La Complutense pide actuar como acusación contra Begoña Gómez si el juez detecta que hubo un “perjuicio económico” a la universidad

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) quiere indagar si la cátedra que dirigió Begoña Gómez en dicho centro, llamada de Transformación Social Competitiva, generó algún “perjuicio económico” a las arcas del organismo público. La institución ha enviado un informe al magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta la causa contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, donde señala que una investigación interna de la UCM no ha conseguido alcanzar ninguna “conclusión definitiva” al respecto —entre otros motivos por la “falta de colaboración de determinados intervinientes”, reprocha el órgano docente, sin precisar quién—. Por lo que, según añade dicho documento, le pide al juez que se le permita actuar como acusación si él detecta una “apropiación indebida” a costa del centro docente.

El contenido de este informe de la UCM, con fecha 1 de julio, se ha conocido este miércoles mientras el Congreso celebraba un pleno que ha vuelto a enfrentar a Sánchez con el principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP). De hecho, a los pocos minutos de conocerse esta noticia, el popular ha aprovechado para arremeter contra el jefe del Gobierno: “La Universidad Complutense pide al juez que investigue a su mujer por apropiación indebida tras hallar indicios en una investigación interna. Se acabó la mañana, señor Sánchez. Váyase a su despacho y redacte la tercera y definitiva carta”, ha cargado Feijóo contra el presidente.

El pasado 18 de junio, la UCM pidió personarse en el caso como acusación particular al considerar que podría haber resultado perjudicada. El magistrado Peinado, que mantiene imputada a Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, rechazó esa iniciativa dos días después, tras concluir que “no consta el perjuicio que pudiera haber sufrido” la universidad. Ante tal revés, el centro docente ha decidido enviar al juzgado un informe de la investigación interna que ha abierto sobre la cátedra que dirigió Begoña Gómez. La Complutense ha tratado de averiguar “si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad (plataforma o software)“, así como irregularidades en contratos y gastos ejecutados en el “marco” de esa cátedra.

Sin embargo, la propia institución pública admite que “no ha podido alcanzar una conclusión” al respecto. “Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o no de perjuicio sobre su patrimonio: en particular, por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta Administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración”, reza el documento enviado al juzgado, al que tuvo acceso EL PAÍS. Y añade: “Dada la falta de cooperación [...], a lo cual se suma la complejidad del tema en curso, esta universidad considera que no podrá alcanzar, por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes”.

Eso sí, a lo largo de su informe, la UCM incluye varios reproches. Por ejemplo, el centro explica que, “sin conocimiento ni participación de esta universidad”, Begoña Gómez creó una empresa llamada Transforma TSC, que “pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del convenio para la creación de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva firmado entre la UCM y otras personas jurídicas”. Según consta en el registro, esta compañía tiene por objeto social el “impulsar y promover la estrategia de Transformación Social Competitiva, integrando los objetivos de desarrollo sostenible en las organizaciones, para promover una sociedad más justa y un planeta sostenible”.

Igualmente, a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la universidad ha encontrado que existen dos marcas registradas a nombre de la mujer del presidente: “TSC - Transformación Social Competitiva” y “Transforma Plataforma de Medición de Impactosical [sic] y medioambiental”. “La UCM no tuvo conocimiento de la posible existencia de tales marcas hasta la publicación por los medios de informaciones referidas a Gómez”, explica el informe del centro docente.

Las pesquisas judiciales contra Begoña Gómez arrancaron el 16 de abril, cuando el magistrado Juan Carlos Peinado abrió diligencias tras recibir por reparto una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Los extremos de la instrucción no se han aclarado hasta ahora. Pero de las resoluciones del juzgado se desprende que se investiga la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés; los vínculos de la esposa del presidente con la Complutense; y la conexión de ella con Javier Hidalgo, quien fuera consejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa —compañía rescatada por el Consejo de Ministros en 2020—.

El magistrado prevé interrogar a Begoña Gómez este viernes, después de que suspendiera su primera comparecencia el pasado 5 de julio porque no le había notificado toda la documentación del caso. Después de su declaración como imputada, el juez también ha citado como testigos al actual vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, y a su predecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio. El magistrado tomó esta iniciativa después de que el rector de la institución, Joaquín Goyache, testificara hace dos semanas y negase la existencia de irregularidades en la relación que Begoña Gómez ha mantenido con la UCM.