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Los 11 de Kitchen: acusados, penas y hechos

La trama, urdida para espiar a Bárcenas y boicotear la investigación judicial de Gürtel, implica a la cúpula de Interior y de la Policía del Gobierno de Mariano Rajoy

J. J. Gálvez
Jorge Fernández Díaz, durante una comparecencia en el Congreso, en una imagen de archivo.
Jorge Fernández Díaz, durante una comparecencia en el Congreso, en una imagen de archivo.Alvaro Garcia

El magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, abrió este viernes juicio oral contra los 11 procesados por el caso Kitchen, la operación de espionaje urdida contra el extesorero popular Luis Bárcenas para robarle presuntamente documentación comprometedora sobre altos cargos del PP. Esta es la lista de implicados, las penas que solicita la Fiscalía contra ellos y los principales hechos que se les imputan:

Fernández Díaz, la X del puzle

En el auto de procesamiento, dictado en 2021, el magistrado sitúo a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2011 y 2016, en la cúspide de la trama. Él es la X de la operación ilegal, en opinión del juez, que lo reflejó así en su escrito: “En una fecha que no se ha podido determinar entre 2012 y 2013, al parecer, Fernández Díaz instó a Francisco Martínez a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas, con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial [que investigaba el caso Gürtel, sobre la red corrupta liderada por Francisco Correa y que anidó en el seno del PP]”. La Fiscalía Anticorrupción pide que se condene al exdirigente popular a 15 años de cárcel y su inhabilitación durante 33 años.

Martínez, el “coordinador”

Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, durante una comparecencia en el Congreso por la Operación Kitchen, en 2021.
Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, durante una comparecencia en el Congreso por la Operación Kitchen, en 2021.M. Fernández / Pool

Francisco Martínez era la mano derecha de Fernández Díaz. Tras ser jefe de gabinete del ministro, en enero de 2013 pasó a ocupar el puesto de secretario de Estado de Seguridad. Según el juez, él “asumió la coordinación” de Kitchen y se la encomendó al entonces máximo responsable de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Martínez entregó al juez la copia de una serie de mensajes de móvil que presuntamente se cruzó con Fernández Díaz y que evidencian, según el instructor, que el ministro estaba al tanto de la operación ilegal. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el ex secretario de Estado y una inhabilitación de 33 años.

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Pino, el “planificador”

Eugenio Pino, ex director adjunto de la Policía Nacional, en el Congreso en 2017.
Eugenio Pino, ex director adjunto de la Policía Nacional, en el Congreso en 2017.

Fernández Díaz había situado al comisario Eugenio Pino como director adjunto operativo de la Policía, el máximo responsable no político del Cuerpo. Según el juez, Martínez se dirigió precisamente a Pino para “encomendarle” el despliegue de Kitchen: “Su planificación y desarrollo”. La Fiscalía pide 15 años de cárcel y 33 años de inhabilitación para el exjefe de la Policía, que ya fue sentenciado en 2022 a un año de prisión por introducir de forma irregular un pendrive con información ilícita en la causa de corrupción contra la familia de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña.

José Manuel Villarejo, el ejecutor

José Manuel Villarejo, en la Audiencia Nacional, en 2023.
José Manuel Villarejo, en la Audiencia Nacional, en 2023.Jaime Villanueva

Pino ordenó entonces al comisario José Manuel Villarejo la “ejecución” de la trama, según el auto de procesamiento. Este consiguió captar como confidente al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, con el que tejió una estrecha relación. A su vez, entre otras maniobras, se encargó de la mayoría de entregas de dinero al conductor, al que se pagó con los fondos reservados. Condenado ya a 19 años de cárcel por otros proyectos de espionaje, la Fiscalía le pide otros 19 años de prisión por Kitchen.

García Castaño, el “comprometido”

Enrique García Castaño, en la Audiencia Nacional, en una imagen de 2020.
Enrique García Castaño, en la Audiencia Nacional, en una imagen de 2020.Fernando Villar (EFE)

El comisario Enrique García Castaño, entonces responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, recibió igualmente el encargo de Pino de ganarse la confianza de Sergio Ríos, según el sumario. Además, puntualiza el juez, “asume personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión”. Es más, utiliza a agentes a su cargo para espiar a Bárcenas y a su entorno, e incluso él mismo se introduce en un estudio de la mujer del extesorero para buscar información comprometedora del PP que pudieran guardar allí. El magistrado concluye que encontró varios documentos y los sustrajo. La Fiscalía le pide 12 años y seis meses de cárcel —aunque todas las causas contra García Castaño se encuentran en suspenso tras sufrir un ictus—.

Gómez Gordo, el enlace

Andrés Gómez Gordo, en el Congreso de los Diputados, en 2021.
Andrés Gómez Gordo, en el Congreso de los Diputados, en 2021.EFE Fernando Alvarado (EFE)

El comisario Andrés Gómez Gordo, un agente muy cercano a María Dolores de Cospedal (para la que trabajó como asesor), jugó un papel clave. Él conocía al conductor de Bárcenas antes de Kitchen, y se puso en contacto con Sergio Ríos para facilitar su captación. Además, también le hizo entrega de parte del dinero de los fondos reservados. La Fiscalía le pide 15 años de cárcel.

Sergio Ríos, el topo

Caso Kitchen
Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas, en el Congreso en 2021.A. Ortega. Pool (Europa Press)

El conductor Sergio Ríos traicionó la confianza de su jefe, Luis Bárcenas. Facilitó a la trama información que obtenía gracias a su condición de chófer del extesorero, al que sustrajo dispositivos electrónicos (al menos, un móvil) que entregó a dos agentes a las órdenes de García Castaño para que los clonaran. Después entró en la Policía tras aprobar las oposiciones, aunque la acusación sospecha que se amañaron para premiarlo por su ayuda. La Fiscalía le pide 12 años, cinco meses y 15 días de prisión.

Olivera, el presunto sobornador

José Luis Olivera, a su llegada al Congreso en mayo de 2021.
José Luis Olivera, a su llegada al Congreso en mayo de 2021.Europa Press

El juez subraya que el comisario José Luis Olivera, exresponsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), “tenía pleno conocimiento” de Kitchen, “de su ilicitud y del empleo de fondos reservados”. El magistrado pone sobre la mesa que este mando “pudo haber tratado” de sobornar a Manuel Morocho, uno de los agentes que estaba a sus órdenes y que era el principal investigador del caso Gürtel. La Fiscalía Anticorrupción no ha presentado escrito de acusación contra él; aunque, tras ordenar sentarlo en el banquillo, García-Castellón le ha dado al ministerio público un nuevo plazo de tres días para hacerlo. El resto de acusaciones (PSOE, Podemos y la familia Bárcenas) sí piden que se castigue a Olivera con penas de prisión.

Martín Blas, de Asuntos Internos

Marcelino Martín Blas comparece en una comisión del Congreso en 2021.
Marcelino Martín Blas comparece en una comisión del Congreso en 2021.A.Martínez Vélez. POOL/Europa Press (Europa Press)

El juez describe así la implicación del comisario Martín Blas: “Al menos, en una primera fase, habrían participado [en Kitchen] funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos, bajo el mando de Martín Blas, quien sabría de los verdaderos objetivos de la operación y habría dispuesto de fondos reservados autorizados para uso de su unidad para el pago del colaborador Sergio Ríos, entregándoselos materialmente y sin ningún control ni resguardo documental a José Manuel Villarejo”. La Fiscalía le pide dos años y seis meses de prisión.

Fuentes Gago y Días Sevillano, los colaboradores

El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, en el Congreso en abril de 2021.
El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, en el Congreso en abril de 2021.Kiko Huesca (EFE)

En su auto de procesamiento, el magistrado explica que Eugenio Pino contó en Kitchen con la “ayuda” de dos de sus más próximos colaboradores en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía: los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. “Eran dos personas de su máxima confianza, quienes habrían tenido pleno conocimiento de la puesta en marcha y ejecución de la operación, así como de su carácter ilícito al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial, y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados”, afirma el magistrado. La Fiscalía no ha presentado escrito de acusación contra ellos; aunque, al igual que con Martín Blas, García-Castellón ha dado al ministerio público un nuevo plazo de tres días para hacerlo. El resto de acusaciones sí piden que se les castigue con penas de prisión.

Bonifacio Díaz Sevillano, durante su declaración en el Congreso en abril de 2021.
Bonifacio Díaz Sevillano, durante su declaración en el Congreso en abril de 2021.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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