El número dos de Interior de Rajoy alega que las numerosas búsquedas sobre Podemos son una “actividad policial normal”

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), ha alegado que las numerosas búsquedas policiales sobre 55 diputados de Podemos no son “más que el resultado de una actividad policial normal y ordinaria, como la realizada sobre cualquier ciudadano”. El antiguo alto cargo del Ejecutivo, que fue mano derecha de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2011 y 2016, responde así al informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) incorporado a la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la guerra sucia urdida contra el partido de izquierdas entre 2015 y 2016.

Martínez ha enviado un escrito al juez Santiago Pedraz, que dirige estas pesquisas, donde resta todo valor a ese informe de Asuntos Internos, que señala que la Policía efectuó 6.903 búsquedas sobre diputados de Podemos entre 2015 y 2016. El ex secretario de Estado insiste en que este análisis de los investigadores, al que achaca una “falta de rigor”, no demuestra que existiese un rastreo masivo sobre miembros de Podemos con el objetivo de obtener información comprometedora contra ellos, para después filtrarla a los medios de comunicación afines con la idea de desprestigiar a esos dirigentes políticos. Sin embargo, Pedraz pidió el lunes indagar si hay más diputados de la formación afectados.

En enero de 2016, apenas un mes después de las elecciones generales de diciembre de 2015 —en las que Podemos irrumpió con 69 diputados—, Martínez mantuvo una conversación con el comisario Enrique García Castaño donde hablan sobre la obtención de datos de los parlamentarios de la formación liderada entonces por Pablo Iglesias. “De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo? [...] Sería muy interesante saberlo... Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc.”, pregunta el Secretario de Estado, que insiste a su interlocutor: “¿Digo que si los demás están limpios? ¿Tampoco violencia callejera, anarcas, etc.? [...] Mira con ojos atentos”. El comisario le precisa: “El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar los 69, se saca, pero hay que mirar uno a uno y, claro, deja rastro”.

En el escrito remitido a Pedraz, fechado este martes y al que tuvo acceso EL PAÍS, Martínez no se refiere a esa conversación, y se centra en el informe enviado por Asuntos Internos al juez: “La información aportada [en ese análisis] no demuestra en absoluto, en el plano indiciario, el relato fáctico de la querella. Sencillamente, el resultado de esta diligencia no aporta nada al debate que nos ocupa”. “Se aportan consultas, desde distintas comisarías de toda España, que pueden tener muy variadas razones, como renovación de DNI y pasaporte, controles en aeropuertos, datos sobre hospederías (que se remiten a la policía por los propios hoteles), denuncias interpuestas por estas personas y un largo etcétera”, expone el ex secretario de Estado, que añade que los agentes se han confundido y han contado, como búsquedas de diputados de Podemos, búsquedas sobre otros ciudadanos que tenían los mismos apellidos.

Este no es el único frente judicial que tiene abierto Martínez. El antiguo número dos de Fernández Díaz se encuentra acusado en las pesquisas sobre la Operación Kitchen, el despliegue de espionaje urdido en Interior contra Luis Bárcenas, extesorero del PP, para robarle documentación sensible sobre altos cargos del partido conservador. Un juzgado de Andorra también lo investiga por la Operación Cataluña, que tenía por objetivo la búsqueda de trapos sucios y fabricación de pruebas contra dirigentes independentistas catalanes.

A su vez, la Audiencia Nacional ha criticado la “deplorable utilización partidista” de información policial que Martínez hizo durante su etapa en el ministerio. Como ha avanzado EL PAÍS, la Sala de lo Penal ha criticado un encuentro que él y el comisario José Manuel Villarejo mantuvieron el 22 de agosto de 2014, cuando charlaron sobre los negocios del padre y dos tíos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PSOE considera que esa reunión demuestra que se activó una “persecución” contra el dirigente socialista y su familia nada más llegar a la secretaria general del partido, aunque el tribunal descarta que existan indicios de delito sobre este extremo.