El juez que investiga a Begoña Gómez cita a declarar como testigo a Pedro Sánchez el próximo 30 de julio

El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta la causa contra Begoña Gómez, ha decidido dar un salto enorme en su instrucción contra la mujer del presidente del Gobierno por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Después de que la esposa de Pedro Sánchez se acogiese el pasado viernes a su derecho a no declarar, el juez ha acordado interrogar como testigo al propio presidente y ha dictado una resolución para tomarle declaración el próximo 30 de julio, a partir de las 11.00, en el palacio de La Moncloa. Tras conocerse la noticia, el PP ha pedido la dimisión de Sánchez. Y Vox, personado como acusación popular en el sumario, ha añadido: “No descansaremos hasta desalojar al clan corrupto que ocupa La Moncloa y que paguen ante un tribunal”.

A través de un escrito fechado el pasado viernes, Peinado ha aceptado una de las peticiones que las acusaciones populares —encabezadas por la formación ultraderechista Vox— pusieron sobre la mesa ese mismo día tras la comparecencia de Gómez en el juzgado. “Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada, Pedro Sánchez Castejón”, resume el juez en el documento, donde señala que también quiere grabar ese interrogatorio.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que los maridos, así como otros familiares directos de los investigados, “están dispensados de la obligación de declarar” contra sus esposas para garantizar los derechos de la defensa. Sin embargo, se contempla que será el magistrado quien les “advertirá” de ello, y que tendrá que comentarle igualmente al testigo que, aunque no quiera responder a las preguntas de nadie, puede “hacer las manifestaciones que considere”.

La legislación también establece que los miembros del Gobierno puedan declarar por escrito como testigos en las instrucciones judiciales cuando estas versen sobre hechos que hayan “conocido por razón de su cargo” —así lo han hecho, por ejemplo, varios de los actuales ministros en el caso Pegasus abierto en la Audiencia Nacional; o lo hizo en el pasado Esperanza Aguirre en el caso Gürtel cuando ya era expresidenta de la Comunidad de Madrid—. Pero el magistrado, que aseguró que indagaba “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por Gómez desde que su esposo es presidente del Gobierno de España”, se aferra ahora al precepto de la norma que le permite interrogar a un componente del Ejecutivo en persona y en su despacho cuando se trate de “cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo”.

Cinco párrafos

La resolución dictada por el juez Peinado para citar a Sánchez como testigo se compone de solo cinco párrafos, repartidos en dos páginas. En ese escrito, el magistrado expone que investiga un “tráfico de influencias en cadena” y la “posible relación de [Gómez] con una autoridad”. Todo ello, en unas pesquisas contra la esposa del presidente que comenzaron hace tres meses; y en las que aún no se han aclarado los extremos de la instrucción. Aunque, del contenido de las resoluciones del magistrado, se desprende que se investiga la relación de la mujer del jefe del Gobierno con el empresario Juan Carlos Barrabés; su conexión con Javier Hidalgo, quien fuera consejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa —compañía rescatada por el Consejo de Ministros en 2020—; y los vínculos de la esposa del presidente con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigió una cátedra.

Para poder ejecutar su iniciativa, el magistrado ha ordenado a la Policía y a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid —que se encarga de dotar de medios a la Administración de Justicia en esta región— que acudan a La Moncloa para “instalar los dispositivos necesarios” para grabar el interrogatorio al presidente del Gobierno. El juez Peinado añade que los agentes y estos técnicos acudirán junto a la correspondiente comisión judicial para que puedan hacer constar si “se produjera algún incidente”.

Tercer imputado

La causa contra Begoña Gómez ha experimentado este lunes, además, otro cambio sustancial. El instructor ha decidido imputar a Joaquín Goyache, rector de la Complutense. Peinado ha adoptado esta decisión tras haberle ya tomado declaración como testigo el pasado 5 de julio, una condición que le impidió entonces acogerse a su derecho a no declarar y acudir a la cita junto a un abogado, y que le obligaba a decir verdad bajo la amenaza de que, si no lo hacía, se adoptasen medidas legales contra él. Goyache afirmó entonces que no detectó la existencia de irregularidades en la relación de Gómez con la UCM.

En una resolución dictada este mismo lunes, el juez argumenta que ahora debe imputar al rector, a raíz del propio “testimonio que prestó el 5 de julio” y de las declaraciones del actual vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, y de su predecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio, que comparecieron en el juzgado el pasado viernes. Según fuentes jurídicas presentes en esa cita, ambos explicaron que no detectaron irregularidades, pero Doadrio dijo que Goyache contactó con él para la creación de la cátedra y que le dio luz verde porque lo vio todo correcto.

Durante el interrogatorio a Goyache como testigo, el juez insistió en preguntar por qué tipo de requisitos académicos se necesitan para dirigir una cátedra en la UCM. “Le pregunto por la exigencia de titulación académica para pasar a formar parte del personal docente de la Universidad Complutense de Madrid”, le expuso el magistrado al rector, que respondió: “No se le puede considerar como personal docente porque estamos en una formación continuada”. “¿No se exige ninguna titulación?”, inquirió Peinado. “En algunos casos, ninguna”, contestó Goyache, al que ha citado ahora a declarar como imputado el 29 de julio.

Goyache es el tercer imputado de la causa, tras Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés. A este último se le imputó la pasada semana, después de que también se le hubiera tomado antes declaración como testigo. Fuentes jurídicas explican a EL PAÍS que la Fiscalía se ha opuesto ya a la imputación de Barrabés, al considerar que la decisión del juez Peinado es “nula por ausencia de motivación y vulneración de derechos”.