‘Voloh’ y ‘Tsunami’: dos causas judiciales tras el 1-O que complican la negociación entre Junts y el PSOE

La discusión sobre cómo tiene que rematarse la futura ley de amnistía y cuál debe ser su alcance es ahora el principal escollo en las negociaciones entre el PSOE y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez. Fuentes de la negociación aseguran que el borrador sobre el que trabajan las partes no alude, de forma explícita, a ninguna de las causas judiciales abiertas a raíz del 1-O, sino a delitos y conductas de índole política ligados al proceso independentista. El partido de Carles Puigdemont teme que, si se procede de ese modo, se corre el riesgo de dejar a figuras clave del procés fuera del abrigo de la amnistía. Junts considera que hay que garantizar que la amnistía alcance no solo a los organizadores del procés y a los manifestantes, sino también a todas las personas que a su entender sufrieron algún tipo de “persecución” judicial por su filiación independentista.

Junts duda, en particular, de que la propuesta actual que ya ha sido bendecida por los republicanos sea capaz de aliviar a los investigados en dos macrocausas judiciales que son posteriores al referéndum del 1 de octubre de 2017: el caso Voloh y el caso Tsunami Democràtic. En ambos procedimientos figura como investigado Josep Lluís Alay, amigo de Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica). Alay, además, está procesado y afronta una petición de tres años de cárcel por malversación y prevaricación —delitos que quedarían, a priori, fuera del alcance de la amnistía si no se prueba su vinculación con el procés— por lograr que la Generalitat pagase, con dinero público, un viaje que hizo en noviembre de 2018 al referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia.

El caso Voloh, que instruye un juzgado de Barcelona, indaga el supuesto desvío de fondos para financiar el 1-O y afecta a miembros del llamado “Estado Mayor del procés”; personas que, desde fuera del Govern, ayudaron a materializar la consulta. Además de Alay, ha sido investigada otra persona del círculo próximo a Puigdemont: Víctor Terradellas, exjefe de relaciones internacionales de la extinta Convergència. En paralelo, la causa investiga también negocios supuestamente irregulares de algunas personalidades vinculadas con las dos grandes formaciones secesionistas. El empresario Xavier Vendrell, exconsejero de ERC, está investigado por tráfico de influencias en una operación urbanística. El también empresario David Madí, ex alto cargo convergente, ha sido exculpado.

La causa comenzó cuando la policía, mientras investigaba subvenciones irregulares en la Diputación de Barcelona, encontró conversaciones grabadas de Terradellas con Madí y Vendrell. Las conversaciones son de mayo de 2018. Terradellas reflexiona sobre los hechos de octubre de 2017 y explica que estuvo en contacto con presuntos emisarios del Kremlin, que habrían prometido la llegada de 10.000 soldados rusos si, a cambio, Cataluña conseguía la independencia y reconocía la anexión de Crimea. El juez no consideró esos comentarios como una mera fantasía e indagó a fondo una supuesta trama rusa del procés que no se concretó y acabó archivada.

Con el tiempo, Voloh se desinfló. En el verano de 2022, el magistrado archivó la causa abierta a Alay por una supuesta operación de compraventa de petróleo que involucraba a empresas rusas y chinas al no ver indicios “sólidos” de delito. El asesor de Puigdemont siguió, sin embargo, como investigado en tres piezas distintas de Voloh; una de ellas, por pedir supuestamente información a un mosso d’esquadra para saber si pesaba sobre él alguna restricción para viajar al extranjero. La investigación permanece, en general, en un estado de duermevela, pues el mismo juez ha tenido que asumir el caso Negreira, sobre los pagos millonarios del Barça al ex número dos de los árbitros españoles.

Un caso de difícil encaje

La diversidad de delitos que contempla el caso Voloh, más allá de los de naturaleza política, hace que su encaje en una ley de amnistía resulte complejo. Fuentes de los republicanos admiten que la ley solo debe contemplar conductas ligadas al procés, y no tratos de favor o bien operaciones urbanísticas. No deben mencionarse personas concretas, según esas fuentes, que asumen el riesgo de que personas cercanas a la organización no puedan ser beneficiadas. Junts, por su parte, ha asumido que Laura Borràs —condenada por trocear contratos para beneficiar a un amigo— quede fuera de la amnistía, pero insiste en que la ley contemple al máximo de personas. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha dicho en un mensaje a la ejecutiva: “Hemos trabajado mucho la amnistía y no dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para vips. Hay mucha gente que no está en primera línea, que se la ha jugado, que no se ha rendido y que sufre imputaciones muy bestias”. Fuentes cercanas al partido insisten en que quieren que no quede dudas de quién queda cubierto por la amnistía y, aunque señalan que la ley “nunca se ha planteado en términos de nombres propios”, no renuncian a clarificar todo lo posible el terreno de juego.

El otro gran proceso judicial tras el 1-O que preocupa al independentismo (y que se nutre en parte de las conversaciones telefónicas de Voloh) es el caso Tsunami Democràtic, que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El magistrado investiga a los organizadores de las protestas, algunas de carácter violento, que movilizaron a ciudadanos contra la sentencia del procés —que condenó a los líderes independentistas a penas de prisión— en octubre de 2019. Uno de los investigados es Josep Lluís Alay.

Con las negociaciones en zona de conflicto, el viernes trascendió el informe final que la Guardia Civil ha entregado al magistrado Manuel García Castellón. Los agentes sitúan a nueve personas en las labores de “organización” del movimiento; entre otras, la secretaria general de ERC Marta Rovira (huida a Suiza desde 2018), el exconsejero Xavier Vendrell y el diputado en el Parlament Ruben Wagensberg. Según la investigación, el objetivo de Tsunami era ejecutar acciones “de gran envergadura” que movilizaran a miles de personas y “comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España”. Algunas protestas, especialmente el bloqueo del aeropuerto de Barcelona el 14 de octubre de 2019, produjeron “una alteración grave del orden y la paz pública”. La hipótesis inicial era que Tsunami pretendía subvertir el orden constitucional y hacer efectiva la independencia de Cataluña.

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