Procesado el exministro del Interior y su cúpula policial por el espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas

El calvario judicial del PP escribe este jueves un nuevo capítulo. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto enviar al banquillo a la cúpula política y policial del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015) por la operación de espionaje a Luis Bárcenas urdida en 2013, que tenía como presunto objetivo arrebatar al extesorero popular papeles comprometedores para altos cargos del partido y así evitar que llegaran al juez Pablo Ruz, que entonces investigaba el caso Gürtel y la caja b de la formación. García-Castellón inflige así un duro golpe a la principal fuerza de la oposición, liderada por Pablo Casado, pero archiva las pesquisas contra su exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro, por la “debilidad” de los indicios contra ellos. Ambos se encontraban imputados hasta ahora y la Fiscalía Anticorrupción los señala como la otra pata, la política, que ordenó este despliegue irregular.

Tras cerca de tres años de investigación, García-Castellón considera que ya tiene suficientes pruebas para enviar a juicio al núcleo duro de Interior por una operación pagada con fondos reservados y hecha a espaldas del juez Ruz, que investigaba la financiación ilegal del PP. El magistrado concluye en su escrito que todo el grupo de policías y ex altos cargos se movía con idea de “acceder a documentación e información en poder de Bárcenas para desviarla del proceso judicial en curso”. Este era, incide el auto, “el vector” en común de los implicados y “el fundamento de la operación”. “Y existen indicios que permiten sostener que se materializó el acceso a la información que guardaba el [extesorero]”, remacha el instructor.

Con esta iniciativa, García Castellón, titular del juzgado Central de Instrucción 6, deja a un paso del banquillo a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior cuando se desarrolló Kitchen —entre julio de 2013 y julio de 2015—, a su número dos, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y a parte de la cúpula policial de entonces: desde el director adjunto operativo del cuerpo, el comisario Eugenio Pino, hasta el también comisario José Manuel Villarejo, imputado en una treintena de investigaciones donde se le acusa de dirigir una mafia policial que delinquió para favorecer a particulares, empresarios y al PP. En total, según el auto, procesa a 11 personas por el espionaje a Luis Bárcenas (entre ellos, seis comisarios).

“La intervención de los máximos responsables gubernativos del ministerio resulta solventemente constatada”, subraya la resolución del instructor, que sitúa a Fernández Díaz en ”el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha de la operación”. Según el juez, el “activo” papel de Francisco Martínez responde presuntamente a que recibió “órdenes concretas” de su jefe, que le marcó la “prioridad” de este tema. Además, “la ascendencia [de ambos] sobre los funcionarios policiales de mayor rango que materializaron la operación resulta evidente y vertebra [Kitchen], desde la ideación hasta la autorización de los gastos materiales que permitieron que se materializara”.

El magistrado también señala entre los supuestos culpables al comisario Andrés Gómez Gordo, asesor durante años de Cospedal en su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha. Sin embargo, la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa evita, de momento, el banquillo. A través del mismo auto de procesamiento, contra el que cabe recurso, el juez archiva la causa abierta contra ella y su marido, Ignacio López del Hierro. Este empresario, al igual que Cospedal, mantuvo un contacto permanente con el comisario Villarejo, que le contaba detalles de investigaciones abiertas que se encontraban secretas y que, incluso, desconocía el entonces juez instructor.

García-Castellón descarta la implicación del matrimonio en la trama y resta valor a sus sucesivos encuentros con el comisario: “No se puede criminalizar el derecho de reunión”. “La imputación a ambos investigados de una participación intelectual no deja de ser resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”, reprocha a las acusaciones el juez, que también hace hincapié en que no se ha acreditado “la entrega de dinero alguno por nadie del entorno” de la pareja, como sospecha Anticorrupción y recogen las agendas de Villarejo. Por ello, el instructor también desimputa a José Luis Ortiz, antiguo jefe de Gabinete de Cospedal.

La investigación del caso Kitchen arrancó en noviembre de 2018 tras llegar a la Audiencia Nacional un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional sobre los audios y documentación encontrados al comisario Villarejo que evidenciaban la puesta en marcha de la trama de espionaje, que incluyó la captación como confidente del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, a quien se pagó con fondos reservados. Desde entonces, las pesquisas han ido escalando, señalando primero a la cúpula policial de Rajoy, después a los máximos responsables del Ministerio del Interior y, finalmente, a la propia dirección del PP. De hecho, en un reciente informe, el principal investigador del caso Gürtel, el inspector jefe Manuel Morocho, ponía el foco en el partido y concluía que Kitchen tenía por objetivo “desactivar” las pesquisas judiciales contra los populares.

Sin embargo, de cara a un futuro juicio, la diana no asciende finalmente más allá de Interior y de la policía, según el auto de procesamiento dictado este jueves. García-Castellón da por finalizada la instrucción, pese a que la Fiscalía, la Abogacía del Estado, los perjudicados, las acusaciones populares y varias defensas pidieron que se prolongara seis meses más. Es más, Anticorrupción había solicitado hace apenas 13 días que se interrogara como imputado a Ignacio Cosidó, exdirector general del cuerpo y exportavoz del PP en el Senado, ante “la posible implicación de [más] responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial”. Pero el juez considera esa citación como “innecesaria e inutil” por falta de indicios contra él.

El magistrado también rechaza indagar sobre las últimas declaraciones de Villarejo, que aseguró que informaba a Rajoy de Kitchen a través de mensajes de móvil. “Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”, recalca el juez en su auto, donde añade: “Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado, que acapara una enorme atención mediática, trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades”.

El procesamiento ha coincidido con una comparecencia pública de Pablo Casado, que ha marcado distancias con el exministro del Interior, pero ha defendido a Cospedal, que lo apoyó en su carrera por la presidencia del PP frente a Soraya Sáenz de Santamaría: “Fernández Díaz está suspendido de militancia. También el juez ha dicho que la ex secretaria general, María Dolores de Cospedal, no tiene ninguna responsabilidad y creo que debería llevar a una reflexión a los partidos que decían que no hacíamos nada contra una persona que hoy [por este jueves] se ha visto que es inocente”.