Sánchez se querella contra el juez Peinado por prevaricación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha querellado este martes contra el magistrado Juan Carlos Peinado a través de un escrito firmado por la Abogacía del Estado. Según confirman fuentes del Ejecutivo, el mandatario ha tomado esta iniciativa en “defensa de la institución de la Presidencia” y después de acogerse a su derecho a no declarar como testigo en la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez. Tras una semana de dudas, el jefe del Ejecutivo ha optado por esta opción después de que Peinado se presentara a las 10.20 de esta mañana en el palacio de La Moncloa para tratar de interrogarlo en el sumario que impulsa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Fiscalía y la defensa habían recurrido la celebración de esta comparecencia, que el juez ha querido grabar y que apenas ha durado unos minutos.

La querella firmada por la Abogacía del Estado, que se dirige al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, insiste en que el magistrado ha dictado una resolución “injusta” y “a sabiendas” al firmar la citación de Sánchez. Además, el escrito matiza que esta iniciativa no supone “un ataque al Poder Judicial”; sino, precisamente, la defensa ante un miembro de “ese poder” que se “alejado” del ejercicio adecuado del derecho.

La denuncia subraya que el magistrado “se ha apartado de los métodos usuales de interpretación” al impedir a Sánchez declarar por escrito, como permite la normativa a los miembros del Gobierno cuando van a comparecer en una instrucción como testigos por hechos que han conocido por razón de su cargo. Para justificarlo, Peinado alegó que quería preguntarle por temas que no tenían que ver con su puesto, sino con su condición de marido de Begoña Gómez. Eso ha provocado que, finalmente, el dirigente del PSOE se haya acogido este martes a otro precepto contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que los maridos, así como otros familiares directos de los investigados, “están dispensados de la obligación de declarar” contra sus esposas para garantizar los derechos de la defensa.

“[Peinado] no dedicó ni una sola línea a motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito”, critica la Abogacía del Estado, que censura con enorme dureza la actuación del magistrado: “Hay una larga historia de cómo resoluciones judiciales pueden influir en el devenir político de un país, tanto en España como en el extranjero [...] Es evidente por tanto que la forma de toma de declaración tiene una repercusión a la que no es insensible el legislador, cuando distingue su realización escrita o verbal, en sede judicial o fuera de ella. Nada de esto ha sido respetado”.

La querella incide en la contradicción que, en opinión del Gobierno, comete al juez al tratar de interrogar a Sánchez como marido de Begoña Gómez, cuando a ella la está investigando por ser la mujer del presidente del Ejecutivo. “El resultado lógico del argumento anterior es que nos cuestionamos qué pregunta concreta cabe hacer al testigo respecto de hecho alguno que conozca, y que no lo sea ‘por razón de su cargo”, dice la Abogacía del Estado, que sigue así: “No nos parece posible lógicamente ninguna pregunta vinculada a la investigación de la que pudiese saber el testigo si no es teniendo relación con su cargo, precisamente por la construcción típica del único delito por el que se justifica el interrogatorio”.

“Los hechos investigados son aquellos que conforman el objeto de la investigación y resulta que, en este caso, el objeto de la investigación —por amplio que sea— se circunscribe a un ámbito cronológico concreto: el momento en que el testigo pasó a ser presidente, y no el momento en que pasó a ser marido de la investigada. Es su cargo, no su estado civil, lo único relevante a efectos de cualquier pregunta vinculada a la investigación. Por tanto es incomprensible, jurídicamente, que se deseche [la posibilidad de que Sánchez declare por escrito], y además sin motivación (quizá porque no la hay)”, reza la querella.

Dos minutos de declaración

La Moncloa ha acogido este martes una escena inédita en la actual etapa democrática: la de un juez acudiendo a La Moncloa para tomar declaración en persona al jefe del Ejecutivo. Sin embargo, el magistrado no ha podido cumplir con todas sus expectativas, pese a sus esfuerzos para celebrar esta cita.

A la salida de la comparecencia, el abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha detallado cómo se ha desarrollado: “La declaración ha durado exactamente dos minutos”. Según ha dicho, el juez le ha preguntado a Sánchez si tenía alguna relación con algún investigado y él ha afirmado que era el cónyuge de la imputada; se le ha comentado entonces si se acogía a la dispensa de no declarar, y él ha contestado que sí. A continuación, se ha levantado el acta. “Consideramos que era innecesario afectar al funcionamiento de una institución esencial en el Estado”, ha apostillado Camacho en referencia a la Presidencia del Gobierno: “No tenía sentido la práctica de esta diligencia”. El abogado ha remachado que Sánchez estaba “tranquilo”. “Es muy difícil en este procedimiento vaticinar qué va a pasar”, ha criticado el exministro.

La cita de este martes ha estado rodeada de expectación, y también de polémica. La organización ultracatólica Hazte Oír, personada como acusación popular en el sumario, había convocado una concentración a las 9.30 cerca de La Moncloa bajo la proclama de: “Sánchez tiene que dar la cara. Vamos a estar cerca de Moncloa para que oiga el clamor del pueblo español. Es hora de exigir explicaciones. Por España, por nuestros derechos”. Pero solo una treintena de personas ha acudido este martes a la llamada: “Es una mafia, no es un Gobierno”; “Sánchez dimisión, Sánchez a prisión”; y “Sánchez canalla, España no se calla”, son algunos de los lemas coreados por los escasos manifestantes, que también han proferido insultos.

Por su parte, la Fiscalía y la defensa de Gómez han denunciado la deriva procesal que ha tomado el procedimiento. El ministerio público insiste en que el magistrado impulsa una investigación “carente de indicios”, prospectiva —prohibida por la legislación—, “desmesurada”, repleta de “disfunciones” y que “adolece de la mínima precisión”; además de acusar al juez de no justificar lo suficiente sus decisiones. En esa misma línea, el fiscal José Manuel San Baldomero ha recalcado que no “hay rastro alguno” del “tráfico de influencias en cascada” que ha alegado el instructor Peinado para acudir a La Moncloa, adonde ha ido acompañado del fiscal, de los letrados de las defensas y de la abogada de Vox, Marta Castro, que coordina a las cinco acusaciones populares.

La causa contra Begoña Gómez comenzó el 16 de abril, cuando el juez Peinado abrió diligencias tras recibir por reparto una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Los extremos de la instrucción no se han aclarado hasta ahora. Pero de las resoluciones del magistrado se desprende que se investiga la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés; su conexión con Javier Hidalgo, quien fuera consejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa —compañía rescatada por el Consejo de Ministros en 2020—; y los vínculos de la esposa del presidente con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigió una cátedra.