Sánchez y Aragonès retoman el diálogo sin aclarar el alcance de la “desjudicialización”

La Generalitat pretende que en la mesa convocada para finales de julio se aborde la reforma del delito de sedición, que podría beneficiar a Puigdemont

Pedro Sánchez y Pere Aragonès, este viernes en La Moncloa.Foto: ANDREA COMAS (EL PAÍS) | Vídeo: EPV

Tres meses después de estar a punto de romper relaciones, Pedro Sánchez y Pere Aragonès han mantenido este viernes en La Moncloa su primera reunión en casi un año, que ha servido para encarrilar las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat tras la crisis por el caso Pegasus. El primer resultado concreto es que ambas Administraciones retoman la mesa de diálogo: se celebrará a finales de este mes en Madrid. A esa cita, de la que las dos partes prometen resultados tangibles, se llega con la duda de hasta dónde llegará lo que han llamado “desjudicialización” del “conflicto político”.

El Govern pretende que en la mesa se busque una fórmula para mejorar la situación procesal de decenas de líderes y excargos independentistas con causas pendientes por el procés, y reclama también que se aborde, sin más dilaciones, la revisión del delito de sedición. Fuentes de la Generalitat insisten en que hay terreno para avanzar en ese camino y, aunque Aragonès ha dejado claro que no negocia en nombre de Carles Puigdemont, ese cambio en el Código Penal podría afectar al expresident que huyó a Bélgica en 2017 para eludir a la justicia española. Las fuentes gubernamentales consultadas rechazan la posibilidad de que ese asunto se trate en la mesa de dentro de dos semanas; admiten que Pedro Sánchez es favorable a reformar el Código Penal en ese tipo de delitos para “modernizarlo”, pero creen que en este momento no hay mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante un cambio legal.

La reunión de la mesa de diálogo será la tercera desde que Sánchez y Quim Torra, el predecesor de Aragonès en el Govern, presidieron la reunión constitutiva el 26 de febrero de 2020 en La Moncloa. La siguiente se produjo el pasado 15 de septiembre en Barcelona.

La gran incógnita sigue siendo cuál será el alcance de los acuerdos a los que se llegue en esa nueva reunión de la mesa de diálogo, en la que no estarán los presidentes. El mensaje político que destacan fuentes del Ejecutivo es que el encuentro de este viernes es la constatación de que se ha retomado la “normalidad absoluta” en las relaciones. La prueba sería que ERC facilitó todas las votaciones de esta semana en el Congreso, incluida su abstención en la Ley de Memoria. Según todas las partes, la reunión de este viernes fue “cordial” y “amable” tras una crisis que, según reconocen varios ministros, “hubo un momento que pareció que se llevaba al Gobierno por delante”.

La capacidad para reconducir la crisis ―aunque los republicanos sospechan que el Gobierno quiere aprovechar el verano para solventar la reunión sin la expectación mediática que tendría en otra época del año― coincide con un nuevo revés judicial al independentismo: la decisión del abogado general de la UE de dar la razón a España frente a Bélgica, abriendo la puerta a la entrega de Puigdemont, el expresident huido de la justicia española desde 2017. Esta cuestión no se ha abordado en la reunión, según ha señalado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y voces del Gobierno insisten en que no hay nada concreto en ese sentido. “El Gobierno respeta las administraciones de justicia, a la europea y a cualquiera que sea”, ha dicho la socialista. La reforma del delito de sedición tampoco ha surgido en la reunión, subrayan en el Gobierno. Aragonès ha dicho que no quiere adelantar ningún acuerdo al que pueda llegar la mesa pero se muestra confiado de que los habrá y también en la línea de la “desjudicialización”.

Dentro de ERC se cree que el Tribunal Supremo hizo una interpretación excesivamente amplia de la sedición, dando cabida a lo que consideran conceptos jurídicos indeterminados. La sentencia de condena a los líderes del procés habla, por ejemplo, de “una suerte de violencia ambiental”, dicen. Los republicanos defienden la amnistía total y abogan por la derogación de un delito que ven anacrónico, pero no piensan dejar pasar la ventana de oportunidad de modificar el tipo penal. Es ahí donde, por ejemplo, Puigdemont podría verse beneficiado: si se rebajaran mucho los años de pena, podría esquivar la prisión preventiva en el caso de regresar a España.

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El Gobierno se muestra mucho más prudente sobre la posibilidad de reformar el Código Penal para revisar el delito de sedición. Sánchez aseguró en una entrevista en La Vanguardia a finales de junio: “Nosotros siempre hemos defendido la actualización del Código Penal. Tenemos que modernizarlo y adaptar algunos preceptos a las democracias de nuestro entorno”. Pero a continuación el presidente subrayaba que, al tratarse de una ley orgánica, requería de mayoría absoluta en el Congreso (176 escaños). “Me parece que hoy no contamos con la mayoría para abordar ese cambio”, zanjaba.

La desjudicialización, pese a las reservas del Gobierno, que no la termina de precisar, está muy presente en la agenda con la Generalitat. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, pactaron la semana pasada un “acuerdo metodológico para reforzar el proceso de negociación” que se ha ratificado este viernes. En el documento, de dos páginas y titulado Acuerdo marco para el diálogo y la negociación, los dos Ejecutivos acuerdan “contribuir al fin de la judicialización del conflicto político, garantizando la seguridad jurídica”, y retomar la mesa de diálogo con al menos dos encuentros antes de final de año.

La relación con Junts

El acercamiento y alejamiento sucesivo del Gobierno y ERC ha sido permanente en estos meses y ha generado más de un susto en votaciones importantes como la de la reforma laboral, que los republicanos rechazaron y salió adelante por la equivocación de un diputado del PP. La crisis más grave se produjo en abril, tras conocerse el informe del organismo canadiense Citizen Lab sobre el espionaje a 65 personas del ámbito independentista con el programa israelí Pegasus. A raíz de este escándalo, los servicios secretos del CNI ―que habían sido señalados y negaron toda relación con ese caso― explicaron que en 2019 sí habían intervenido los móviles de 17 dirigentes independentistas, incluido el del propio Aragonès, pero que lo habían hecho con autorización judicial, durante la investigación por los fuertes disturbios posteriores a la sentencia del procés. La reunión entre Sánchez y Aragonès precisamente estaba propuesta para abril, pero se canceló a raíz de estos hechos.

Sánchez ha incidido en la reunión con Aragonès en que Junts, que rechaza la mesa, acuda a la reunión de finales de mes, ya que forma parte de la coalición que gobierna en Cataluña. “Nos gustaría que la mesa fuera en el mes de julio, y desde luego nos gustaría contar con la presencia de Junts per Catalunya”, ya expresó Sánchez hace dos semanas en una entrevista en EL PAÍS. “Para que el diálogo sea positivo todos tenemos que estar representados en la mesa, que ambos gobiernos estén representados en su conjunto”, ha aseverado Rodríguez. Aragonès, sin embargo, insiste en que las delegaciones tienen que ser a nivel de miembros del Ejecutivo y no de partidos. “Esto no es un conflicto de partidos. Son los Gobiernos los que tienen esta legitimidad para llegar a acuerdos”, ha remachado el líder republicano, cerrando así la puerta, una vez más, a que asistan los líderes de Junts, como Jordi Turull.

El Gobierno también ha solicitado que, al igual que se retoma la mesa con la Generalitat, se celebre una mesa entre los partidos catalanes, como demanda el PSC sin que Aragonès atienda a sus demandas. Preguntado sobre si esta reunión ya implicaba la vuelta a la normalidad de las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat, Aragonès ha asegurado que “la normalizacion se produce si hay acuerdos concretos”.

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