El Parlament de Cataluña admite a trámite una iniciativa para declarar la independencia en plena negociación de la amnistía
La propuesta, a pesar del aviso de los letrados, ha salido adelante con el voto a favor de Junts y la abstención de ERC. Ciudadanos acudirá al Constitucional y a la Fiscalía si la Mesa no rectifica
La Mesa del Parlamento catalán, presidida por Anna Erra (Junts), ha admitido a trámite este martes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que se reclama una proposición de ley que declare la independencia de Cataluña. La propuesta, en fase embrionaria, ha recibido los votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el rechazo del PSC. Los letrados de la Cámara han emitido un informe, no vinculante, en el que advierten de que la iniciativa desborda las competencias autonómicas. Ciudadanos y el PSC han exigido a la Mesa que rectifique. La formación naranja ha avisado de que, si no se da marcha atrás, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional y denunciará a los miembros del órgano ante la Fiscalía por desobediencia y prevaricación. La decisión de la Mesa, con los votos de Junts, se produce cuando este partido está negociando con el PSOE una ley de amnistía para los encausados del procés independentista de 2017.
Esta es la primera vez que la Mesa apoya tramitar una ILP sobre la independencia, tras desestimar otras cuatro peticiones anteriores: dos en 2008, una en 2019 y otra en 2022. En esa última ocasión, el independentismo también se dividió al votar esa ILP: Junts y la CUP votaron a favor y ERC se abstuvo. Pero la iniciativa decayó al producirse un triple empate. Además, Junts y ERC —impulsores de la declaración de independencia que el Parlament sí aprobó en la recta final del procés en 2017— se desmarcaron hace un año de la propuesta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) de impulsar otra declaración secesionista por lo que en el caso de elevarse a la Cámara tiene un futuro incierto.
Los letrados del Parlament han emitido un informe, consultivo y no vinculante, desfavorable a la propuesta de la ILP. En él sostienen que el objeto de la propuesta excede el ámbito competencial de Cataluña. “El preámbulo de la ley no se ciñe al ámbito estricto de las competencias de la Generalitat ni busca la fundamentación en el Estatuto y la Constitución”, afirman. La ILP, registrada el pasado 2 de febrero, la ha impulsado una comisión promotora integrada a título individual por tres miembros del partido independentista Solidaritat, que tuvo representación parlamentaria entre 2009 y 2012 y del que formó parte el president del Barça, Joan Laporta.
A la iniciativa le aguarda un camino complejo. De entrada, empezará su recorrido en una comisión de control de las ILP, ya establecida en esta legislatura, presidida por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Francisco José Sospedra e integrada por dos magistrados más y tres catedráticos y tres juristas propuestos por el Parlament. De acuerdo con la ley de las ILP, los promotores deberán entregar a esa comisión el texto íntegro de su proposición y los pliegos necesarios para recoger al menos las 50.000 firmas. La comisión deberá sellarlos y numerarlos y entregarlos de nuevo a los impulsores, que tendrán 120 días de plazo para entregar las firmas, con 60 días de ampliación. La ley no fija el calendario de la comisión para validarlas.
Todos los presidentes del Parlament y otros miembros independentistas de la Mesa de 2017 en adelante han sido imputados por permitir el debate de resoluciones y proposiciones de ley sobre la independencia y sobre la monarquía, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional. En noviembre de 2022, sin embargo, el expresidente de la Cámara Roger Torrent y otros tres miembros de la Mesa fueron absueltos de ese delito por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró que esas resoluciones constituían una “mera proclama política” y que no había intención de materializar la secesión.
“Persiste en los errores del pasado”
El PSC se ha desmarcado por completo de la decisión de la Mesa y ha presentado una propuesta de reconsideración ante el propio órgano parlamentario. “Es una iniciativa extemporánea que persiste en los errores del pasado en un momento en el que la sociedad catalana apuesta por pasar página de 10 años que no han sido buenos para Cataluña”, sostienen fuentes socialistas. Carlos Carrizosa, presidente del grupo de Ciudadanos, ha lamentado que ninguna medida sirve para frenar al independentismo. “Tenemos empapelada la pared con resoluciones favorables del Constitucional que no sirven para nada más que para decir que nos dieron la razón, y parece que a los políticos parece no importarles nada”, ha dicho. “Estamos ahora más indefensos que en 2017″.
La diputada de la CUP Laia Estrada ha defendido su voto a favor argumentando que en el Parlament se tiene que poder hablar de todo. “Hemos dado apoyo explícito por respeto a la gente organizada de este país”, ha afirmado. “¿Expectativas? Facilitar la tramitación y hablar y debatir. Hay que poner profundidad en el proceso de autodeterminación. No para generar expectativas, sino para hablar de cosas que son necesarias para avanzar”. David Cid, portavoz de En Comú Podem, ha recordado que su formación no forma parte de la Mesa, pero ha recalcado que Cataluña no está ahora en un proceso como el de 2017. “Cataluña no está en ese escenario. 2024 es otro momento. Estamos por cerrar la vía judicial y devolver a la política lo que nunca debió salir”, ha afirmado.
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