El nuevo curso político llega sembrado de minas para el Gobierno

Salvador Illa será el salvoconducto de Pedro Sánchez en un inicio de curso sembrado de minas. El entierro del procés es la tarjeta de presentación con la que el presidente del Gobierno encara una nueva temporada en La Moncloa con los Presupuestos de 2025 en el aire y múltiples frentes a los que atender. Sánchez pondrá a prueba sus incontables vidas políticas en un otoño con emboscadas en cada esquina en el que confía que la sociedad reconozca a medio plazo la pacificación de Cataluña y su regreso a la normalidad institucional. Otro cantar serán los recelos que la financiación singular, acordada con ERC, suscita en el resto del país. Y que ha puesto otra vez a prueba las costuras del PSOE cuando apenas había superado la digestión pesada de la ley de amnistía. La última apuesta de riesgo de Sánchez, que Esquerra y puntales socialistas como Josep Borrell consideran un “concierto” económico mientras la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega la mayor y no se sabe en qué quedará, ha sido el sapo que el PSOE se ha tenido que tragar en silencio durante un mes. A cambio, un éxito tangible: la investidura del primer president no independentista desde 2010.

El retorno de la bandera de España al Palau de la Generalitat, entre la senyera y la de la UE, en la reunión que Illa mantuvo el viernes con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, también del PSC, es más que una declaración de intenciones. Illa, con cada decisión que adopte, será un mensaje en sí mismo que Sánchez exportará como ejemplo de una nueva política. La prioridad del Govern serán las cosas del comer, es decir, la mejora de la sanidad, la educación, los servicios sociales y las infraestructuras, y no los castillos en el aire del procés. “La presidencia de Illa es para nosotros un factor de legitimidad clave. Hemos pasado del 2017, con el riesgo de quiebra de España, a 2024 con un ministro del Gobierno que ha sido elegido president con el voto a favor de un grupo independentista como ERC”, resume un alto cargo de La Moncloa.

El nuevo president, que en su toma de posesión juró la Constitución y se comprometió a “gobernar para todos los catalanes”, insistirá con los gestos de distensión. El jueves se encontrará con Felipe VI en Barcelona en el acto de bienvenida de la Copa del América de vela. Un guiño para reconciliar a la Generalitat con la Casa Real.

A falta de una mayoría previsible en el Congreso, donde la votación más nimia daría para una película de Hitchcock, y a la espera de que ERC y Junts aclaren sus liderazgos en otro otoño que viene caliente, Sánchez enarbolará la buena marcha de la economía y la vuelta del orden a Cataluña con Illa de estandarte. La ruptura de la política de bloques entre independentistas y constitucionalistas ha permitido un cambio de ciclo que pesos pesados del Ejecutivo como el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, han celebrado como “la noticia más importante de la última década”. La política catalana retoma el eje tradicional izquierda-derecha, dejando atrás el marco identitario en el que el PP se siente en su salsa y los socialistas se manejan peor. “El PP nos afea nuestros socios, pero votó en contra de la investidura de Illa junto a Vox, Junts y Aliança Catalana”, recalcan en Ferraz, donde reivindican al PSOE como “el único partido capaz de vertebrar España”. El PP tiene claro el ariete de su estrategia de confrontación total para los próximos meses: la financiación singular a Cataluña, signifique lo que signifique, es una amenaza, según su portavoz, Borja Sémper, para “la igualdad de todos los españoles ante la ley y ante la Agencia Tributaria”. El PP no va a dar tregua a Sánchez. Su implacable oposición del último año proseguirá con los temas de siempre —Cataluña o la investigación a la esposa del presidente— y algunos nuevos como la inmigración.

El PSC y ERC se han dado hasta el primer semestre de 2025 para cerrar la financiación de Cataluña, un margen que en la política española equivale a años luz. La modificación necesaria de la LOFCA, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, no cuenta con los votos necesarios en el Congreso. El Gobierno ha iniciado los últimos días la pedagogía que los barones socialistas echaban en falta ante la inquietud extendida de que el pacto penalice a las otras 14 comunidades de régimen común. El acuerdo establece que sea la Agencia Tributaria de Cataluña, es decir la Generalitat, “quien gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos”. La “aportación catalana a las finanzas del Estado” sería en función “del coste de los servicios” que el Gobierno central presta a Cataluña más otra parte destinada a la “solidaridad” con las demás comunidades. Esa solidaridad estaría “limitada por el principio de ordinalidad” —es decir, que si Cataluña es la tercera que más aporta, sea también la tercera que más inversión por habitante reciba— una condición inaceptable ya no solo para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, bestia negra del sanchismo dentro del PSOE, sino también para el asturiano Adrián Barbón.

Ese es el rompecabezas morrocotudo que Montero tendrá que resolver, con un sistema de financiación autonómica caducado hace seis años. Mientras encuentra la salida del laberinto, el Gobierno debe atender a otros frentes acuciantes. El Consejo de Ministros retomará su actividad el martes, en un Consejo sin grandes temas en agenda —una iniciativa sobre FP para personas trabajadoras y otra de desarrollo local sostenible de Doñana— salvo por su trasfondo político. La atención la concentrará la gira de Sánchez por Mauritania, Senegal y Gambia. Mauritania, adonde el jefe del Ejecutivo regresa seis meses después de prometer una inyección de 500 millones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha convertido en el principal punto de partida de los cayucos que alcanzan Canarias.

Las entradas irregulares de inmigrantes han crecido un 66% en lo que va de año (31.155 personas hasta el 15 de agosto) y, aunque el ritmo se ha atenuado en las últimas semanas, la previsión es que cobren ímpetu con el buen tiempo. Las islas concentran las llegadas, más de 22.000, de las que unos 5.100 son menores. Su tutela es una competencia autonómica y Fernando Clavijo, el presidente del archipiélago, de Coalición Canaria, pidió auxilio a Sánchez el viernes en La Palma. Los dos presidentes aumentaron la presión sobre el PP, que cogobierna en las islas y gestiona una situación similar en Ceuta, para que acepte el reparto obligatorio de menores migrantes en la península cuando los sistemas de acogida se vean colapsados, como sucede desde hace meses en los dos territorios fronterizos. Alberto Núñez Feijóo, con un discurso cada vez más parejo al de la ultraderecha en migración, se sigue negando a la reforma de la Ley de Extranjería, que decayó en julio con el voto en contra del PP, Vox y Junts. Feijóo, en una entrevista con Europa Press difundida este sábado, insistió en que el PP no puede aceptar inmigrantes que llegan a España traídos por mafias para “no cumplir las leyes”.

La aprobación del techo de gasto, requisito imprescindible para presentar los Presupuestos y que la derecha española e independentista catalana también tumbó en el último pleno del curso pasado, es el otro fantasma con el que tiene que lidiar el Gobierno. Y el calendario apremia. La Constitución recoge que las cuentas públicas se deben presentar “al menos tres meses antes de la expiración” de las anteriores. En plata: Montero dispone de apenas de un mes para sacar el techo de gasto. Y no las tiene todas consigo. Junts y ERC están inmersos en sus congresos, previstos para finales de octubre y de noviembre, y no hay ninguna garantía de que vayan a apoyar los Presupuestos. Esquerra ha enseñado los colmillos, escocida por la semántica que la número dos del Gobierno y del PSOE empleó para rebajar el acuerdo de financiación singular.

Los socialistas están seguros de que, pese a todo, la relación permanece a salvo y no dependerá de quién asuma el timón de los republicanos, sea Oriol Junqueras o una candidatura alternativa. Lo que nadie se atreve a pronosticar es por dónde saldrá Junts y cuál de sus almas se impondrá, la posibilista o la que sigue aferrada al 1 de octubre. Montero se empleará a fondo para tratar de que el partido de Puigdemont rectifique su oposición al techo de gasto, pero entre los socialistas crecen los partidarios de prorrogar por segundo año consecutivo las cuentas, aprovechando que los Presupuestos vigentes son expansivos por el viento de cola de los fondos europeos. “Nadie nos va a boicotear”, zanja un ministro.

El recado político que encierra una posible prórroga es de calado: Sánchez no convocará elecciones aunque no haya nuevos Presupuestos. “El drama sería que la economía fuese mal, pero sucede al contrario”, sentencia un veterano del PSC. El apoyo de Junts a una moción de censura con PP y Vox es inviable, así que el Gobierno confía en que las exigencias del independentismo serán limitadas. En el PSOE juegan con la baza de la amnistía, cuya aplicación no va al ritmo previsto por los reparos del Tribunal Supremo.

Sumar también celebrará su Asamblea en otoño. La debilidad del socio menor del Ejecutivo y la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE es un motivo añadido para que en Ferraz no contemplen elecciones generales en el horizonte. Yolanda Díaz renunció tras el descalabro de las europeas como coordinadora general y desde entonces una dirección colegiada de afines a la vicepresidenta segunda guía a Sumar en una transición incierta. Las diferencias entre sus componentes han saltado incluso con la financiación singular de Cataluña, con avisos durísimos de Compromís o la Chunta. En este panorama, en Sumar necesitan dejar huella y son reacios a que los Presupuestos se prorroguen. Dentro de sus planes para levantar cabeza plantean la construcción de 500.000 pisos destinados a un alquiler mensual de 400 euros y la creación de un permiso remunerado de cuatro semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años.

El Congreso echará a andar el martes con una Diputación Permanente copada por las peticiones del PP de comparecencia de Sánchez y de cuatro ministros. En el caso del presidente, por la “emergencia migratoria”, la nueva huida de Puigdemont y “el fraude” en Venezuela.

Con este paisaje, el plan de regeneración democrática que Sánchez anunció en abril irá cobrando forma entre septiembre y octubre. Algunos partidos como ERC, Podemos y BNG ya han mandado sus propuestas. La conferencia de presidentes autonómicos, la primera desde 2022, se celebrará en septiembre en Cantabria, y el Gobierno quiere focalizarla en la vivienda. El interés de las comunidades del PP, que se niegan a aplicar los límites de precio en zonas tensionadas, es la inmigración. La apertura del Año Judicial, el 5 de septiembre, será el primero con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renovado. Pero el órgano de gobierno de los jueces sigue paralizado por la falta de acuerdo para nombrar su presidencia, clave por su voto de calidad ante el empate entre diez vocales conservadores y diez progresistas.

La actualidad seguirá marcada por el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente. Peinado acrecentó esta semana el estupor en el PSOE con una providencia en la que asegura que se pueden sacar “conclusiones” del “silencio” de Sánchez por acogerse a su derecho a no declarar como testigo ante el magistrado, que ha entregado a las partes la grabación de su fugaz comparecencia de julio en La Moncloa. La Fiscalía y la defensa de Gómez han presentado varios recursos de apelación a los que la Audiencia Provincial de Madrid aún no ha contestado. Un camino de espinas que no es nada nuevo para Sánchez y su ya legendario manual de resistencia. “Los próximos meses se le van a hacer largos al PP”, auguran en La Moncloa. “La frustración de Feijóo va a aumentar porque lleva un año pensando que el Gobierno está a punto de caer. Y va a ver que no caemos”.