La Guardia Civil señala a Marta Rovira, ‘número dos’ de ERC, como cabecilla de Tsunami Democràtic

La Guardia Civil ha entregado en la Audiencia Nacional un informe que sitúa a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida en Suiza desde 2018, como una de las promotoras de Tsunami Democràtic, el grupo que supuestamente instigó mediante una aplicación de móvil a las protestas, algunos de ellas violentas, que tuvieron lugar en Cataluña tras conocerse, en octubre de 2019, la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés. Según ha adelantado este lunes El Confidencial y ha confirmado EL PAÍS en fuentes de la Audiencia Nacional, el documento policial concluye que Rovira y otras personas al frente de Tsunami —entre ellas, el empresario Oriol Soler y el exconsejero de la Generalitat y exdirigente de ERC Xavier Vendrell— intentaron hacer pasar este movimiento como algo espontáneo, sin intervención de los partidos independentistas, con el fin de eludir posibles responsabilidades penales en actos como la ocupación del aeropuerto de El Prat o un corte en la autovía AP-7. El informe es la última diligencia que esperaba el juez Manuel García-Castellón para levantar el secreto sobre una investigación judicial iniciada hace más de tres años.

Los detalles del documento policial se conocen poco después de que la número dos de ERC viera cómo se despejaba la posibilidad de su regreso voluntario a España tras la reforma penal pactada en diciembre entre su partido y el Gobierno de Pedro Sánchez. Ese cambio, acordado precisamente para rebajar las condenas de los líderes del procés, derogó el delito de sedición, por el que Rovira estaba encausada (inicialmente lo estaba por rebelión). De hecho, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dictó a finales de marzo un auto en el que pasaba a procesar a Rovira únicamente por desobediencia, un delito que implica solo penas de inhabilitación y, por tanto, descartaba sobre el papel que la número dos de ERC acabase en prisión si volvía a España.

Sin embargo, el regreso de Rovira no se había llegado a producir, entre otros motivos porque la propia dirigente independentista había mostrado su temor a que la Audiencia Nacional la estuviera investigando. “Hay causas todavía abiertas, bajo secreto de sumario, que no sabemos que contienen, y no se si estoy”, aseguró la republicana en una entrevista a El Punt Avui, el pasado día 2 de abril. Tras conocerse este lunes el contenido del informe de la Guardia Civil, ERC ha evitado pronunciarse sobre “especulaciones periodísticas”, pero miembros del partido admiten que existía ese temor a que ella pudiera verse salpicada por las investigaciones de García-Castellón.

El documento policial detalla que Rovira asumió presuntamente la coordinación entre las diferentes fuerzas políticas y entidades independentistas que habían participado en la sombra en la creación de la plataforma Tsunami Democràtic, así como con el Gobierno catalán que entonces presidía Quim Torra y en el que estaban integrados los republicanos y Junts. Para asegurarse el anonimato en sus gestiones, Rovira utilizaba, según la Guardia Civil, el alias de Matagalls, en referencia a uno de los 18 picos que el independentismo incluyó en su campaña Cimas por la Libertad puesta en marcha para protestar contra la causa abierta por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El objetivo de sus gestiones era conseguir el respaldo de todas las fuerzas del independentismo y, con ello, que cada convocatoria realizada por el movimiento fuera un éxito, según detallan los investigadores.

“Pasar a la acción”

El nuevo informe sitúa el momento clave de la creación del Tsunami en una reunión celebrada en Ginebra a finales de agosto de 2019 y cuya existencia se conoció ya poco después de su celebración. A esta ciudad, en la que vive Rovira, acudieron, además de la dirigente de ERC, el entonces president Torra, su antecesor, Carles Puigdemont —entonces ya huido en Bélgica—, y la dirigente de la CUP Anna Gabriel, que en aquel momento también estaba fugada en Suiza. El objetivo del encuentro era agrupar las diferentes tendencias políticas del independentismo en un solo movimiento y que este tuviera continuidad cuando el Supremo dictara la sentencia del procés.

En un vídeo distribuido en redes sociales entonces, y que según algunos medios pudo haber sido grabado en aquella cita, Puigdemont y Rovira hablaban de la necesidad de “recuperar la iniciativa” y “pasar a la acción”, de una “acción conjunta” de las instituciones y la sociedad. Solo unos días después, el 2 de septiembre de 2019, Tsunami Democràtic se presentó oficialmente en las redes sociales (incluso el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, prestó su imagen) y desde el primer momento contó con el respaldo de partidos y entidades secesionistas, que empezaron a difundir sus convocatorias con llamamientos a sus seguidores a secundarlas.

La Audiencia Nacional comenzó a investigar a Tsunami Democràtic ese mismo año para determinar quién estaba detrás del movimiento y cuáles eran sus fuentes de financiación, que habían permitido poner en marcha una aplicación de telefonía móvil para difundir sus acciones de protesta. El informe de la Guardia Civil incorporado ahora a esta causa señala como integrantes de la dirección del movimiento, junto a Rovira, al exdirigente de ERC Xavier Vendrell, al que se cita con el apodo de Índigo, y al empresario Oriol Soler, que utilizaba supuestamente el alias de Rigoberto en las comunicaciones.

Vendrell y Soler fueron detenidos en octubre de 2020 por orden de un juez de Barcelona dentro de la Operación Voloh, en la que se investiga una supuesta trama de financiación del procés mediante el desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona y otros organismos públicos catalanes. En los equipos informáticos intervenidos entonces, la Guardia Civil localizó abundante material relacionado con Tsunami Democràtic.

Por los altercados producidos tras instar la plataforma la ocupación del aeropuerto de El Prat y el corte de la AP-7 a su paso por La Jonquera, los tribunales ya han dictado varias sentencias condenatorias. La última, del pasado noviembre, contra un estudiante universitario al que la Audiencia de Barcelona impuso una pena de un año y ocho meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. El joven había rociado con un extintor a un miembro de los Mossos d’Esquadra, y su defensa y la Fiscalía llegaron a una sentencia de conformidad.