Europa anuncia el fin del Gran Estímulo

La Comisión y el FMI piden empezar los ajustes a la vez que el BCE encara la conclusión de su programa billonario de compra de deuda

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en un Eurogrupo en Bruselas en mayo.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en un Eurogrupo en Bruselas en mayo.OLIVIER HOSLET (EFE)

Las instituciones europeas han hecho suyo en las últimas semanas uno de los estribillos más celebrados del cantante neoyorkino Lenny Kravitz, que hace un cuarto de siglo proclamó que el rock and roll había pasado a mejor vida. Ante el derrumbe económico provocado por la pandemia, las capitales y los banqueros centrales siguieron el mismo compás desde marzo de 2020 al lanzar paquetes masivos de estímulos sin precedentes en la historia del proyecto europeo. Los números no dejan lugar a dudas: solo para parar el golpe de la crisis derivada de la covid-19, las haciendas nacionales habrán destinado 1,3 billones de euros a finales de 2022, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) ha comprado deuda por al menos 1,7 billones. Sin embargo, Bruselas y Fráncfort planean acabar ya con el rock and roll y dejar solo el eco del sonido del fondo europeo de recuperación y las reinversiones de deuda.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, no quiso esperar a la semana que viene para despejar cualquier duda sobre la dirección que tomará la institución en los próximos meses. En el blog del Eurobanco, Lagarde anunció que en julio acabarán las adquisiciones netas de deuda. A sus compras de 1,7 billones se añaden cerca de 600.000 millones (a razón de unos 20.000 millones mensuales y otros 120.000 adicionales) más del programa tradicional de adquisición de deuda. Todo eso acaba. Y además, la zona euro encara ya las primeras subidas de tipos de interés.

Bruselas también ha lanzado a las capitales la señal de ir saneando sus finanzas. Según la red de Instituciones Fiscales Independientes de la UE (IFI, por sus siglas en inglés), desde marzo de 2020 y hasta diciembre de 2022 los países de la UE habrán gastado una media del 9% del PIB en ayudas fiscales directas ―lo cual excluye garantías o avales— para proteger a empresas y ciudadanos del golpe de la pandemia. Es decir, 1,3 billones de euros en el conjunto de la Unión. En total, la IFI ha identificado al menos 1.000 diferentes desplegadas en la UE solo para hacer frente a la covid-19, es decir, sin incluir las que se adoptaron a raíz de la guerra de Ucrania.

Ante la incertidumbre que plantea la invasión rusa, la Comisión Europea decidió mantener suspendidas las reglas fiscales en 2023, pero pidió ya ajustes de gasto público. “El cambio está anunciado, pero pospuesto a la espera de lo que ocurra en Ucrania. Aun así, la Comisión ha señalado ya que hay que empezar el proceso de consolidación fiscal”, señala el profesor de Economía y Finanzas en IESE Xavier Vives. Bruselas, de hecho, pide a los socios con mayor músculo fiscal y financiero ―como Alemania— una posición fiscal “neutra”, mientras que reclama “prudencia” a España, Portugal, Italia o Bélgica, pidiéndoles incluso que limiten el aumento de gasto por debajo del crecimiento potencial a medio plazo.

A esa misma dirección apunta el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su director del Departamento Europeo, Alfred Kammer, explica a través de correo electrónico que es “clave” que los países, en especial los que tienen menos espacio fiscal, “presenten ahora planes creíbles a medio plazo para garantizar la sostenibilidad. A pesar de que la cláusula general de escape de la UE [que mantiene suspendidas las reglas fiscales] se extiende hasta 2023, se requiere prudencia en la orientación fiscal”, afirma Kammer, quien añade: “Es posible que los países con menos espacio fiscal deban ajustar más rápido y antes, especialmente en el contexto de un aumento de los tipos de interés. Sigue siendo imperativo reconstruir los colchones fiscales para estar preparados para la próxima crisis”.

Preocupación por la inflación

La Comisión y el FMI reclaman a los gobiernos que las subvenciones sean limitadas y se focalicen en los colectivos más vulnerables. Ese es, de hecho, uno de los tres quebraderos de cabeza de la red europea de autoridades fiscales. “Estamos preocupados por que las ayudas que se han dado desde marzo de 2020 puedan convertirse en permanentes y tengan un impacto en la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Pero también en que estén bien focalizadas en empresas que lo necesiten y que realmente estén relacionadas con la covid-19″, explica Inna Oliinyk, coordinadora del IFI.

Si bien los ingresos públicos pueden crecer espoleados por la inflación, el alza de precios también puede acarrear mayores gastos. En el caso de España, Bruselas examina con lupa la reforma de las pensiones, cuya partida puede dispararse el año que viene. El Banco de España calcula que ese monto podría crecer en entre 12.600 millones y 13.500 millones de euros si en noviembre la inflación media de los últimos 12 meses se sitúa entre el 7% y el 7,5%. “España también ha lanzado una de sus mayores ofertas públicas de empleo, con hasta 45.000 puestos de trabajo, el grueso de los cuales corresponden a la Administración General del Estado”, recuerda Xavier Vives. “La indexación [de pensiones y salarios] en general impone algunos riesgos en la sostenibilidad y resalta que, si no es temporal, la inflación puede tener un impacto político en la política fiscal”, añade Oliinyk. Esos temores han llevado a Bruselas a pedir la máxima prudencia a los países más endeudados, entre ellos España. En plata, a dar por acabado el Gran Estímulo.

Rock and roll is dead no arrasó precisamente en las listas de éxitos de Estados Unidos. Pero Kravitz puede presumir de que Prince le respondió casi de inmediato con una cara B: Rock and roll is alive. Y eso todavía se proclama desde algunos sectores de Bruselas o Fráncfort, que creen que no dejan a ningún país a la intemperie. Los países deberán ir dibujando una senda de ajustes. Sin embargo, al menos por ahora, podrán evitar la austeridad y proteger la inversión gracias al bombeo de recursos del fondo de recuperación europeo. Una herramienta que las instituciones internacionales aspiran a que adquiera una cierta permanencia para sufragar la transición verde, la inversión en defensa o la reconstrucción de Ucrania. El BCE, por su parte, recuerda que tiene un amplio balance con el que seguir reinvirtiendo. Y en caso de que vengan mal dadas para el sur, no descarta echar mano de alguna innovación para intervenir.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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