Junts y ERC rechazan en el Parlament frenar la iniciativa para declarar la independencia catalana

Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han hecho frente común, junto con la CUP, en el parlamento de Cataluña para asegurar que puede seguir adelante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que persigue la declaración de la independencia de Cataluña. Mientras están abiertas las negociaciones entre el PSOE y los independentistas catalanes para consensuar una ley de amnistía que finiquite las causas judiciales abiertas por el procés, la decisión que ha votado la Mesa del Parlament este jueves supone la ratificación de un acuerdo aprobado el pasado martes y donde se ponía a debate la conveniencia de abrir un trámite legislativo que desemboque en la proclamación de un Estado catalán independiente de España. El PSC, PP, Ciudadanos y Vox presentaron un recurso contra aquella primera decisión para tratar de paralizar la iniciativa alegando que implica un acto inconstitucional, pero los tres partidos independentistas se han puesto de acuerdo para despejarle el camino a la ILP, al menos en sus primeros pasos. La votación de este jueves implica una novedad con respecto a la de dos días antes. Entonces, Esquerra se abstuvo alegando no querer “alimentar las expectativas de la gente”. En cambio, hoy se ha alineado con Junts y la CUP para asegurar el fracaso del recurso para paralizar la tramitación.

La comisión de control del Parlament supervisará el proceso de recogida de 50.000 firmas para activar el redactado de un proyecto de ley sobre la declaración unilateral de independencia. El letrado de la propia comisión de control ya ha advertido en un informe que la hipotética ley no cumple con los requisitos legales para ser admitida a trámite, porque sobrepasa “el ámbito estricto de las competencias de la Generalitat”. Los impulsores de la ILP son miembros de Solidaritat, un partido independentista actualmente extraparlamentario bajo cuyas siglas fue diputado el presidente del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta.

La Mesa del Parlament está presidida por Anna Erra (Junts) y el independentismo suma mayoría gracias a otra representante de los posconvergentes, Aurora Madaula, y las dos butacas reservadas a ERC y la CUP. El PSC ocupa otros dos puestos. La propuesta recibió el martes los votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el rechazo del PSC. Los letrados de la Cámara emitieron un informe, no vinculante, en el que advierten de que la iniciativa desborda las competencias autonómicas. Ciudadanos y el PSC exigieron una rectificación a la Mesa, incluso con el aviso, por parte de Ciudadanos, de que, si no se da marcha atrás, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional y denunciará a los miembros del órgano ante la Fiscalía por desobediencia y prevaricación. La decisión de la Mesa se produce cuando Junts y Esquerra están negociando con el PSOE una ley de amnistía para los encausados del procés independentista de 2017.

El informe de los servicios jurídicos del Parlament es desfavorable a la propuesta de la ILP, alegando que el objeto de la propuesta excede el ámbito competencial de Cataluña. “El preámbulo de la ley no se ciñe al ámbito estricto de las competencias de la Generalitat ni busca la fundamentación en el Estatuto y la Constitución”, afirman. La ILP, registrada el pasado 2 de febrero, la ha impulsado una comisión promotora integrada a título individual por tres miembros del partido independentista Solidaritat, que tuvo representación parlamentaria entre 2009 y 2012 y del que formó parte el presidente del Barça, Joan Laporta.

A la iniciativa le aguarda un camino complejo. De entrada, empezará su recorrido en una comisión de control de las ILP, ya establecida en esta legislatura, presidida por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Francisco José Sospedra e integrada por dos magistrados más y tres catedráticos y tres juristas propuestos por el Parlament. De acuerdo con la ley de las ILP, los promotores deberán entregar a esa comisión el texto íntegro de su proposición y los pliegos necesarios para recoger al menos las 50.000 firmas. La comisión deberá sellarlos y numerarlos y entregarlos de nuevo a los impulsores, que tendrán 120 días de plazo para entregar las firmas, con 60 días de ampliación. La ley no fija el calendario de la comisión para validarlas.

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