La Audiencia Nacional intervino el teléfono a una veintena de activistas y políticos por su vínculo con Tsunami Democràtic

La Audiencia Nacional mantuvo intervenidos, durante meses, los teléfonos de una veintena de personas por su presunta vinculación a Tsunami Democràtic, el movimiento que en 2019 organizó las protestas masivas contra la sentencia del procés. Fuentes judiciales han explicado a EL PAÍS que el magistrado Manuel García Castellón autorizó, durante la fase en que la causa ha permanecido bajo secreto de sumario, la intervención de las comunicaciones a multitud de políticos y activistas para averiguar quién lideró Tsunami y quién organizó, entre otras movilizaciones, el bloqueo del aeropuerto de El Prat y el corte de la frontera con Francia a la altura de la Jonquera.

La causa contra Tsunami Democràtic comenzó a finales de 2019, cuando García Castellón abrió diligencias por los delitos de terrorismo y conspiración para cometer estragos. El colectivo, según la hipótesis inicial de los investigadores, pretendía subvertir el orden constitucional y contribuir a la independencia efectiva de Cataluña después del fallido referéndum del 1 de octubre de 2017 y del encarcelamiento de sus líderes. La causa, que ya no es secreta desde la semana pasada, se ha nutrido de esas intervenciones telefónicas, pero también del análisis de dispositivos electrónicos que envió a la Audiencia Nacional el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, instructor del caso Voloh, que indaga casos de presunta corrupción a la sombra del procés.

La tercera pata de la investigación debían ser las comisiones rogatorias internacionales que García Castellón ha remitido a cuatro países: Estados Unidos, Canadá, Holanda y Suiza. El magistrado justifica la petición de auxilio en que persigue “un delito de terrorismo” y señala que la sentencia del procés dio lugar a “multitud de convocatorias de acciones”. García Castellón atribuye a Tsunami Democràtic, según consta en la documentación a la que ha accedido este diario, “liderar la dinamización, dirección y ejecución de las acciones de protesta más importantes”. Y cita, en especial, los “graves incidentes” ocurridos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, cuando unas 8.000 personas trataron de bloquear las instalaciones en una protesta que provocó la cancelación de más de un centenar de vuelos y dejó medio centenar de heridos.

Estados Unidos, Canadá y Holanda han dado respuestas que o no son concluyentes o no han ayudado demasiado a que la investigación avance. Suiza, en cambio, se negó a colaborar. En marzo de 2020, cuatro meses después de recibir la petición de auxilio, el país helvético dijo que “el carácter político del delito, si lo hubiere, constituye una razón para la inadmisibilidad de la demanda”. Los hechos investigados por el juez español, siempre según la respuesta suiza, son únicamente “contra la organización política y social del Estado”.

Tras analizar todo ese material y después de más de tres años de investigación, la Guardia Civil remitió al juez hace unas semanas su informe de conclusiones. Los investigadores sitúan a altos cargos de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) al frente de Tsunami, incluida su secretaria general, Marta Rovira, huida de la justicia española a Suiza desde 2018 por su participación en la organización del referéndum independentista. Rovira permanece procesada por un delito de desobediencia una vez derogada la sedición con la reforma legal del Gobierno; la causa de Tsunami, sin embargo, hace que el riesgo de volver sea para ella todavía alto.

Conocida con el alias Matagalls, Rovira asumió, siempre según las conclusiones de la Guardia Civil, la coordinación de las fuerzas políticas y entidades independentistas que, en la sombra, ayudaron a crear Tsunami Democràtic. El informe apunta igualmente al exconsejero republicano y empresario Xavier Vendrell y también al empresario Oriol Soler como personas clave en la organización de Tsunami Democràtic.

Con las cartas sobre la mesa, ahora es el turno de la Fiscalía, que debe decidir a quién pide que se cite como investigado y por qué delitos. Fuentes judiciales señalan que el delito de terrorismo, por el que inicialmente se abrió la investigación, va a acabar cayendo, una circunstancia que puede modificar también el escenario de la causa. La Audiencia Nacional es competente en materia de terrorismo. Pero si finalmente la Fiscalía decide, por ejemplo, que los hechos pueden constituir delitos de desórdenes públicos, la causa tendría que remitirse a un juzgado de Barcelona.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal