El Gobierno sube el techo de gasto un 3,2% hasta los 195.000 millones para 2025

El Gobierno ha anunciado este martes una subida del techo de gasto para las cuentas de 2025. Este aumenta un 3,2% hasta un récord de 195.353 millones, un incremento de 6.138 millones de euros, sin fondos europeos. Incluyendo estos recursos comunitarios del Plan de Recuperación, el límite al gasto se queda en realidad igual, porque, según ha justificado la ministra de Hacienda, se están reduciendo las transferencias de fondos europeos, al tiempo que suben los créditos, que están computados en el capítulo financiero y no en el de gasto. El techo de gasto fija cuánto pueden subir los desembolsos del Estado, se calcula a partir del crecimiento previsto de los ingresos y supone el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos. Se dejan fuera los presupuestos de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas y entidades locales, pero sí que se incluyen las transferencias de impuestos que Hacienda entrega para completar la financiación de las pensiones y del paro. Aunque supone una pista importante de cuál va a ser la evolución del gasto, en esta cifra quedan fuera porciones muy importantes y el Gobierno siempre puede dejar luego partidas sin ejecutar.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que este aumento del gasto es compatible con la responsabilidad fiscal, con seguir mejorando a la vez el Estado del Bienestar y con el cumplimiento del nuevo marco fiscal europeo. La principal novedad para estas cuentas es que en 2025 entrarán en vigor las nuevas reglas fiscales europeas y, por lo tanto, tendrán que ceñirse a ellas. Estas impondrán una senda en la que cada año el gasto anual tendrá un porcentaje máximo de subida. Este nuevo límite al crecimiento de los desembolsos no se aplicará a los intereses, los fondos cofinanciados por Europa y, además, se le restarán las subidas de impuestos. Es decir, si el Gobierno decide aumentar los ingresos, podrá contar con más margen para el presupuesto. Por eso, este concepto en Bruselas se llama gasto primario neto y se calcula con el objetivo de dejar la deuda pública en una trayectoria descendente con una elevada probabilidad hasta 10 años después de haber concluido el ajuste.

La titular de Hacienda ha anunciado también cuál será esta senda de incrementos del gasto primario neto: un 3,2% en 2025; un 3,3% en 2026, y un 3,4% en 2027. Estos límites serán bastante exigentes en la medida en que hay partidas importantes cuyas actualizaciones están ya comprometidas, como las pensiones, que suponen más de un tercio de todo el gasto público y podrían subir el año que viene en torno al 5%, comiéndose parte del margen disponible. Así que de estos números se deduce que para el año que viene habrá que retirar las ayudas a la inflación que quedan y hacer permanentes los impuestos extraordinarios a la banca, las energéticas y las grandes fortunas. Según las previsiones del Ejecutivo, los ingresos totales de las Administraciones subirán este año algo más de un 5% y la recaudación tributaria, un 6,5%.

El plan fiscal que tendrá que presentar España con estos compromisos de subidas máximas del gasto se elaborará a cuatro años y se presentará en septiembre, aunque el ajuste requerido se podrá hacer a siete años a cambio de las reformas del Plan de Recuperación. La idea es que los ingresos suelen avanzar al mismo ritmo que crece el PIB con la inflación. Si el gasto público crece menos que esto, entonces se estará produciendo una corrección de las cuentas.

Salvo en los años duros de la crisis financiera, entre 2010 y 2014, el ajuste presupuestario siempre se ha llevado a cabo de esta forma, haciendo que el peso de ciertas partidas en la tarta pierda peso en relación con el PIB, pese a que en euros sigan creciendo. La ministra de Hacienda ha explicado que ya se ha conseguido reducir el déficit en 60.000 millones desde 2020, al tiempo que subía el presupuesto destinado a las pensiones, las becas o la investigación. Y que la nueva senda de gasto primario neto permitirá seguir haciendo las mismas políticas. De hecho, la ministra ha explicado que la transferencia de impuestos a pensiones subirá el año que viene un 7% hasta superar los 22.000 millones de euros.

En cuanto a la senda de déficit, el conjunto de las Administraciones Públicas tendrá que reducir el agujero presupuestario el año que viene hasta el 2,5% del PIB, frente al 3,6% que se registró el año pasado y el 3% que se prevé alcanzar este año. Para 2026, el desfase de las cuentas públicas deberá bajar al 2,1% del PIB. Y al 1,8% en 2027.

Estas restricciones presupuestarias se tendrán que conjugar con un parlamento fragmentado a la hora de aprobar los presupuestos. Los socios de investidura pedirán a cambio de su respaldo demandas que probablemente hagan más difícil cumplir con las exigencias europeas de disciplina presupuestaria. Y estas restricciones también tendrán que casarse con una reforma de la financiación autonómica en la que habrá que atender las singularidades definidas por Cataluña y en la que todas las comunidades querrán más recursos.

Más recursos para comunidades y ayuntamientos

El Gobierno entregará este año más que nunca a las comunidades: un 9,5% más hasta los 147.412 millones. Además, los gobiernos regionales dispondrán de unos 11.000 millones más de la liquidación de hace dos años. Y contarán todavía con más margen al tener que dejar el déficit en un 0,1% del PIB durante los próximos tres años, entre 2025 y 2027, en lugar de alcanzar el equilibrio presupuestario, dejándolo en el 0% como se preveía antes. Es decir, tendrán dos décimas más de PIB para gastar. Las entidades locales contarán con un 13% más de transferencias y bastará con que alcancen el equilibrio presupuestario en vez tener que arrojar un superávit del 0,2% del PIB, como se les exigía hasta ahora.

El Gobierno ha presentado además su cuadro macroeconómico. Ha subido la previsión de crecimiento para este año en cuatro décimas, del 2% al 2,4%. Y la del año que viene en tres, desde el 1,9% hasta el 2,2%. En los años 2026 y 2027 el crecimiento se situará en el 2% gracias a una mejora del crecimiento potencial. Al final de la legislatura, la deuda habrá bajado del 100% del PIB, retornando a los niveles prepandemia, y el empleo superará los 22 millones de ocupados medidos a tiempo completo, creando más de un millón de puestos de trabajo.

Este crecimiento se basará en importantes mejoras de la productividad, en el aumento de la población activa y en la reducción del desempleo hasta cotas del 8%, que el Gobierno considera pleno empleo. El sector exterior seguirá generando superávits del 2% del PIB y la inversión será uno de los motores, apoyada en los fondos europeos, que tendrán su máximo impacto en 2024 y 2025.

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