Ribera viaja a Bruselas en busca del aval europeo a su propuesta para rebajar la luz

A menos de una semana vista del plazo fijado por el Ejecutivo español para tener en vigor el plan con el que quiere limitar el precio de la luz, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, viajará este martes a Bruselas para pisar el acelerador en la negociación con la Comisión Europea. Tanto Ribera como su homólogo portugués, Duarte Cordeiro, serán recibidos en la capital comunitaria por la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

Madrid y Lisboa lograron hace justo un mes el visto bueno preliminar del Ejecutivo comunitario y del resto de Estados miembro para establecer una excepcionalidad ibérica: que, dadas las escasas interconexiones con el resto del continente y la elevada proporción de renovables en la matriz energética peninsular, ambos países puedan poner en marcha medidas de urgencia para desligar el precio de la electricidad del gas, que ha quintuplicado su cotización en menos de un año. Pero aún falta lo más difícil: aterrizar ese acuerdo marco en medidas concretas. Hasta ahora, el Gobierno español se ha mostrado optimista sobre el curso de la negociación. “Confío en que hay un respaldo político y una orientación clara”, decía hace tres semanas en una entrevista a este diario.

La idea de los Ejecutivos de Pedro Sánchez y António Costa pasa, grosso modo, por limitar a 30 euros por megavatio hora (MWh) el precio del gas natural y del carbón que alimentan las centrales térmicas, una medida que permitiría rebajar a la mitad el precio de la electricidad en el mercado mayorista, hasta el entorno de 120-130 euros por MWh.

Para tratar de evitar subvencionar las exportaciones y frenar el contagio a otros países del bloque —uno de los grandes temores de la Comisión—, ambos países abogan por establecer una doble subasta: primero se fijará un precio natural, antes del tope, que regiría para los intercambios internacionales, y después se establecerá un segundo precio que tendrá validez únicamente a escala ibérica y que ya incorporará esa rebaja derivada del límite al gas y el carbón.

En el proyecto remitido a Bruselas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ambos Gobiernos reconocían además que su plan obligaría a restringir las exportaciones a Francia. El hecho de que la reunión de este martes sea con Vestager y no con la titular de Energía, Kadri Simson, parece apuntar a que los mayores problemas están en ese punto: cómo evitar que los cambios que se introduzcan en el mercado eléctrico español tengan impacto sobre el resto de socios europeos.

Ribera confiaba en contar con la aprobación de Bruselas a finales de abril, para que esta pudiera entrar en vigor a principios de mayo. Sin embargo, a la vista del calendario y de la ausencia de avances formales en la negociación, salvo aceleración radical de los tiempos en los próximos días, la puesta en marcha de la medida —y, por tanto, el freno sobre el precio que pagan los hogares con tarifa regulada— tendrá que esperar.