Regeneración y presupuestos, la agenda de Sánchez para un cierre de curso pendiente del acuerdo en Cataluña

Pedro Sánchez quiere cerrar el curso lanzando un mensaje de estabilidad tras un arranque de legislatura maniatado por la ley de amnistía y como contrapunto a la escabechina entre el PP y Vox tras la ruptura de sus gobiernos de coalición en cinco autonomías. Todos los caminos de la gobernabilidad española siguen conduciendo a Cataluña pero, a la espera de que Salvador Illa resuelva el rompecabezas de la Generalitat o los catalanes vayan de nuevo a elecciones en octubre, el presidente del Gobierno pretende marcar la agenda política antes del parón de agosto con dos fogonazos: su anunciado paquete de regeneración democrática y la aprobación del techo de gasto, el cimiento para poder negociar los Presupuestos de 2025.

Aunque jurídicamente sería posible prorrogar las cuentas por segundo año consecutivo —Sánchez lo hizo con los Presupuestos de 2024, por el adelanto de las elecciones catalanas—, el Gobierno no se lo puede permitir políticamente. Por eso, la intención es llevar al Consejo de Ministros de mañana martes la aprobación del techo de gasto y la senda de déficit; es decir, la fijación del gasto máximo y del nivel de endeudamiento autorizado a las administraciones para el año próximo. La Moncloa no daría ese paso sin la garantía de que contará con los votos necesarios para sacarlo adelante, y todo apunta que será así, según transmiten fuentes conocedoras de las negociaciones con los grupos parlamentarios.

Los partidos independentistas confían en que será una senda de déficit favorable a las comunidades, que ya se enseñarán los cuchillos este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, ya no será un obstáculo, pues ha perdido su capacidad de veto al techo de gasto tras la artimaña de una enmienda que los socios de Gobierno incorporaron hace tres semanas en la tramitación de la ley de paridad.

La intención del Ejecutivo es que el Congreso refrende la hoja de ruta económica el 23 de julio, en el último superpleno de la temporada. Ese día el Parlamento elegirá también a los diez vocales que le corresponden en el Consejo General del Poder Judicial —el proceso de renovación del órgano de los jueces se culminará al día siguiente en el Senado, que elegirá a la otra mitad—, pero el plato fuerte de la sesión será la propuesta de modificación de la Ley de Extranjería para que la acogida de menores migrantes entre todas las comunidades sea obligatoria cuando se supere el 150% de la capacidad de una autonomía, como ocurre en Canarias. Descartado en principio el apoyo de Junts, depende del PP que la reforma legislativa acordada previamente entre el Gobierno central (PSOE y Sumar )y el del archipiélago (CC y PP) prospere o sea un fracaso.

La traca final de la temporada política será, por tanto, la semana que viene. Pero antes, este miércoles, Sánchez deberá concretar y desarrollar en una comparecencia en el Congreso el plan de regeneración democrática que anunció a finales de abril tras tomarse cinco días de reflexión para decidir si dimitía por la “gravedad de los ataques” a su esposa, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El presidente ya adelantó hace días que entre sus objetivos está cambiar la ley de publicidad institucional para limitar el porcentaje de financiación pública que reciben los medios de comunicación. Sería una manera de combatir la desinformación de “pseudomedios” que “no tienen lectores” y “solo tienen recursos públicos”, según Sánchez.

La ley de publicidad institucional tiene 20 años y el líder del PSOE está resuelto a reformarla. Acusa a comunidades autónomas del PP de inyectar dinero en determinados portales de internet que, en su opinión, solo difunden bulos contra la izquierda. La línea, en cualquier caso, la marca el Parlamento Europeo, que aprobó en marzo una nueva ley de libertad de los medios de comunicación mucho más exigente sobre la transparencia en la financiación. Esa norma establece que los medios tendrán que informar sobre los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad o en forma de subvenciones, y que esos fondos deberán asignarse con criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios.

El Gobierno también se propone endurecer la ley del derecho al honor y la de rectificación. El objetivo de todo el plan, dijo Sánchez, es “acabar con la impunidad de algunos tabloides digitales” y “poner pie en pared ante la máquina del fango”. El PSOE y Sumar han estado negociando los contenidos para que sea una estrategia compartida, aunque los socialistas descartan introducir medidas relacionadas con la justicia. El socio minoritario de la coalición pone el foco en la reforma del acceso a la carrera judicial y en la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ley mordaza.

El regreso de Sánchez a la arena política nacional después de su paso por la cumbre de la OTAN en Washington coincide con una semana señalada en el proceso judicial a su esposa. Gómez está citada a declarar el viernes ante Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que el 5 de julio suspendió el primer interrogatorio, antes de empezar, porque la imputada alegó que no sabía exactamente de qué se le acusaba. Dos informes de la Guardia Civil descartan irregularidades en la actividad profesional de la esposa del presidente, pero Peinado sigue investigando la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, que recibió adjudicaciones públicas y a quien la esposa del presidente, junto a otros profesionales e instituciones, había firmado una carta de recomendación. Este lunes Barrabés está llamado a declarar como testigo. Y también hoy la ejecutiva federal del PSOE se reunirá por primera vez en un mes.

Los socialistas han pasado del vértigo de finales de abril, por el vacío de poder que habría supuesto la dimisión repentina de Sánchez como presidente, a conmemorar el décimo aniversario de su elección como secretario general en primarias. Un hiperliderazgo que el líder socialista volverá a ejercer en una reunión, la de la ejecutiva federal, en la que también se analizará el éxito electoral de la izquierda en Francia —donde el Nuevo Frente Popular fue clave en la derrota de la ultraderecha de Marine Le Pen—, la vuelta de los laboristas británicos a Downing Street tras 14 años de travesía por el desierto y la fractura entre la derecha y la extrema derecha en España. Fuentes de La Moncloa y de Ferraz reivindican la estabilidad del Gobierno pese a estar en minoría parlamentaria, y la contraponen a la debilidad que auguran a los cinco Ejecutivos autonómicos en los que el PP tendrá que gobernar en solitario tras la ruptura con Vox.

Pero el PSOE tampoco escapa a la incertidumbre, con un ojo puesto las 24 horas en Cataluña, donde hay avances en las negociaciones con ERC y se han calmado las aguas políticas tras el archivo del caso Tsunami Democràtic. La consecuencia inmediata de esa decisión judicial ha sido que Marta Rovira, la secretaria general de ERC, regresara el pasado viernes a España tras seis años huida de la justicia en Suiza. Un gesto que en apariencia debería facilitar la investidura de Illa en un camino repleto de obstáculos. El mismo sábado Rovira pidió una reunión con Sánchez para abordar la financiación singular de Cataluña, donde hay mucho más en juego que la presidencia de la Generalitat. Mientras no se aclare la legislatura tampoco lo hará el calendario orgánico del PSOE. Y mientras no se celebre el Congreso Federal, que a más tardar sería en octubre de 2025, los socialistas no acometerán la renovación o consolidación de sus dirigentes en las comunidades, con la mirada puesta en el ciclo electoral de 2027.