La Audiencia Nacional reprocha la “deplorable utilización partidista” de información que hizo la Policía de Rajoy

La Audiencia Nacional ha reprochado la “deplorable utilización partidista” de información que hizo la Policía Nacional controlada por el PP durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, con el Gobierno de Mariano Rajoy. La Sala de lo Penal de este tribunal ha emitido una resolución, fechada el 28 de junio, que critica el encuentro que el comisario José Manuel Villarejo y Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad y mano derecha del ministro, mantuvieron el 22 de agosto de 2014, cuando charlaron sobre los negocios del padre y dos tíos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PSOE considera que esa reunión demuestra que la policía patriótica —que operó bajo el Ejecutivo popular— activó una “persecución” contra el dirigente socialista y su familia nada más llegar a la secretaria general del partido, aunque el tribunal descarta que existan indicios sobre este extremo.

La Sala de lo Penal se ha pronunciado a raíz de un recurso que presentó el PSOE contra la negativa del magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, de interrogar como imputados a Martínez y Villarejo sobre ese encuentro. Los socialistas insistían en que se les debía tomar declaración porque el audio de esa reunión, grabado por el comisario, evidencia que se produjo una “investigación policial prospectiva prohibida” por la ley y que la información obtenida se usó para “beneficio propio” y para perjudicar al adversario político.

Sin embargo, en esta resolución del 28 de junio, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los jueces de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal afirman que no encuentran “elementos” que apunten a la “comisión de un ilícito penal”, más allá del “reproche moral que puede hacerse del contenido de estas conversaciones mantenidas entre un secretario de Estado y un comisario de policía”, “así como de la deplorable utilización partidista de informaciones sobre actividades privadas lícitas de personas vinculadas por parentesco con altos representantes políticos”.

La conversación entre Villarejo y Martínez se produjo el 22 de agosto de 2014, poco más de un mes después de que Sánchez fuese elegido secretario general del partido. Durante esa charla, el comisario aprovechó para sacar el “tema Pedro” y relatar con detalle los supuestos negocios del padre y de dos tíos de Begoña Gómez (“el tema de las saunas esas”, dijo el comisario). “Esto mataría a cualquiera que va con la bandera del rollo feminista...”, le dijo entonces el secretario de Estado a su interlocutor.

Tras analizar el recurso del PSOE y esas palabras, la Sala de lo Penal argumenta que “no hay indicios” de que se encargara “una investigación oficial policial irregular”: “Lo que descarta la concurrencia de alguna decisión administrativa arbitraria que pudiera integrar un delito de prevaricación”. Además, según prosigue el tribunal, tampoco consta que los datos que manejaron Martínez y Villarejo fueran “secretos o provenientes de informaciones de las que hubieran tenido conocimiento por razón de sus cargos”, ni que fueran ellos quienes los facilitaran a los medios de comunicación que los publicaron antes de las elecciones generales de 2015, como sospechan los socialistas. La Fiscalía tampoco ha apreciado indicios de delito.

“[El contenido de esa conversación] no parece responder a la información sobre el resultado de investigaciones encomendadas a algún policía, sino a la puesta en común de datos que el citado comisario parecía conocer por su relación con otros compañeros de la policía”, continúa la Sala. En la misma línea ya se pronunció el juez García-Castellón el 16 de mayo, al descartar la citación como imputados del ex secretario de Estado y del comisario. “No existen indicios de que la información relativa al suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea resultado de ninguna investigación en la que hubieran participado José Manuel Villarejo en su condición de comisario del Cuerpo Nacional de Policía, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), y Francisco Martínez, desde su puesto de secretario de Estado del Ministerio del Interior”, subrayó el magistrado, que señaló en un auto que la información que intercambiaron podrían proceder de los “contactos” que tenía otro comisario (Enrique García Castaño, alias El Gordo) con el suegro de Sánchez, a quien conocía.

Investigación en Andorra

Paralelamente, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de ayuda solicitada por un juzgado de Andorra que investiga la bautizada Operación Cataluña, una de las maniobras atribuidas a la llamada policía patriótica —ese grupo de mandos del Cuerpo que operaron durante el mandato de Fernández Díaz para atacar a adversarios del PP—.

La Operación Cataluña tenía por objetivo la búsqueda de trapos sucios y fabricación de pruebas contra dirigentes independentistas catalanes. Un juzgado de Andorra investiga la presunta implicación en esos hechos de Mariano Rajoy; Jorge Fernández Díaz; Francisco Martínez; Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda; Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía; y el comisario Eugenio Pino, máximo responsable operativo del Cuerpo con el PP. Y, para avanzar en sus pesquisas, el juzgado del Principado había pedido auxilio a las autoridades españolas para notificar su imputación a todos ellos. Sin embargo, la Audiencia de Madrid ha concluido que esa petición de ayuda debe denegarse, al considerar que esta no incluye una “descripción individualizada de los hechos que se imputan a cada querellado”.