El Gobierno aprueba hoy un techo de gasto récord para los Presupuestos de 2023

El Consejo de Ministros dará este martes luz verde a un techo de gasto récord, pistoletazo de salida para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, los últimos de la legislatura. La cifra, según confirman fuentes gubernamentales, rebasará los 196.142 millones de euros calculados para el ejercicio en curso, que hasta el momento suponían un máximo histórico. La nueva marca se concretará, un año más, gracias al empujón contable de los fondos europeos y pese a la desaceleración de la economía mundial, ahogada por el encarecimiento de las materias primas, pendiente de la guerra en Ucrania y aún convaleciente por la pandemia.

El techo de gasto, técnicamente conocido como límite de gasto no financiero, es un freno autoimpuesto a los desembolsos de las Administraciones Públicas y supone un trámite sine qua non para el diseño de los Presupuestos. Se calcula a partir de la estimación de los ingresos para el ejercicio ―incluyendo el déficit previsto― para evitar que el gasto se dispare y ponga así en riesgo el equilibrio de las cuentas. Es, en otras palabras, el máximo de recursos que se puede asignar, en este caso a los ministerios, para atender a sus necesidades y a la vez cumplir con los objetivos presupuestarios.

El Gobierno debe aprobarlo junto con los objetivos de déficit y deuda e informar antes del 1 de agosto de cada ejercicio al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el cónclave entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas para tratar los temas de finanzas públicas. Esta reunión, según confirman fuentes de Hacienda, está prevista para este miércoles 27 de julio, cumpliendo así con los plazos previstos por la ley.

En los Presupuestos de 2021, el techo de gasto experimentó un incremento sin precedente: aumentó en más de un 50%, hasta los 196.097 millones, gracias a los fondos que la Unión Europea ha liberado para hacer frente a la pandemia y a cambio de los cuales exige el cumplimiento de reformas. España tiene derecho a 140.000 millones, unos 75.000 de ellos son subvenciones. Para 2021, el Gobierno presupuestó unos 25.000 millones, una cifra parecida a la de este año, que volvió a empujar al alza la barrera de gasto ―aunque el incremento fue mínimo, del 0,02%―.

En 2023, el Gobierno volverá a incorporar el maná de los fondos europeos, pero la factura vinculada a la covid ―como las ayudas a pymes o los ERTE― se irá reduciendo. Los precios desbocados y la guerra en Ucrania implicarán nuevos gastos para mitigar el impacto de la crisis. Además, el Gobierno deberá revalorizar las pensiones con la inflación media del año anterior ―unos 14.000 millones más, según el Banco de España―, que aunque no compute en el techo de gasto implicará un aumento en la transferencia del Estado a la Seguridad Social. Otro gasto que no se incluye en este cómputo, pero que meterá presión a las cuentas, es la subida de los tipos de interés. El Gobierno también negocia con los sindicatos un alza del sueldo de los funcionarios del entorno del 3%.

El frenazo económico, además, ya es palpable. La orden de elaboración de los Presupuestos para 2023, publicada en junio, reconoce que la guerra en Ucrania “ha impactado de lleno en las perspectivas económicas de la Unión Europea en términos de menor crecimiento económico y mayor inflación e incertidumbre”, que los “primeros efectos” en España “se han manifestado a través del alza sin precedentes de los precios de la energía, de las materias primas y de los alimentos” y que hay que priorizar las ayudas a los sectores más vulnerables.

Todos los principales organismos ya han recortado las previsiones de crecimiento, y el mismo Gobierno revisó a la baja sus pronósticos para 2022 del 7% al 4,3%. Para 2023 calcula un avance del 3,5%, según las últimas estimaciones del Ministerio de Economía presentadas en abril. Pese a ello, el Ejecutivo confía en que los ingresos sigan viento en popa, incrementándose en unos 80.000 millones entre 2021 y 2023 sin ninguna gran subida fiscal, de acuerdo con el Programa de Estabilidad 2022-2025, que prevé un el déficit este año del 5% (del 6,8% de 2021), del 3,9% en 2023 y del 3,3% en 2024. De hecho, ha decidido aplazar la reforma fiscal completa que tiene comprometida con Bruselas por la situación de incertidumbre, una decisión que sin embargo no le impedirá aprobar medidas fiscales puntuales como los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas que ya ha anunciado.

Tramitación

A la incertidumbre económica se suma el difícil encaje de bolillos en el Parlamento. El Gobierno de coalición necesita apoyo externo para que los Presupuestos salgan adelante, pero el bloque de investidura se encuentra maltrecho, con una relación muy tensa con ERC por el caso Pegasus ―Pedro Sánchez y Pere Aragonès acaban de reunirse después de casi un año― y las elecciones autonómicas, locales y generales previstas para el año que viene meten presión a las negociaciones.

Las futuras cuentas se librarán, sin embargo, del primer y delicado examen parlamentario: la aprobación de la senda de estabilidad, que en 2018 fue tumbada y anticipó el fracaso de los Presupuestos de 2019 y la sucesiva convocatoria de elecciones anticipadas. Este año, al igual que el anterior, no habrá votación.

Bruselas congeló el Pacto de Estabilidad en 2020 por la llegada de la pandemia, y ha decidido que se quede desactivado también en 2023. Es así que el Gobierno, como recoge la orden de elaboración de los Presupuestos, solicitará al Congreso que vuelva a certificar la situación excepcional que justifica mantener la suspensión de las reglas fiscales.