El juez admite la personación de Vox en la causa sobre los disturbios de Tsunami Democràtic

El juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha admitido la personación como acusación popular de Vox y de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia en la causa abierta para investigar el movimiento Tsunami Democràtic, el grupo que supuestamente instigó los disturbios contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés independentista catalán en 2019. El magistrado ha aceptado la petición del partido de extrema derecha y del colectivo, a los que impone una fianza de 200 euros para poder participar en el procedimiento, según reza una resolución fechada este martes, a la que tuvo acceso EL PAÍS.

A principios de octubre, en plenas negociaciones entre los partidos políticos sobre una posible amnistía a los encausados del procés a cambio del apoyo de ERC y Junts a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Vox anunció que se personaría en la causa sobre Tsunami Democràtic. La Guardia Civil ha concluido que cargos de ERC coordinaron al movimiento para dar respuesta en la calle a la sentencia del procés, y señala en este sumario a políticos nacionalistas, como la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, huida en Suiza desde 2018.

García-Castellón abrió la investigación sobre Tsunami en 2019. El objetivo era determinar quién estaba detrás del movimiento, que incluyó cortes de carreteras y el intento de bloquear el aeropuerto de El Prat (Barcelona); así como averiguar cuáles eran sus fuentes de financiación, que habían permitido poner en marcha una aplicación de telefonía móvil para difundir sus acciones de protesta. Además, en 2021, se incorporó a esa causa una parte de las pesquisas bautizadas como caso Voloh, que versan sobre el supuesto desvío de fondos públicos a la promoción del procés.

La Audiencia Nacional asumió la competencia de la causa sobre Tsunami ante la posible existencia de delitos de terrorismo. El colectivo, según la hipótesis inicial de los investigadores, pretendía subvertir el orden constitucional y contribuir a la independencia efectiva de Cataluña después del fallido referéndum del 1 de octubre de 2017 y del encarcelamiento de varios de sus líderes. Pero, tras varios años de pesquisas, existen dudas jurídicas sobre si se puede atribuir este tipo de delitos a los implicados; por lo que, de considerarse simplemente como desórdenes públicos, la investigación podría acabar enviándose a los juzgados catalanes. Vox y la asociación Dignidad y Justicia defienden que la causa debe quedarse en la Audiencia Nacional.

En un informe elaborado por la Guardia Civil, los investigadores concluyeron que Marta Rovira y otras personas supuestamente al frente de Tsunami —entre ellas, el empresario Oriol Soler y el exconsejero de la Generalitat y exdirigente de ERC Xavier Vendrell— intentaron hacer pasar este movimiento como algo espontáneo. Según los agentes, sin embargo, Rovira asumió la coordinación de las fuerzas políticas y entidades independentistas que, en la sombra, ayudaron a crear Tsunami.

El juez pidió al Ayuntamiento de Barcelona y al Ministerio de Transportes que cuantificasen el perjuicio económico provocado por las protestas de la plataforma independentista. A petición de la Guardia Civil, el magistrado quiere “conocer la estimación de la afectación económica relacionada” con las citadas acciones.