El juez archiva el ‘caso Tsunami’ tras la decisión de la Audiencia Nacional de invalidar todo lo investigado desde julio de 2021

Tras meses marcando la agenda judicial y política, el caso Tsunami Democràtic ha muerto prácticamente este lunes en solo unas horas. El magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha acordado esta noche archivar la investigación abierta contra las 10 personas que mantenía imputadas en el marco de dicha causa —incluida Marta Rovira, secretaria general de ERC, que se encuentra fugada en Suiza desde 2018—, después de que la Sala de lo Penal de dicho tribunal haya anulado por la tarde todo lo investigado desde el 29 de julio de 2021 debido a un error procesal. La decisión de García-Castellón no afecta al expresidente catalán Carles Puigdemont, que permanece imputado por la misma causa en el Tribunal Supremo (al ser aforado), pero acerca la posibilidad de que el alto tribunal adopte una resolución similar sobre él, ya que el sumario de la Audiencia Nacional es el origen de todo.

Según informan fuentes jurídicas, García-Castellón se encontraba este lunes de vacaciones, pero ha decidido suspenderlas para emitir esta resolución de enorme trascendencia. El Juzgado Central de Instrucción 6, que él encabeza, había recibido esta tarde la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha concluido que el magistrado prorrogó la investigación fuera de plazo en julio de 2021 y, por tanto, no vale ninguna de las averiguaciones recabadas desde ese momento. El tribunal le ordenaba, de seguido, que revaluase la causa y, en base a lo que tenía antes del verano de hace tres años, acordase si tenía indicios suficientes para procesar a alguien. O, en su caso, debía archivar el procedimiento contra los sospechosos.

Y García-Castellón ha optado por la segunda opción. En su resolución, el magistrado instructor expone que, aunque en su opinión existen indicios “inequívocos” para atribuir a los 10 imputados delitos de terrorismo, el pronunciamiento de la Sala de este lunes le impide contar con elementos suficientes para seguir la causa contra ellos. Además, el juez añade que a las personas investigadas no se les ha tomado declaración en fechas anteriores al límite temporal de julio de 2021 que ha fijado la Sala de lo Penal, “por lo que procede” también el archivo. A su vez, reenvía su decisión al Supremo para que adopte la decisión que considere oportuna tras este dictamen, ya que el alto tribunal asumió la parte del caso Tsunami relativa a Puigdemont y Ruben Wagensberg (ERC), ambos diputados electos del Parlament y aforados, después de que se lo pidiera García-Castellón en noviembre de 2023, apoyándose especialmente en varios informes de la Guardia Civil elaborados ese mismo año (es decir, emitidos en el periodo de tiempo ahora invalidado).

El presidente de Cataluña en funciones, Pere Aragonès, ha celebrado el movimiento de García-Castellón: “El archivo de la causa dictado por el juez debe suponer el punto y final del sufrimiento y angustia infligida a tanta gente. ¡Una alegría inmensa para todos los compañeros que recuperan sus derechos!”, ha tuiteado a las 22.10.

Esta tarde, antes de que García-Castellón se pronunciase, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluyó que se cometió un error durante la tramitación del procedimiento, abierto por delitos de terrorismo para investigar las protestas y disturbios registrados en Cataluña tras la sentencia del procés en octubre de 2019. En concreto, a través de un auto fechado este lunes, el tribunal consideró que, hace tres años, el magistrado prorrogó la causa el 30 de julio de 2021, cuando el plazo para hacerlo había finalizado un día antes. “Aunque ambos hechos sean cercanos, la expiración y su prórroga —están separados por menos de 24 horas—, es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo”, argumentaron los tres magistrados que firman esta resolución (Alfonso Guevara, Carlos Fraile y Ana María Rubio).

Con esta resolución de la Sala, el caso Tsunami quedaba mermado de manera brutal. Esta afectaba a un sumario que ha marcado la actualidad política durante los últimos meses; además de influir mucho en las negociaciones para la aprobación de la amnistía. El Gobierno y sus socios de investidura tuvieron muy en cuenta esta causa a la hora de elaborar la nueva ley, con el objetivo de poder incluir a los 12 imputados entre los beneficiarios de la norma. Aunque, de momento, los tribunales no se habían pronunciado sobre si se les aplica a ellos.

La causa se encuentra dividida en dos. El Supremo asumió la parte referida a Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, por ser aforados. Mientras, el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional mantenía imputadas a otras 10 personas: Marta Rovira, secretaria general de ERC; Josep Lluís Alay, amigo del expresident y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica), adonde el exjefe del Ejecutivo autonómico huyó en 2017; los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó; Xavier Vendrell, exdirigente de ERC; Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC; el periodista Jesús Rodríguez; Oleguer Serra, vocal de la junta directiva de Òmnium; Jaume Cabani, considerado el tesorero de Tsunami; y el banquero italiano Nicola Flavio Giulio Foglia.

A la espera del Supremo

Con las resoluciones dictadas este lunes por la Sala de lo Penal y el juez García-Castellón (esta segunda aún puede recurrirse), el caso Tsunami entra en un nuevo escenario. También en el Supremo. El alto tribunal deberá ahora evaluar el estado de la causa contra Puigdemont y Wagensberg, que se apoya en una petición de investigación de la Audiencia Nacional invalidada desde este lunes. En esta línea, distintas fuentes de la Fiscalía subrayan que la causa contra Puigdemont debería decaer. De hecho, más allá de este error procesal, el ministerio público ya defendía que no existen indicios para mantener imputado al expresidente en este procedimiento, además de descartar que los disturbios perpetrados durante las movilizaciones de Tsunami puedan calificarse como terrorismo.

El caso Tsunami no se dirigió formalmente contra la mayoría de imputados, incluido Puigdemont y Rovira, hasta el 6 de noviembre de 2023, cuando el juez García-Castellón dictó un auto para citarlos a todos ellos como investigados. En el caso del expresidente catalán, al encontrarse aforado entonces por ser eurodiputado, le ofreció declarar voluntariamente, aunque a los pocos días elevó una petición al Supremo para que este asumiera la causa y lo imputara directamente —como finalmente ocurrió—. Según consta en esa exposición razonada remitida al alto tribunal, se lo puso bajo sospecha principalmente por una serie de mensajes y datos hallados en el teléfono de Alay, a los que se refiera la Guardia Civil en varios informes emitidos en 2023 —es decir, en el periodo ahora invalidado por la Sala—.

Para insistir en la tesis de que toda la causa contra Puigdemont debe anularse al haberse impulsado en el plazo que no puede tenerse en cuenta, su abogado Gonzalo Boye ha tuiteado este lunes una resolución del juzgado que afirma que no “se comenzó a investigar” a Puigdemont hasta el 6 de noviembre de 2023.

Rovira baraja volver a España

Tras conocerse la primera resolución de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional de este lunes, ya se habían sucedido las reacciones dentro del independentismo. Jordi Turull, secretario general de Junts, partido liderado por Puigdemont, dijo: “Es el colofón del delirio y la insolvencia de este juez y de esa causa de persecución contra el independentismo por parte de La Toga Nostra”. La imputada Marta Molina añadió: “Inicio del primer asalto, ¡ganado! ¡Seguimos, porque ganaremos, y lo ganaremos todo!”.

Esquerra difundió un comunicado que denunciaba que el error en la prórroga era “solo una de las irregularidades cometidas por García-Castellón en este caso, en el cual siempre ha mostrado una clara intencionalidad política”; y abría la puerta a la vuelta de Marta Rovira a España, ya que actualmente no lo quedan más causas pendientes que puedan acarrear penas de cárcel.