¿Por qué no vuelve a España Marta Rovira?

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra los líderes del procés independentista catalán, ha dejado prácticamente libre la pista de aterrizaje para el regreso voluntario a España de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que huyó a Suiza hace justo cinco años para eludir la acción de la justicia. La dirigente republicana estaba hasta ahora procesada por sedición, un delito que conllevaba elevadas penas de prisión, pero la reforma penal pactada en diciembre entre el Gobierno y ERC derogó ese delito precisamente para rebajar el castigo a los líderes del procés, y, como consecuencia, el juez Llarena dictó el pasado martes un auto en el que procesa a Rovira únicamente por desobediencia, que implica solo penas de inhabilitación. Esto descarta sobre el papel que la número dos de ERC acabe en la cárcel, y la convierte de facto en la más clara beneficiaria de la reforma legal.

Rovira, sin embargo, sigue dilatando un eventual regreso: desconfía, dice, de la acción de la justicia y pone como ejemplo la divergencia de criterios entre Llarena y la Fiscalía. Hay, además, un motivo político, casi de índole personal, según fuentes republicanas: ante el relativo fiasco que, por el momento, ha supuesto la reforma penal para varios dirigentes independentistas —porque el Supremo no considera que se les pueda aplicar la versión atenuada del delito de malversación como pretendía el Ejecutivo—, Rovira teme aparecer como la única beneficiaria de ese movimiento, una traidora a ojos de quienes siguen considerando “exiliados” a los prófugos del procés y a quienes están pendientes de juicio en España. En similar situación que la número dos de ERC está la exconsejera de la Generalitat y actual eurodiputada Clara Ponsatí, que huyó a Bélgica con Carles Puigdemont a finales de octubre de 2017 y que ahora ha pasado también de estar procesada por sedición a estarlo solo por desobediencia, por lo que, en principio, tampoco se expone a la cárcel.

Marta Rovira no piensa por ahora moverse de Suiza, adonde huyó a finales de marzo de 2018 tras ser procesada por un delito de rebelión. En aquel primer auto, Llarena responsabilizaba a la republicana, entre otras cosas, de coordinar a cientos de alcaldes independentistas para lograr que el 1-O hubiera locales disponibles para celebrar el referendum ilegal. Hasta ahora, su defensa alegaba que ese procesamiento inicial por rebelión hacía imposible volver, ya que este delito implica prisión preventiva inmediata. Pese al cambio de panorama, los abogados creen que no existen certezas de que no irá a prisión una vez ponga un pie en territorio español. “Llevo cinco años acusada de un delito de rebelión, sin tener ningún tipo de notificación judicial que diga que eso haya cambiado”, insistió Rovira este sábado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Tras la sentencia que en octubre de 2019 condenó a Oriol Junqueras y a otros ocho líderes independentistas a penas de prisión, Llarena lanzó nuevas euroórdenes contra los prófugos procesados por rebelión que estaban en territorio de la UE —incluido Puigdemont— para sustituir ese delito por el de sedición. Sin embargo, nunca dio ese paso para Rovira, pues con Suiza el cauce de una entrega no es la euroorden, sino la extradición (un proceso teóricamente más largo y farragoso). Por eso, pese a que el Supremo descartó la condena por rebelión en el juicio del procés, la republicana insistía en que nada le garantizaba que no se llegara a aplicar a su caso.

Incluso ahora, con la derogación de la sedición, Rovira —cuya familia se mudó con ella a Suiza— insiste en que en su situación sigue siendo incierta y que la Fiscalía contradice a Llarena. “Me dicen que me detendrían si no voy al Tribunal Supremo para ir a declarar por desobediencia, pero al mismo tiempo el fiscal dice que no podría ser por desobediencia porque no se puede cambiar la imputación a través de una interlocutoria que no es de imputaciones. No tengo garantías de saber qué pasará”, afirma.

Pese a los temores de la republicana, el escrito del juez confirma dos escenarios muy distintos: sobre las dos líderes independentistas fugadas —Rovira y Ponsatí— solo pesa ahora una orden nacional de detención. Para ellas no hay orden internacional de busca, captura e ingreso en presión como la dictada contra Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Luís Puig. Esta diferencia se debe a que ellos, además de por desobediencia, están procesados por malversación, un delito penado con hasta 12 años de cárcel. La orden de detención dictada contra Ponsatí y Rovira implica que, en caso de que vuelvan a España, solo serían detenidas para prestar declaración ante el juez e inmediatamente puestas de nuevo en libertad, según explica el propio Llarena en su último auto.

El futuro que les esperaría a ambas en caso de regresar es muy similar al que han seguido ya otros prófugos del procés que decidieron poner fin a su huida tras garantizarse que solo se les perseguiría por desobediencia, como la exconsejera Meritxell Serret (también de ERC) o la exdirigente de la CUP Anna Gabriel. Ambas se presentaron voluntariamente en el alto tribunal (Serret en marzo de 2021 y Gabriel en julio de 2022) acompañadas por sus abogados, y quedaron en libertad horas después. Semanas más tarde declararon ante Llarena, quien, tras interrogarlas, dio por concluido el sumario. El Supremo envió el caso a Cataluña para que fueran juzgadas allí, como ha hecho con todos los líderes independentistas acusados por desobediencia tras el 1-O.

Las dudas de Rovira y Ponsatí, sin embargo, tienen también un componente político y personal. Pese a que la unidad independentista está hecha añicos, permanece más o menos intacto el acuerdo de no cargar contra las líneas de defensa que adopten los acusados del procés. Ponsatí, cercana a Puigdemont, siempre ha cerrado filas con la defensa del supuesto “exilio” como vía de confrontación con el Estado, y su regreso a España podría ir en contra de los argumentos con los que el secesionismo espera ganar la batalla legal en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un regreso de Rovira, con unas elecciones municipales en ciernes, daría munición a Junts para ahondar en su idea de que el PSOE y ERC pactaron la reforma penal para salvar judicialmente a la líder de ERC y hundir a Puigdemont (que sí afronta penas de prisión).

En ERC sostienen que lo sucedido la pasada semana con el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, los principales colaboradores de Junqueras durante el procés, respalda su tesis de que sigue “el ánimo represivo contra el independentismo”. Ambos están pendientes de juicio y, aunque la Abogacía del Estado (el servicio jurídico del Gobierno) ha renunciado a acusar a Salvadó y pide penas atenuadas para Jové, la Fiscalía sigue la senda del Supremo y mantiene una petición de penas altas para ambos.

En varias ocasiones, Rovira también ha manifestado su sospecha de que la Audiencia Nacional pudiese estar investigándola en la causa sobre Tsunami Democrático —la plataforma anónima que promovió los disturbios contra la sentencia del procés a finales de 2019— y su temor a que el espionaje con el software Pegasus (que aún no tiene autor conocido) pudiera tener alguna relación con esos hechos. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Manuel García-Castellón, abrió una causa sobre Tsunami en octubre de 2020 que sigue bajo secreto de sumario.

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