España reconoce ante Bruselas que su plan para abaratar la luz obliga a restringir las ventas de electricidad a Francia

La propuesta presentada por el Gobierno, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, reclama la excepción hasta final de año y argumenta que el impacto sobre el mercado único es mínimo dado que la interconexión es “la más baja de Europa”

Desde la izquierda, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simson, tras una reunión en Madrid.
Desde la izquierda, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simson, tras una reunión en Madrid.FERNANDO VILLAR (EFE)

Las negociaciones se endurecen en Bruselas sobre la denominada “excepción ibérica” para abaratar los precios de la energía. La propuesta hispano-portuguesa para reducir el precio de la electricidad mediante un tope al precio del gas obligará a restringir la exportación eléctrica hacia Francia, según reconocen los documentos remitidos a la Comisión Europea por el Gobierno español, a los que ha tenido acceso EL PAÍS. España ha planteado como solución inicial un sistema de doble casación de precio para diferenciar la electricidad consumida en la península ibérica y la exportada al mercado comunitario a través de los Pirineos. Pero los citados documentos muestran que no basta con esa doble ronda para evitar que la electricidad subsidiada en España se cuele hacia Francia. Se precisa también establecer “ciertas restricciones” en algunos segmentos del mercado, según reconocen los textos presentados por España y Portugal. Bruselas teme que esa limitación, por mínima que sea, rompa la unidad del mercado europeo: Alemania y los países nórdicos han mostrado a las claras su oposición a la medida con el argumento de la unidad de mercado, según fuentes de la negociación.

La vicepresidenta española Teresa Ribera y la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, abordaron la semana pasada en conversación telefónica las discrepancias entre sus respectivos equipos técnicos. Pero el choque aún no se ha resuelto y en el Gobierno español se piensa que probablemente habrá que esperar hasta finales de este mes para recibir el plácet de Bruselas, aunque el calendario aprieta: la próxima reunión del colegio de comisarios europeos está prevista para el 27 de abril y sería ahí cuando la Comisión abordará la autorización del modelo hispano-portugués, si bien puede que haya retoques respecto a la propuesta inicial.

Limitar a 30 euros por megavatio hora (MWh) el precio máximo del gas para las centrales de generación eléctrica —los ciclos combinados y las de cogeneración— llevaría el coste medio diario de la electricidad hasta los 120 o 130 euros por megavatio hora; fuentes de la negociación apuntan a que Bruselas elevará esa cifra. Pero el gran debate con los técnicos de Bruselas gira en torno al alcance de esas restricciones a la exportación de energía por su calado político. Colateralmente, España y Portugal también pretenden alargar la excepción ibérica hasta fin de año para modificar la estructura del mercado y conseguir más contratos a medio y largo plazo. Y el modelo apunta hacia una financiación que evita generar más déficit en el sistema (el ajuste de coste en el gas se hace con cargo al resto de las fuentes de energía), lo que erosiona los márgenes de las empresas, que están haciendo lobby en Bruselas en contra de esa idea.

Los documentos remitidos a Bruselas concretan un mecanismo doble de fijación de precios que ofrezca un resultado para la exportación, basado en la fórmula habitual, y otro para el mercado interior, con el gas topado. Y, por si esto no es suficiente, el Gobierno también aclara en los textos remitidos a la Comisión que este mecanismo obliga a introducir “ciertas restricciones” en algunos segmentos del mercado que se concretan en “enviar señales valor cero en la capacidad de interconexión con Francia en la dirección exportadora”. El objetivo de esas restricciones es evitar distorsiones en el mercado eléctrico europeo y no subsidiar electricidad en Francia. Eso, según Bruselas, puede desdibujar el mercado único de la energía. Pero España aduce que los socios europeos nunca se han preocupado por la baja interconexión de la península, que se reduce al 2,8%, y que con esas cifras la distorsión es mínima, según las fuentes consultadas.

Ese es el quid de la cuestión. Para defender su oferta, España vuelve al argumento que utilizó el presidente Pedro Sánchez para que el Consejo Europeo avalara la idea de que la Península Ibérica es una isla energética y, en consecuencia, pueda justificarse un tratamiento excepcional en situaciones excepcionales como la actual, de muy altos precios en los mercados de combustibles fósiles. “La capacidad de interconexión de España es la más baja de Europa (si se considera que la única vía posible de integración con el sistema eléctrico de Europa central es a través de Francia, la capacidad de interconexión española es de alrededor un 2,8%), así que, en conjunto, la energía afectada por estas restricciones es considerablemente baja”, defiende uno de los dos documentos que ha enviado el Ministerio de Transición Ecológica a Bruselas.

Ese argumento se complementa con el hecho de que el sistema de doble casación de precios solo afecta a dos segmentos del mercado (intradía y reposición de reservas) en los que “la energía negociada […] es baja en comparación con la negociada en el mercado diario”.

A pesar de la indudable complejidad, ese es asunto el de más calado político en unas negociaciones en las que se ha bajado ya al detalle y en las que se empieza a vislumbrar un desenlace político. En Bruselas no se descarta que el expediente requiera incluso una intervención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien fue la primera autoridad comunitaria en reconocer la excepción ibérica tras la cumbre europea de marzo en la que Sánchez se plantó para arrancar una solución ad hoc.

En las conversaciones con el Gobierno español, Bruselas defiende al mismo tiempo que se mantenga la unidad del mercado europeo y que el precio de la luz intervenido en España no cruce los Pirineos. Una cuadratura del círculo que Madrid y Lisboa intentan resolver con la combinación de restricciones a la exportación y ese citado “esquema de dos rondas”. Este mecanismo “no es totalmente nuevo en términos de regulación europea”, explican los documentos, apoyándose en el reglamento eléctrico comunitario.

En Bruselas —con el Ejecutivo de la UE espoleado por la posición de Alemania y los nórdicos— no acaba de convencer la propuesta de las restricciones. Esa limitación “ya no es solo un problema de España”, según fuentes comunitarias. “Pongamos que se acepta que se restrinjan los flujos: si viene a continuación un país más interconectado, ¿podrá pedir lo mismo? Se corre el riesgo de romper el mercado interno de la energía: este es el problema”, añaden las mismas fuentes. El Ejecutivo español, por contra, argumenta que la unidad de mercado en el sector eléctrico europeo es una ficción en el caso de España y Portugal: el bajo nivel de interconexión (ese citado 2,8%, muy alejado del 10% que fija como objetivo la Unión) evita que la península Ibérica se pueda beneficiar de la unidad de mercado. Traducción bíblica de la posición de Madrid y Lisboa: no se puede desunir lo que todavía no está unido.

El flujo hacia los Pirineos y los beneficios de las eléctricas

En medio de este debate sucede que en las últimas semanas las centrales de ciclo combinado españolas están vendiendo bastante energía al país vecino para cubrir su demanda. En el sector se manejan cantidades equivalentes a dos buques metaneros al mes. En estos momentos, Francia tiene parados una parte de sus reactores nucleares (su electricidad procede en un 70% de esta fuente) y esto ha provocado que los precios se disparen hasta cuotas no vistas en países limítrofes. Por ejemplo, el 3 de abril la cotización del megavatio hora llegó a 3.000 euros, una cifra que casi multiplica por seis el máximo que tocado en España hace poco más de un mes (545 euros).

La propuesta ibérica también recoge algunos detalles ya conocidos, como la pretensión de que el tope a la producción con gas (ciclo combinado y cogeneración) esté en 30 euros, a la que se añaden también las centrales térmicas (carbón), una tecnología que en España ya no se utiliza casi. Ese tope daría como resultado, con el mecanismo de fijación de precios, unos 120/130 euros por cada megavatio hora. El coste de esta medida corre a cargo del resto de tecnologías de producción (renovables, nuclear...), lo que, en principio, supone limitar los beneficios de las eléctricas, algo que no ha gustado y les está llevando a hacer una intensa labor de 'lobby' en la capital comunitaria. La vicepresidenta Ribera ha reaccionado contra eso: "Sabemos que hay quienes prefieren que esto no se aplique y están insistiendo ante la Comisión Europea. Es un frente que nos parece desafortunado". También descalifica las críticas a la propuesta hispano-lusa de Iberdrola y Endesa. "Tenemos el honor de que los beneficios de las grandes eléctricas son mayores en términos relativos que en otros Estados miembros", ironiza Ribera. "Eso no es tolerable", añade. El Ejecutivo defiende que el límite a las ganancias estaría provocando menos recelos en Bruselas, aunque la Comisión ha pedido más explicaciones al respecto, como adelantó este diario.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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