Los socialistas instan a que “la oficina antiokupas” del PP y Vox desaloje a “los jetas” de la viviendas protegidas de Alicante

El escándalo de las 140 viviendas protegidas de Alicante, algunas de las cuales han sido adjudicadas a algunos cargos, familiares y personas de confianza del PP, que ha provocado la dimisión de la concejal de Urbanismo (Rocío Gómez), la directora general municipal (María Pérez-Hickman) o el jefe de gabinete de la consejería de Industria (Miguel Ángel Sánchez), ha protagonizado la primera sesión de control en Les Corts al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, nombrado el pasado 2 de diciembre.

El expresidente, Carlos Mazón, no ha ocupado su escaño como diputado autonómico, un acta que ha mantenido cuando presentó su dimisión el pasado 3 de noviembre y que le confiere aforamiento ante la investigación de la jueza de instrucción de la dana, Nuria Ruiz Tobarra.

El portavoz socialista, José Muñoz, ha sido incisivo e irónico en sus críticas, poniendo una primera tarea a “la oficina antiokupas” que están ultimando el PP y Vox, su socio parlamentario: “Ir al residencial Les Naus y desalojar a los okupas del PP”. “¿Este es el modelo de vivienda pública del PP?“, le ha preguntado a Pérez Llorca, tras pedir la dimisión de la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Susana Camarero.

El president ha defendido el Plan Vive de la Generalitat al que se han adherido “85 ayuntamientos gobernados por los socialistas”, ha obviado a los beneficiarios del PP del escándalo, ha recordado que el solar fue vendido al promotor cuando el Ayuntamiento estaba presidido por el PSPV y ha ponderado que la Generalitat, en cuanto detectó “el trato privilegiado a unos jetas” llevó el caso a la fiscalía. Y se suspendió de empleo y sueldo al funcionario de la consejería al que “ascendió” Compromís cuando formaba parte del anterior Consell de izquierdas. Ni una mención al alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP.

En el mismo sentido se ha expresado la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Susana Camarero, que ha incidido en que la promoción se desarrolló y aprobó bajo el marco de los gobiernos de la izquierda.

Muñoz ha reiterado que fue la Generalitat, presidida por Carlos Mazón, el que cambió el decreto en 2024 para que el promotor fuera quien decidiera las adjudicaciones, como ha sucedido en la primera promoción de vivienda pública en 20 años en Alicante, con pisos vendidos por 215.000 euros que cuestan el doble o el triple en el mercado en ese solar privilegiado, cercano a la playa de San Juan.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, también ha criticado las adjudicaciones, que “explican muy bien la política de vivienda del PP”: “Viviendas de lujo para los suyos mientras 75.000 habitantes esperan una residencia”.

Vox, de bajo pefil

Una de las intervenciones más esperadas era la de del portavoz de Vox, José María Llanos, tras las críticas aceradas de su formación municipal en Alicante (ha pedido la dimisión del alcalde) y su adhesión a la creación de una comisión de investigación en Les Corts sobre el escándalo.

Sin embargo, el síndic del socio parlamentario del PP ha rebajado mucho el nivel y se ha limitado a preguntar al president “qué medidas va a tomar por las irregularidades en las adjudicaciones en el Ayuntamiento de Alicante” y ha incidido en que la comisión de Les Corts debe dilucidar qué ha pasado y qué soluciones se van a adoptar. Luego se ha interesado por el cumplimiento por parte de la Generalitat de los compromisos del pacto alcanzado con el PP para apoyar a Pérez Llorca en la investidura: repatriación de inmigrantes, bajada de impuestos, la defensa del campo y de las señas de identidad valencianas o el cierre de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.