margrethe Vestager. En la misma línea, pero con más cautela, el Ejecutivo comunitario reconocen el “acuerdo político en los principios” para que España y Portugal adoptar “medidas proporcionadas y temporales para afrontar los [altos] niveles de precios de la electricidad”. A continuación, los portavoces comunitarios añaden: “Los contactos continuarán ahora a toda velocidad a nivel técnicos”.

El acuerdo de Madrid y Lisboa con Bruselas se sustenta en dos líneas básicas. La primera sería la que permite limitar el precio del gas y el carbón para las centrales eléctricas a 40 euros por megavatio hora (MWh) en las primeras semanas, 10 euros más de lo propuesto inicialmente por los gobiernos peninsulares. Después, el Ejecutivo comunitario obliga a que este tope suba progresivamente, hasta alcanzar los 50 euros en la media de los 12 meses en los que estará activo este mecanismo de urgencia, que pretende rebajar la presión de los precios sobre los hogares y las empresas. El gas natural cuesta hoy 80 euros en el Mibgas, el mercado ibérico.

La segunda parte del pacto es una de las que más diferencias suscitaba entre Madrid y Lisboa y la Comisión Europea, y en la que han acabado cediendo las capitales: no habrá un doble precio —uno para los consumidores de la Península y otro para los de fuera, especialmente los franceses—, como se había sugerido en el primer texto remitido a Bruselas para la consideración de sus técnicos. Será el mismo para todos, por lo que esos últimos también se beneficiarán de la energía subsidiada que se produzca en España y Portugal. “La Comisión ha indicado que pedía flexibilidad para no introducir limitaciones adicionales en frontera, pero obviamente el consumidor francés tendrá que pagar lo mismo que el consumidor ibérico en este ajuste”, ha admitido Ribera.

“La Comisión Europea nos ha trasladado la petición de ser flexibles con respecto a cómo mantenemos de forma fluida las interconexiones, las exportaciones de electricidad desde la península Ibérica hasta Francia, pero se ha comprometido a ser un actor mucho más activo para vigilar el pleno cumplimiento de un objetivo de interconexión que estaba fijado para el 10% en 2020 y del 15% en 2030, pero que todavía está en el 2,8%″, ha descrito la titular de Transición Ecológica. Hoy, las interconexiones de luz y gas a través de Pirineos son muy limitadas, pero fuentes del Ejecutivo español subrayan que Bruselas se ha “comprometido” a “trabajar activamente” para incrementarlas.

El punto más llamativo y en el que más debate mediático ha habido en los últimos meses es el que permitirá topar el precio del combustible que alimenta las centrales de ciclo combinado y cogeneración. El resultado de este mecanismo, tomando de referencia los 50 euros de media que se pagarán en todo su periodo de vigencia, arroja un precio medio diario del MWh de la luz de unos 130 o 140 euros, según tres expertos independientes consultados por este diario. Esa cifra no solo es menos de la mitad de los 283 euros de media en marzo, sino también notablemente inferior a los 180 de tope al mercado mayorista que el Gobierno de Pedro Sánchez barajó llevar al Consejo Europeo de marzo y que finalmente no planteó por las reticencias expresadas por los países del norte de la Unión, siempre refractarios a medidas de ese corte.

En un mercado de diseño marginalista como el español, la brutal subida acumulada en los últimos meses por el gas —que quintuplica su precio— ha contaminado los precios que afrontan los consumidores en un gran número de horas: la tecnología más cara (en muchos casos, el gas) es la que marca no solo la retribución propia, sino también la del resto. Y eso es exactamente lo que se quiere atajar con este nuevo marco. Las compensaciones a los propietarios de las centrales térmicas saldrán del propio sistema, según ha reiterado en diversas ocasiones Ribera, que ha prometido que no supondrá ninguna recarga sobre los Presupuestos Generales del Estado ni ampliará el déficit de tarifa.

El desarrollo de lo pactado en marzo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, António Costa, lograron a finales de marzo el visto bueno político del Consejo Europeo para un mecanismo que les permitía, escudándose en esas bajas interconexiones con el resto del continente y en su elevada cuota de renovables, desmarcarse del resto de Estados miembros con una regulación específica y temporal para abaratar unos recibos que llevan meses por las nubes. Pero aún faltaba aterrizar ese primer acuerdo marco en medidas concretas. Esa primera concreción del pacto, fundamental, es la que ha llegado ahora y que permitirá desligar el precio de la luz del gas.

“La reunión fue muy constructiva”, valoran fuentes comunitarias, que no obvian que en los próximos días deberán cerrarse los flecos del acuerdo. Esos detalles y formalidades tendrán que estar listos antes de que el Consejo de Ministros del próximo martes refrende lo acordado con Bruselas, según ha deslizado la vicepresidenta Ribera. De cumplirse ese plazo, el anhelado abaratamiento de la factura para los clientes del mercado regulado (4 de cada 10) debería llegar ya en la factura de mayo.