La Policía concluye que el “objetivo estratégico” de Kitchen era “desactivar la causa judicial” contra el PP

Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía e investigador principal del caso Gürtel, ha enviado a la Audiencia Nacional un nuevo informe de 114 páginas donde concluye que la trama que gestó la Operación Kitchen en 2013 tuvo dos objetivos. Uno de carácter “estratégico”: “desactivar” las pesquisas abiertas por la justicia contra el PP por la red de corrupción liderada por Francisco Correa. Y otro de carácter “operativo”: tener “controlado” al extesorero popular Luis Bárcenas, que entonces amenazaba con tirar de la manta ante el juez Pablo Ruz.

Morocho remitió su nuevo informe, fechado este 20 de julio y al que tuvo acceso EL PAÍS, al Juzgado Central de Instrucción número 5, actualmente dirigido por el magistrado Santiago Pedraz y que en su día encabezó Ruz. Este juzgado llevó las pesquisas de Gürtel y fue obstaculizado directamente por la Operación Kitchen, que actualmente investiga Manuel García-Castellón, responsable del Juzgado número 6. De hecho, pese a las excusas de la cúpula del Ministerio del Interior de que el objetivo de esa operación policial era obtener datos para facilitarlos a la justicia, esa información nunca llegó a la Audiencia Nacional ni al grupo de la UDEF que investigaba a Correa y a Bárcenas.

“Esa actuación —escribe Morocho sobre Kitchen— se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción [Pablo Ruz]”, resume contundente el inspector jefe de la Policía, que estudia detalladamente las confesiones judiciales del comisario Enrique García Castaño, uno de los imputados, que colabora con la justicia por estos hechos desde 2019 y que no solo participó en la captación del chófer de Bárcenas como confidente, sino que accedió a un estudio de la mujer del extesorero en busca de documentos comprometedores para el PP.

La UDEF también ha analizado antes los recibís firmados por el conductor por los pagos efectuados con fondos reservados; los informes de seguimiento de los agentes de a pie al exresponsable de finanzas del partido, y la documentación hallada en poder del comisario José Manuel Villarejo sobre Bárcenas. Y ha tenido en cuenta varios mensajes intervenidos a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, que le implican en la trama junto a su antiguo jefe, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante el Gobierno de Rajoy.

Tres “entornos”. El informe describe que la “estructura” que urdió Kitchen “está conformada indiciariamente por tres entornos o niveles distintos que convergen a modo de círculos concéntricos sobre el mismo”. El “entorno general”, donde se señala de forma clara al PP: “[Este] primer nivel o línea [...] corresponde al ámbito político, conformado por la formación política que coadyuva a la definición de los objetivos estratégicos y a la puesta en marcha de la operación”. María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido, se encuentra imputada.

El “entorno intermedio (segundo nivel)”, que apunta al Gobierno de Rajoy: “Se identifica con el ámbito del poder Ejecutivo, que transmite las órdenes a los órganos de la Administración dependientes jerárquicamente para la aplicación de los medios materiales y financieros oportunos”. Y el “entorno específico”, que pone la diana en la antigua cúpula de la Policía Nacional: “[Al] tercer nivel, relativo al ámbito policial, le corresponde la ejecución directa mediante el empleo de recursos materiales, humanos y financieros para dar cumplimiento a los fines pretendidos, definiendo los objetivos tácticos”.

“El modo de relacionarse de las partes del conjunto no responde estrictamente a una estructura organizativa de naturaleza jerárquica, sino que se interrelacionan mediante sistemas interdependientes y líneas de comunicación formales e informales interconectadas”, añade Morocho: “Ello se pone de manifiesto, por ejemplo, mediante el doble circuito interno de la información —tanto el correspondiente al Ministerio como al de carácter político—; [...] en las reuniones realizadas con motivo de la operación, donde traslucían de forma directa las pautas políticas; [...] o en los detalles del operativo como la captación como colaborador [del chófer] por parte [del comisario] Andrés Gómez Gordo cuando este trabajaba en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha”, entonces presidida por Cospedal.

El juez García-Castellón cree que Kitchen se activó el 11 de julio de 2013, cuatro días antes de la confesión de Bárcenas ante Ruz. Aunque Morocho destaca que García Castaño manifestó que había seguimientos al extesorero y su entorno desde la primavera, aunque el imputado dijo que esa labor de espionaje no la hizo su equipo sino Asuntos Internos.

Robar pruebas. El inspector jefe Manuel Morocho enmarca en la Operación Kitchen una serie de “estrategias de protección frente al procedimiento judicial” que se pusieron en marcha supuestamente desde el PP. Eso incluye que la trama se “apoderara de documentos en poder de Bárcenas” —se ha acreditado que se le sustrajeron tres dispositivos móviles—. El objetivo era “evitar” que cualquier material sensible para el partido se “incorporase al procedimiento judicial y, por tanto, incrementara el acervo probatorio”.

Las actuaciones. “El comienzo de [Kitchen] se sitúa en la propia Dirección Adjunta Operativa” de la Policía, entonces dirigida por Eugenio Pino, apunta Morocho. García Castaño afirma que este alto cargo le dio instrucciones directas, al igual que el entonces secretario de Estado de Seguridad. Según su versión, Martínez le encargó “la localización de información en poder” de Bárcenas sobre el PP. En concreto, “soportes digitales de almacenamiento de datos, tipo discos duros, que contendrían información sobre la caja b, donaciones recibidas, los pagos efectuados con fondos ajenos al sistema económico y los pagos de sobresueldos”. También “material relativo a la reforma de la sede del PP, grabaciones de las cámaras de la propia sede donde se recogieran las personas que efectuaban donaciones de dinero así como información bancaria”.

Este control a Bárcenas se extendió también supuestamente a la cárcel de Soto del Real, donde ingresó en junio de 2013 de forma preventiva. La investigación ha revelado que la trama contactó presuntamente con otros presos que también se encontraban allí encerrados.

Fondos reservados. La UDEF ha analizado el uso de fondos reservados —al menos, 53.000 euros— por parte de la trama. La documentación intervenida recoge gastos en “comida, combustible y transporte”, además de pagos mensuales de 2.000 euros al conductor de Bárcenas desde julio de 2013 hasta septiembre de 2015. En este punto, Morocho recuerda que estos fondos son “entregados por la Secretaría de Estado de Seguridad”. García Castaño aseguró que el máximo jefe policial le explicó que se negoció con el chófer su colaboración y este pidió la entrega de una pistola “ya que estaba amenazado”, el “ingreso en la policía” y “la recepción de pagos”. Pese a que Kitchen se desactivó presuntamente en 2014, el conductor siguió de “colaborador” hasta que entró al Cuerpo, resalta Morocho.