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El juez cita como imputados a Puigdemont y Rovira por Tsunami Democràtic en plena negociación de la amnistía

García-Castellón toma la decisión tras recibir un informe de la Guardia Civil sobre terrorismo y pide investigar, cuatro años después, la “vinculación” del bloqueo de El Prat con la muerte de un viajero por infarto. La Fiscalía prevé recurrir el auto

El 'expresident' Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en un vídeo difundido por la ANC para la Diada de 2019.
El 'expresident' Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en un vídeo difundido por la ANC para la Diada de 2019.ANC

Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, ha acordado este lunes citar como imputados al expresident catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la investigación sobre Tsunami Democràtic. El juez ha tomado esta decisión tras recibir la pasada semana un amplio informe de la Guardia Civil que salpica al antiguo jefe del Govern, fugado en Bélgica desde 2017; y a la dirigente republicana, huida en Suiza desde 2018, a quien el instituto armado señala como una de las coordinadoras del grupo que supuestamente instigó las protestas que tuvieron lugar en Cataluña tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés en octubre de 2019. Esta resolución se conoce en plenas negociaciones del PSOE con Esquerra y Junts para aprobar una ley de amnistía al procés a cambio de su apoyo para la investidura de Pedro Sánchez. La Fiscalía prevé recurrir el auto de García-Castellón.

Con esta iniciativa, el magistrado amplía el radio de acción de la causa sobre Tsunami Democràtic, en la que se investigan delitos de terrorismo. Tras cuatro años de pesquisas (la mayor parte, en secreto), el instructor de la Audiencia Nacional ha dictado este lunes un auto de 34 páginas que sitúa ya el foco en Puigdemont de forma clara. Según consta en su escrito, García-Castellón ofrece al expresidente “comparecer voluntariamente” en el juzgado como imputado, antes de cursar el correspondiente suplicatorio al Parlamento Europeo, del que forma parte. “Resulta necesaria la citación de Puigdemont para ser oído sobre los hechos. Su citación, en este momento, no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado, ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio”, subraya el juez en su auto, que pide a la Guardia Civil que investigue la posible vinculación del movimiento con la muerte por infarto de un viajero durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona), una de las acciones bajo sospecha.

García-Castellón imputa a otra decena de personas: entre ellas, a Josep Lluís Alay, amigo de Carles Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica); a Xavier Vendrell, exconsejero de la Generalitat y exdirigente de ERC; a los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó; y a Marta Molina, que ocupó cargos dentro de Esquerra. Esta lista la completan Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani Massip, Oleguer Serra y Nicola Flavio. Y a ellos se une Rubén Wagensberg (ERC), miembro de la Mesa del Parlament y a quien, al encontrarse aforado, el juez ofrece que declare como imputado voluntariamente, al igual que plantea al expresident.

El informe de la Guardia Civil enviado la pasada semana al juez, de 202 páginas, exponía al magistrado sus conclusiones sobre Tsunami y sobre los presuntos participantes en las “labores de organización” del movimiento. Lo investigadores afirmaban que esta plataforma “no surgió de forma espontánea”, sino que respondía a una “estrategia minuciosamente planificada para protestar contra la sentencia del juicio del procés”. Era una herramienta de “desestabilización y de presión política”, que pretendía “movilizar a miles” de personas para “comprometer la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España”. Entre sus acciones se incluyó el bloqueo del aeropuerto de Barcelona el 14 de octubre de 2019 —con un coste que, según el sumario, oscila entre los 1,79 y 2,19 millones de euros—; y el corte de la autopista AP-7 a la altura de La Jonquera.

Detrás de todas estas acciones, según los investigadores, se encontraban miembros de las cúpulas de los dos principales partidos secesionistas catalanes. “Los ideólogos y las personas que pusieron en marcha el proyecto cuentan con una trayectoria activista y de movilización social”, exponía la Guardia Civil en su informe, donde apuntaba a Marta Rovira como la máxima exponente. Sin embargo, García-Castellón da un paso más y señala a Puigdemont, al que atribuye un presunto papel de “liderazgo”. Según el juez, la documentación intervenida a Alay sitúa al expresident en unas reuniones celebradas en Ginebra (Suiza) a finales de agosto de 2019, “donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami”. A esos encuentros habría asistido Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, a quien el instructor cita a declarar en la Audiencia como testigo.

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El juez incide en este punto: “La vinculación entre Tsunami y las reuniones de Ginebra parece evidenciarse con mayor claridad cuando se observa que, de forma simultánea a la aparición pública de Tsunami y en el marco de una estrategia comunicativa planificada, se emprende una campaña mediática apoyada por diversos sectores del independentismo. Parece que con ello se esta dando cumplimiento al mandato de dar a conocer públicamente la entidad y ‘hacer llegar a la ciudadanía el concepto de Tsunami Democràtic”. En esta línea, el magistrado cita también como testigo a Marta Vilalta, portavoz de ERC cuando se produjeron los encuentros de Ginebra, al haber “reconocido” entonces en público que, durante dichas reuniones, “no concretaron una estrategia común, pero sí que consiguieron ponerse de acuerdo en el apoyo a Tsunami”. Y, según el instructor, “admitió” que “los partidos tenían conocimiento de esta plataforma antes de que se pusiera en marcha”.

Mensajes de teléfono

El magistrado menciona otros indicios contra el exjefe de la Generalitat. Entre ellos, un mensaje de móvil, enviado por uno de los imputados (Jesús Rodríguez) a Alay, que dice: “El lunes 26 de agosto se darán a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde Òmnium [Cultural, una asociación independentista], informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia”.

El sumario recoge otra presunta conversación entre el empresario Campmajó y Puigdemont, que “hace alusión directa a Tsunami como herramienta para la consecución de la independencia”. Campmajó escribe: “Ayer estuve nuevamente en primera línea. Tanto en BCN como en GRN [sic]. Mi gente, bien distribuida [...] O tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas”. Y Puigdemont responde: “Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas”. A lo que señala Campmajó: “President… Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado…”. Y contesta de nuevo el líder de Junts: “Cierto. Y eso no es bueno”.

Miles de personas se agolpan ante el aeropuerto de Barcelona tras una convocatoria de Tsunami Democràtic, en 2019.
Miles de personas se agolpan ante el aeropuerto de Barcelona tras una convocatoria de Tsunami Democràtic, en 2019.Quique García (EFE)

Cuatro años de investigación

García-Castellón abrió la investigación sobre Tsunami en 2019. El objetivo era determinar quién estaba detrás del movimiento; así como averiguar cuáles eran sus fuentes de financiación. Además, en 2021, se incorporó a esa causa una parte de las pesquisas bautizadas como caso Voloh, que versan sobre el supuesto desvío de fondos públicos a la promoción del procés. La Audiencia Nacional asumió la competencia ante la posible existencia de delitos de terrorismo en las actividades del movimiento, ya que los investigadores presumían que la plataforma pretendía subvertir el orden constitucional y contribuir a la independencia efectiva de Cataluña después del fallido referéndum del 1 de octubre de 2017 y del encarcelamiento de varios de sus líderes.

“En el interior del aeropuerto del Prat se estaban provocando altercados y disturbios que ocasionaron una alteración grave de la paz pública”, rememora García-Castellón en el auto de imputación: “Se produjeron importantes desórdenes y desperfectos públicos y se afectó directamente a la libertad deambulatoria de numerosos ciudadanos que pretendían hacer uso de las instalaciones. Asimismo, durante el tiempo en que se prolongó, se puso en riesgo la integridad física de numerosos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los propios manifestantes, de los viajeros y los trabajadores de la instalación, además de la propia seguridad aérea”.

El magistrado apostilla que, “en el marco de esta acción, se produjo el fallecimiento de una persona” (un francés que murió de un infarto): “La investigación deberá determinar la relación entre el fallecimiento de la persona referida y la acción expuesta, debiendo concretarse si esta muerte recogida en los medios de comunicación resulta objetivamente imputable a los responsables de la organización”. García-Castellón añade que un agente de la Policía Nacional resultó herido durante la huelga general convocada el 18 de octubre de 2019, otra acción de protesta por la sentencia del procés.

Sin embargo, tras varios años de pesquisas, fuentes de la Fiscalía admiten que existen dudas sobre si se puede atribuir este tipo de delitos a los implicados. De hecho, de descartarse el terrorismo y considerarse los hechos simplemente como desórdenes públicos, la investigación podría acabar enviándose a los juzgados catalanes. Según fuentes del ministerio público, el propio juez pidió a la Fiscalía el pasado viernes que se pronunciara sobre qué personas debían ser imputadas, pero la acusación pública no le ha enviado todavía su informe al respecto. Por su parte, el partido ultraderechista Vox y la asociación Dignidad y Justicia, personadas como acusaciones populares, defienden que la causa debe quedarse en la Audiencia Nacional.

En su escrito de este lunes, el magistrado destaca que la irrupción de Tsunami no fue una iniciativa aislada, sino que formó parte de una “serie de acciones planificadas para la desestabilización”. Es más, García-Castellón aprovecha para situar la diana en los Comités de Defensa de la República (CDR), y recuerda que una docena de sus miembros —procesados por delitos de terrorismo y fabricación de explosivos— crearon presuntamente una “célula radical”, llamada Equipo de Respuesta Táctica (ERT), para “conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión”.

Tras conocerse su invitación a declarar como imputado, Puigdemont se ha mostrado en Twitter muy crítico con la resolución judicial: “Es el golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir, sea con sables o con togas. Mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá hedor de alcantarilla”.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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