La Guardia Civil concluye que Marta Rovira, número dos de ERC, fue una de las cabecillas de Tsunami Democràtic

La Guardia Civil ha entregado en la Audiencia Nacional su informe final sobre las actividades de Tsunami Democràtic, el grupo que supuestamente instigó las protestas, algunos de ellas violentas, que tuvieron lugar en Cataluña tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés en octubre de 2019. El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala a nueve personas como presuntos participantes en “labores de organización” del movimiento, entre ellos a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida a Suiza en 2018. También, cita al empresario Oriol Soler; al exconsejero de la Generalitat y exdirigente de los republicanos Xavier Vendrell y al actual diputado catalán de este partido Rubén Wagensberg, que ocupa un puesto en la Mesa del Parlament. La Guardia Civil mantiene en este nuevo informe las acusaciones que ya incluyó en un documento preliminar del pasado abril.

El documento policial se ha incorporado a la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón este jueves, el mismo día que PSOE y ERC formalizaban su acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, que incluía una ley de amnistía que afectará, entre otras causas aún en curso, la referida precisamente a Tsunami. El de abril salió a la luz también en un momento político clave: poco después de que se aplicara la reforma penal pactada entre los republicanos y el Gobierno que rebajó las condenas de los líderes del procés al derogar el delito de sedición.

El nuevo documento de la Guardia Civil, de 202 páginas de extensión, recalca que Tsunami “no surgió de forma espontánea, sino que fue el resultado de una estrategia minuciosamente planificada” cuyo objetivo era “la ejecución de acciones de gran envergadura que movilizaran a miles de personas y que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España”. Aunque el instituto armado destaca que, fruto de estas movilizaciones, “se produjo una alteración grave del orden y de la paz pública en la que hubo momentos en los que se puso en riesgo la integridad física de los usuarios de la vía pública, así como la libertad y el patrimonio de muchos ciudadanos de Cataluña” ―detalla que solo el bloqueo del aeropuerto de Barcelona el 14 de octubre de 2019 ocasionó pérdidas de entre 1,79 y 2,19 millones de euros―, en ningún momento califica los hechos de terrorismo.

El hecho es relevante porque la Audiencia Nacional asumió la competencia de la causa ante la posible existencia de delitos de terrorismo en las actividades del movimiento. Según la hipótesis inicial de los investigadores, Tsunami pretendía con sus acciones subvertir el orden constitucional y contribuir a la independencia efectiva de Cataluña después del fallido referéndum del 1 de octubre de 2017 y del encarcelamiento de varios de sus líderes. El informe, resultado de varios años de pesquisas, buscaba corroborar finalmente estas sospechas. Pero, si finalmente no se puede atribuir este tipo de delitos a los implicados, sino otros como el de desórdenes públicos, la investigación puede acabar en los juzgados catalanes y, en concreto, en el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, al existir entre los señalados un aforado, el miembro del Parlament Rubén Wagensberg. Vox y la asociación Dignidad y Justicia, personados como acusación popular, defienden que la causa debe quedarse en la Audiencia Nacional.

Nueve señalados

El informe final de la Guardia Civil detalla la supuesta implicación de las nueve personas que cita ―admite que hay otra “multitud” que participó, pero que no ha podido ser identificadas― en la gestación de este movimiento y sus funciones concretas dentro del mismo. A Rovira le atribuye el papel de “coordinación” para “la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político”, entonces integrado, junto a Junts, en el Gobierno catalán que presidía Quim Torra. Según el informe, la número dos de ERC defendió “el proyecto de Tsunami ante las facciones [dentro de ERC y otras organizaciones independentistas] que pudieran estar en contra”. Además, adjudica a la dirigente republicana un supuesto “conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma” e, incluso, la participación “en el reclutamiento de gente” para que acudiera a ellas.

Para asegurarse el anonimato en sus gestiones, la Guardia Civil afirma que Rovira supuestamente utilizaba en una aplicación de mensajería encriptada el alias de Matagalls, en referencia a uno de los 18 picos que el independentismo incluyó en su campaña Cimas por la Libertad, puesta en marcha para protestar contra la causa abierta por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El informe detalla hasta nueve indicios de que ella es la persona que estaba detrás de este seudónimo en sus conversaciones con otros presuntos implicados, principalmente Vendrell. Entre estos, un archivo de audio enviado por Matagalls el 4 de septiembre de 2019 a Josep Luís Alay, jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, en el que se escucha la voz de una mujer que los investigadores recogen que “podría corresponderse” con la de ella. En dicho archivo, se organiza una reunión en Ginebra, donde ella se había asentado tras huir de España.

El informe de la Guardia Civil también detalla la supuesta implicación, como integrantes de la dirección del Tsunami, del exdirigente de ERC Xavier Vendrell, que supuestamente utilizaba los apodos de Índigo y Escobar en las comunicaciones, y el empresario Oriol Soler, al que se adjudica los alias de Rigoberta y Rigoberta2 en el intercambio de mensajes. Vendrell y Soler fueron detenidos en octubre de 2020 por orden de un juez de Barcelona dentro de la Operación Voloh, en la que se investiga una supuesta trama de financiación del procés mediante el desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona y otros organismos públicos catalanes. En los equipos informáticos intervenidos entonces, la Guardia Civil localizó abundante material relacionado con Tsunami.

A Vendrell, el documento policial le sitúa como “uno de los miembros destacados de la plataforma” al concluir que de las conversaciones y mensajes intervenidos se constata que “sabía con carácter previo las acciones que se iban a llevar a cabo, teniendo acceso a información privilegiada y participando en la organización de las acciones”. Sobre Soler, la Guardia Civil afirma que “ocupa un puesto relevante en varios de los grupos que conforman la estructura organizativa” del movimiento, así como de buscar “activamente [...] apoyos de figuras políticas vinculadas al independentismo”. También le relaciona “desde un punto de vista directivo y organizativo” con acciones y le vincula con “decisiones de índole económica”.

El tercer miembro de ERC señalado en el informe, el diputado y miembro de la Mesa del Parlament Rubén Wasensberg, es relacionado vinculado al alias Konan, persona que en las conversaciones intervenidas asume supuestamente “cometidos relacionados con la comunicación corporativa de Tsunami y su estrategia comunicativa”. El documento policial vincula este alias con “la confección de comunicados y mensajes” difundidos por la plataforma investigada y el intento de “maximizar el alcance mediático” de las acciones “a través de las relaciones con los medios de comunicación”. Los investigadores concluye que Konan tuvo “un puesto significante en la organización de la acciones” al considerar que impartía, junto a Soler, “directrices a la masa social” y tenía “capacidad de decisión en aspectos como la finalización de las acciones”.