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La Audiencia Nacional investigará la guerra sucia urdida contra Podemos en época de Rajoy

El juez Pedraz admite la querella del partido contra el ex número dos del Ministerio del Interior y el exjefe de la Policía Nacional

J. J. Gálvez
Audiencia Nacional
Desde la izquierda, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, en marzo de 2016.Luis Sevllano Arribas

La Audiencia Nacional investigará las maniobras urdidas contra Podemos en el seno de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior en época del Gobierno de Mariano Rajoy (PP). El juez instructor Santiago Pedraz ha admitido a trámite parte de la querella presentada por el partido de izquierdas contra la antigua cúpula del Cuerpo y de Interior, dirigido en aquella etapa por Jorge Fernández Díaz, por las operaciones irregulares y sin control judicial que se impulsaron para desprestigiar a la formación política, en algunos casos con pruebas falsas.

En una resolución fechada este jueves, el juez Pedraz da luz verde a indagar la supuesta implicación de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y antiguo número dos de Fernández Díaz; de Eugenio Pino, ex director adjunto de la Policía Nacional (máximo jefe operativo); de tres comisarios (Andrés Gómez Gordo, Enrique García Castaño y Germán Rodríguez Castiñeira); y de un inspector jefe, José Ángel Fuentes Gago. Cinco de ellos (Martínez, Pino, Gómez Gordo, García Castaño y Fuentes Gago) ya se encuentran procesados en la Audiencia Nacional por participar en el caso Kitchen, la operación parapolicial activada en 2013 para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas y arrebatarle presuntamente documentos comprometedores sobre dirigentes del PP, entonces acorralado por el caso Gürtel —la trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa—.

Sin embargo, el magistrado rechaza, de momento, admitir la querella contra otros antiguos altos cargos de Interior: entre ellos, el propio exministro Fernández Díaz, e Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía Nacional. “Debe señalarse que, ni de Fernández Diaz o Cosidó, se relata más que una suposición de que, por los cargos que ostentaban, deberían conocer y autorizar los hechos. Dicha imputación es insuficiente para admitir la querella contra los mismos. Del director general se dice que habría filtrado una información a la prensa, lo cual es una afirmación que no permite sustentar la imputación de haber participado o consentido investigaciones contra miembros del Parlamento”, afirma el magistrado instructor.

La querella de Podemos se presentó por presuntos delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. El partido también apuntó posible malversación y delito contra las instituciones del Estado, aunque Pedraz descarta estos dos al apreciar que no encajan en los hechos relatados en la denuncia.

En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial” sobre los miembros del partido. Todo ello, sin control de un juez o de la Fiscalía. La formación añadía que Martínez informaba después de todo a Fernández Díaz; y que estas maniobras tenían por objetivo filtrar después supuestas informaciones a medios de comunicación —que las publicaban citando “fuentes policiales”— para desprestigiar así a la fuerza política ante la opinión pública.

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En ese modus operandi se enmarca, por ejemplo, el informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un documento policial sin firma ni sello de ninguna unidad del Cuerpo, donde se afirmaba sin pruebas que Irán había financiado al partido. O la filtración de un documento “falsario” que acusaba a Pablo Iglesias, líder de Podemos, de haber cobrado 275.000 dólares del régimen venezolano en 2014 a través de una cuenta a su nombre en el Europe Pacific Bank, en el paraíso fiscal de las islas Granadinas.

Pedraz ha concluido que procede la admisión de la querella, una vez examinada y verificado que algunos de los hechos serían efectivamente competencia de la Audiencia Nacional y constitutivos de infracción penal. Por ello, el magistrado encarga recopilar información de otras causas judiciales donde han brotado indicios sobre las turbias maniobras contra Podemos: como el caso Villarejo, la investigación que gira en torno a la figura del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Como publicó EL PAÍS, al menos ocho testigos sitúan detrás de la guerra sucia contra la formación política a la policía patriótica —el grupo de agentes que operó en época de Fernández Díaz contra adversarios políticos del Partido Popular—.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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