Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz y para su ‘número dos’ por espiar a Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión y más de 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; para el que fuera su número dos, Francisco Martínez, y para el entonces jefe de la Policía Nacional, el comisario Eugenio Pino, como presuntos cabecillas de la Operación Kitchen, el operativo policial montado para espiar sin control judicial al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas y arrebatarle la documentación comprometedora que pudiera tener contra los dirigentes de este partido. El Ministerio Público acusa a estos tres miembros de la cúpula de Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy de los delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad. La reciente reforma del primero de estos delitos no ha afectado finalmente a la petición, según reconocen fuentes de la fiscalía, que pedirá por la misma pena que si no se hubiera producido los cambios legales: 4 años de cárcel por el desvío de cerca de 60.000 euros de los fondos reservados, una partida presupuestaria destinada al pago, entre otras cosas, de confidentes policiales.

En su escrito, Anticorrupción, que intentó hasta el último momento que también fuera procesada la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, recalca que no se puede descartar que en el operativo intervinieran “otras personas de diferentes instancias” que han quedado finalmente fuera de la causa. Precisamente este viernes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de Podemos, al que se habían adherido la propia Fiscalía, la Abogacía del Estado y el PSOE, en el que se pedía que se reabriera el caso Kitchen para que se investigara a Cospedal.

El ministerio público, que finalmente ha pedido sobreseer la causa para tres de los procesados ―el comisario José Luis Olivera y los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano― pide para el comisario José Manuel Villarejo 19 años de cárcel, al incluir un cuarto delito contra él, el de cohecho. Para otro alto mando policial, el comisario Andrés Gómez Gordo, muy cercano a Cospedal, reclama 15 años; mientras que para el también comisario Enrique García Castaño, al que le aplica el atenuante de colaboración tardía en la investigación, rebaja la petición a los 12 años y seis meses. Para el chófer de Bárcenas, el policía Sergio Ríos, pieza clave en el espionaje, Anticorrupción pide 12 años, 5 meses y 15 días de prisión; mientras que el comisario Marcelino Martín Blas, antiguo jefe de la Unidad de Asuntos Internos, se enfrentará a una petición de dos años y seis meses de prisión al imputarle únicamente el delito de encubrimiento. Anticorrupción plantea para el juicio la declaración como testigos del ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y del abogado Javier Gómez de Liaño, que entonces era defensor del extesorero.

Las penas que pide Anticorrupción quedan muy lejos de las que han planteado en sus escritos el propio Bárcenas ―que pide 41 años de cárcel para casi todos los implicados, incluido a Fernández Díaz, Francisco Martínez, y los comisarios Pino y Villarejo― y la acusaciones ejercidas por Podemos ―que también plantea 41 años de cárcel para la cúpula de Interior― y el PSOE ―que reclama 47 años de prisión para el exministro y más de 30 años al resto de procesados―. Además, estas tres acusaciones piden en sus escritos que testifiquen en la vista muchas más personas, entre ellas el expresidente Rajoy; su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Javier Arenas, ex secretario general del partido; y Juan Ignacio Zoido, quien sustituyó a Fernández Díaz en Interior.

En el escrito de acusación, la Fiscalía señala que, “en fecha no determinada de la primera mitad del año 2013″, se puso en marcha la bautizada como Operación Kitchen, que describe como una “ilícita operación de inteligencia dirigida a impedir la incorporación al procedimiento judicial [del caso Gürtel] de material incriminatorio para el Partido Popular y sus máximos dirigentes”. Anticorrupción detalla que el primer paso fue captar al procesado Sergio Ríos, “quien desde principios del año 2013 y hasta septiembre de 2014 trabajó como conductor de absoluta confianza de la familia Bárcenas” y que, por ello, “no solo tenía un gran conocimiento de sus movimientos y actividades sino que, además, en virtud de la confianza que en él tenía depositada” hacía para sus miembros “gestiones privadas [...] como, entre otras, acudir a oficinas bancarias, trasladar documentación a abogados o notarios o guardarles en momentos puntuales efectos personales como el teléfono móvil”.

En su relato, la Fiscalía señala que el chófer transmitía la información que recopilaba a los comisarios Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo (quien entonces estaba fuera de la Policía y trabajaba como asesor de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha), que a su vez se encargaban de hacérsela llegar al también comisario Pino y al secretario de Estado de Seguridad. Luego ambos “reportaban toda esta información” a Fernández Díaz como “responsable máximo” de Interior. A cambio de su colaboración, Ríos recibió, con cargo a los fondos reservados, 54.000 euros en entregas mensuales de 2.000 euros y se le compró una pistola.

Anticorrupción describe que la trama realizó también “estrictas vigilancias” sobre el extesorero y su esposa, Rosalía Iglesias, en las que intervinieron 70 policías de diferentes unidades “con la finalidad de confirmar y ampliar la información facilitada” por el chófer y localizar los lugares en los que la familia Bárcenas “podía ocultar dinero en efectivo o documentación”. El operativo incluyó también la entrada ilegal en un local del centro de Madrid que Iglesias utilizaba para restaurar muebles y el volcado del contenido de los teléfonos móviles del matrimonio.

La Fiscalía también hace hincapié en las actuaciones que la trama policial realizó mientras Bárcenas estuvo en prisión provisional entre el 27 de junio de 2013 y el mes de enero de 2015 por el caso Gürtel. “Con la ayuda de personas que no han sido hasta ahora identificadas ―describe el escrito―, [los procesados] sometieron a un férreo control a Bárcenas [en la cárcel] con la finalidad de continuar obteniendo información y documentación relevante [...] llegando incluso a apoderarse de manera ilegítima de comunicaciones que Bárcenas mantenía con su esposa Rosalía Iglesias Villar y con su letrado en aquellos tiempos, Javier Gómez de Liaño”. El control incluyó el seguimiento de varios presos que la trama sospechaba que podía estar colaborando con Bárcenas. Anticorrupción recalca que de todo ello era informado puntualmente el ministro Fernández Díaz.

La Fiscalía insiste en que los acusados “no compartieron en ningún momento con los investigadores del caso Gurtel ―ni con la UDEF [Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía], ni con el Ministerio Fiscal ni con el Juzgado de Instrucción― la operación policial de inteligencia que llevaron a cabo, ni la documentación e información que recabaron en ejecución de la misma” y que lo hicieron “con la finalidad de impedir que la causa judicial alcanzara a los dirigentes del Partido Popular”. El Ministerio Público describe que, en mayo de 2015, dos años después de la puesta en marcha del operativo, la trama utilizó “de modo torticero” la base de datos de la Policía en el que se recogen todas las investigaciones policiales para disimular esta ocultación de información.

Por último, el escrito hace referencia a la maniobra que dos de los procesados, los comisarios Villarejo y García Castaño, de conservar una parte de los documentos que habían sustraído a la familia Bárcenas “con la finalidad de poder utilizarla en su favor, presionando con su eventual revelación pública, para el caso de que adoptaran decisiones en el ámbito del Ministerio del Interior que consideraran perjudiciales para sus intereses o para el caso de que se les exigiera en algún momento algún tipo de responsabilidad por dichos ilícitos”. El escrito también detalla que Villarejo, antes de su participación en la Operación Kitchen, elaboró en el año 2012 a través del Grupo Cenyt, el entramado societario del que era propietario, un proyecto de investigación privada que denominó “SMP” en el que prometía “la anulación total de las actuaciones judiciales” del caso Gürtel y con el que pretendía embolsarse 15 millones de euros. Según detalla la Fiscalía, el comisario presentó este proyecto al abogado de varios de los imputados en esta causa de corrupción.