La Audiencia Nacional envía a juicio a los 12 ‘cdr’ procesados por terrorismo en plena negociación de la amnistía

La Audiencia Nacional ha enviado este jueves al banquillo a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por delitos de terrorismo (a ocho de los cuales se atribuye, incluso, tenencia y fabricación de explosivos). El tribunal ha dado por concluido el sumario sobre estos piquetes surgidos en Cataluña para imponer la secesión tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y ha acordado la apertura de juicio oral contra los componentes del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una presunta “célula radical” de los CDR cuyo objetivo era “conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión”, según las pesquisas. Esta decisión se conoce en plenas negociaciones del PSOE con Esquerra y Junts para aprobar una ley de amnistía al procés.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha rechazado los recursos de las defensas y ha confirmado la propuesta del juez instructor Manuel García-Castellón de enjuiciar a 12 integrantes de esta célula, detenidos durante la bautizada como Operación Judas. En una resolución firmada el jueves, el tribunal (compuesto por los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Rius y José Pedro Vázquez) da a la Fiscalía cinco días para presentar su escrito de acusación.

La causa se dirigía en un principio contra 13 personas, pero se archivó contra una de ellas por enfermedad. La Guardia Civil arrestó en septiembre de 2019 a nueve sospechosos (siete de los cuales entraron en prisión provisional, aunque después la Audiencia los fue dejando en libertad) y las pesquisas se ampliaron posteriormente a otros cuatro imputados.

El juez dio por concluida su investigación en 2021. En línea con la Fiscalía y la Guardia Civil, el magistrado relacionó el nacimiento del ERT con los Comités de Defensa de la República, que habían aportado “gran dinamismo a la movilización callejera” en favor del secesionismo y que impulsaron “algunas acciones” de “carácter delictivo”. El sumario señala que estos grupos habían brotado con el objetivo de “subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada”, lo que provocó que se conformase en su seno una “célula” integrada por individuos de diferentes CDR, “totalmente entregados a la causa” y a quienes se les encarga “la realización de las acciones más sensibles”. Supuestamente, sería el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT).

Según las pesquisas, este Equipo de Respuesta Táctica quería ir más allá de las acciones cometidas hasta entonces por los CDR —como cortes de carretera o el vertido de aceite en una vía al paso de una comitiva policial— y, sin importarle el empleo de “la violencia en su máxima expresión”, recabó “informaciones precisas de sus posibles objetivos”, lo que incluyó la elaboración de un presunto plan para ocupar el Parlament y “defenderlo posteriormente”. En palabras del magistrado instructor, los procesados “habrían superado la actividad dentro de los CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados”.

García-Castellón describe cómo los implicados se repartieron los papeles y crearon un “núcleo productor” de explosivos, que montó dos “laboratorios clandestinos” en sus domicilios. “Además de dedicarse a la producción de los elementos componentes del agente incendiario termita, realizaban experimentos para la síntesis de otro tipo de sustancias incendiarias y explosivas, así como pruebas de lanzamiento de artefactos o de ignición”, escribe el magistrado en una de sus resoluciones, donde añade que los agentes intervinieron archivos sobre “terrorismo casero”, incluido un manual que detalla “pormenorizadamente el proceso de fabricación de diferentes artefactos explosivos y sus componentes en diferentes fases”.

Precursores de explosivos

Los investigadores, que encontraron sustancias precursoras de explosivos, también aprehendieron un documento titulado “esquema bomba” —“para el montaje de un dispositivo que permitiera la detonación a distancia de una bomba de camping gas”—, así como “multitud de anotaciones manuscritas que representan formulaciones y ecuaciones químicas, tratándose de apuntes para la síntesis de sustancias explosivas”.

El listado de posibles objetivos era largo, según la instrucción. Los investigadores señalaron que el ERT recabó información para “perpetrar algún tipo de acción” en la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación del Gobierno de Barcelona; la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil; miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas de Seguridad; y torres de alta tensión e instalaciones en autopistas. Entre sus planes también se encontraba la ocupación del Parlament, donde pretendían supuestamente permanecer una semana tras asumir el “encargo recibido de un denominado CNI catalán”, según el juez.

La causa contra estos CDR ha vuelto a la primera línea del debate público durante las negociaciones sobre la ley de amnistía, ya que los grupos independentistas quieren que se incluya a los procesados por terrorismo entre sus beneficiarios. De momento, la Audiencia ya ha enviado al banquillo a los 12: Eduardo Garzón; Esther García; Sonia Pascual; Queralt Casoliva; Germinal Tomás; Alexis Codina; Jordi Ros; Rafael Joaquín Delgado; Ferrán Jolis; Xavier Buigas; David Budria; y Clara Borrero.

[Si no puede leer la resolución judicial, pinche aquí].