La inflación vuelve a empeorar en mayo tras un breve parón: los precios crecieron un 8,7%

El camino hacia la normalización de los precios llevará tiempo, pero si los organismos internacionales y casas de análisis no se equivocan, acabará llegando el próximo año. Según la cifra adelantada del Instituto Nacional de Estadística, España dio en mayo un paso atrás en ese objetivo: la inflación respecto al mismo periodo del año pasado se situó en el 8,7%. En abril fue del 8,3%, con lo que vuelve a repuntar tras la breve mejora del mes pasado, aunque sigue por debajo del techo del 9,8% de marzo. En un baremo como el IPC, que se ha visto impactado sobre todo por la presión de las tarifas eléctricas, su ligera caída este mes no ha sido suficiente para hacerlo retroceder, dado que el megavatio hora sigue en precios históricamente muy elevados, y los carburantes y la alimentación continúan al alza.

A la espera de que entre en vigor el tope al precio del gas natural en España y Portugal —pendiente del visto bueno final de la Comisión Europea—, que debería ayudar a deshinchar la inflación, los datos de mayo no profundizan en el respiro de abril. A diferencia de lo que sucede con los precios eléctricos, los del combustible apenas dan tregua. El precio de la gasolina ha roto la barrera de los 1,9 euros por litro, y alcanzó su máximo histórico por tercera semana consecutiva. Su encarecimiento ha absorbido ya más de la mitad de la subvención de 20 céntimos aprobada por el Gobierno para abaratar los carburantes. Eso quiere decir que si sube otros nueve céntimos ya estará por encima de lo que los consumidores pagaban antes del subsidio.

En una nota remitida este lunes, fuentes del Ministerio de Economía valoran así el dato. “Las medidas de respuesta al impacto de la guerra claramente están limitando el alza de los precios. La próxima entrada en vigor de la limitación de los precios de la electricidad en el mercado mayorista proporcionará un seguro adicional ante posibles alzas del precio de la energía en los mercados internacionales”.

El contagio de los precios energéticos a los alimentos es una de las mayores preocupaciones, dado que una amplia gama de productos básicos de la cesta de la compra ya han experimentado fuertes subidas, lo que causa un daño mayor a los hogares de menos recursos. Eso se refleja en la llamada inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta los productos energéticos y los alimentos frescos, que en mayo siguió su escalada y se coloca ya en el 4,9%, máximos de 1995. Malas noticias si se tiene en cuenta que para muchos economistas este indicador es el más relevante, pues excluye la parte más volátil de la estadística, y tiende a bajar más lentamente.

La tendencia amenaza con empeorar si no se halla una solución para que Ucrania pueda exportar las más de 20 millones de toneladas de grano que almacena. Turquía está mediando para que Rusia permita un corredor humanitario que permita su salida, pero el peligro de que se desate una crisis alimentaria es cada vez más real. El efecto rebote de esa carencia puede acentuar sus consecuencias, como ha demostrado la decisión de la India de prohibir sus exportaciones de trigo para asegurar el consumo nacional, un proteccionismo alimentario que ha extendido al azúcar —del que es el segundo mayor exportador global— para tratar de mantener estables los precios internos.

La economista senior de Federated Hermes Silvia Dall’Angelo advierte de que los altos precios pueden desacelerar las compras, y por tanto afectar a las empresas de distribución. “Lo peor aún está por llegar, ya que la demanda de los consumidores probablemente se ralentizará de forma significativa bajo la presión de la alta inflación que reduce los ingresos reales, y el endurecimiento fiscal y monetario”.

Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de EAE Business School, desconfía de las previsiones que hablan de una próxima caída de la inflación: cree que la presión sobre las cadenas de suministro continúa, rebaja el efecto positivo del tope del gas sobre la factura eléctrica, y alude a que la alta inflación subyacente no ayuda a pensar que el fenómeno remitirá demasiado a corto plazo. “Hay un efecto bola de nieve. La gente piensa que los precios están subiendo, por lo que todo el mundo empieza a subirlos”, apunta.

Todas las instituciones señalan, sin embargo, que es cuestión de tiempo que se disipe ese alza de precios. Bruselas espera que el avance del IPC español caiga con fuerza en 2023 hasta el 1,8%, por debajo de la media de la eurozona (2,7%) y de la Unión Europea (3,2%). El FMI va más allá, y calcula que en diciembre del año próximo la inflación española estará en el 0,8%. El efecto base de comparar precios con los niveles altos de 2021 y 2022 también tendrá en los meses venideros un impacto estadístico que sobre el papel debería dificultar que los precios mantengan su ritmo de encarecimiento.

Este lunes, fuentes del Ministerio de Economía insistían en que la caída de los precios será un hecho, aunque puede haber turbulencias puntuales. “Se mantiene la previsión de que la inflación irá desacelerándose progresivamente durante la segunda parte del año, sin descartar oscilaciones durante los meses de verano, derivados de posibles efectos base, y teniendo en cuenta la alta incertidumbre derivada del contexto económico global”.

Más gasto en servicios

Un informe publicado la semana pasada por Arcano Economic Research se mueve en esa línea. Prevé que la inflación vaya perdiendo fuerza con el paso de los meses hasta normalizarse en 2023. En el flanco energético lo justifica por la aceleración de planes europeos para contar con una mayor autonomía energética, lo cual reduce el riesgo que los inversores conceden a un posible corte del suministro de gas a Europa por parte de Rusia. En el resto de productos, estima que los consumidores gastarán más en servicios y menos en bienes debido a factores como la recuperación del turismo y la suavización de la pandemia, un cambio de tendencia global que ayudará a deshinchar los precios de las mercancías, antes bajo presión por la alta demanda, sobre todo de los clientes estadounidenses, que al ahorro acumulado por los cierres ligados al virus sumó unos potentes estímulos públicos, cheques gubernamentales incluidos.

El estudio no ve peligro de que la subida de los precios se traslade a los salarios en España —los llamados efectos de segunda ronda— debido a varios motivos: pese a que el desempleo ha caído, la tasa de paro es todavía mucho mayor a la de sus socios europeos, y eso reduce el poder de negociación de los trabajadores para reclamar alzas de sueldos, al haber un ejército de reserva disponible. La estructura del tejido productivo español tampoco favorece esa espiral de subidas de precios y salarios, dado que hay un claro dominio de pymes, para las que no es tan sencillo acometer subidas de precios.

Además, los autores del texto —Leopoldo Torralba, Ignacio de la Torre y Joaquín Rivera— opinan que la crisis del sector inmobiliario chino ayudará a reducir los precios de las materias primas y relajar las cadenas de suministro. Esa tesis parte de la idea de que si el gigante asiático construye menos, habrá menos demanda de los materiales que necesita, lo cual vuelve más barato para todos adquirirlos en los mercados internacionales y libera espacio en el transporte.