“Objetivo: sustracción de pruebas”. El relato del juez sobre la operación para salvar al PP
Recorrido por dos años de investigación sobre la trama policial Kitchen financiada con fondos públicos para espiar ilegalmente a Bárcenas
Los tribunales de justicia y las fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) han destapado y desarticulado numerosas tramas de corrupción de una amplia gama de colores políticos en lo que va de siglo. Pero, en 2019, esos dos cuerpos de funcionarios (el policial y el judicial) se encontraron con un caso distinto: una supuesta red de comisarios corruptos que había usado fondos reservados del Ministerio del Interior para una operación secreta, a espaldas del juez, consistente en tapar la corrupción del partido que gobernaba en esos momentos en España.
Fue ese año 2019 cuando la investigación del caso Tándem, la mafia policial dirigida por el comisario José Manuel Villarejo que operó durante 20 años en España cometiendo todo tipo de abusos e ilegalidades, destapó una operación diseñada en 2013 desde el Ministerio del Interior para obstruir la investigación judicial de la financiación ilegal del PP. Una actividad ilegal pagada con dinero público, ejecutada por funcionarios policiales y pensada para evitar que el Estado de Derecho pudiera combatir la corrupción política, según la investigación judicial.
El juez Manuel García Castellón, que instruye el caso desde hace más de dos años, resumió el contenido de las pesquisas desarrolladas hasta ahora en un auto firmado el pasado 31 de mayo, en el que denegaba una serie de diligencias que pedía la Fiscalía. Su relato es el que sigue:
Una trama para robar material sensible. “La trama, desde la provisionalidad de este momento procesal, puede afirmarse que habría consistido en la captación y manipulación de Sergio Javier Ríos Esgueva, a la sazón conductor de Rosalía Iglesias Villar, esposa del extesorero del PP, Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez, como colaborador informante del Cuerpo Nacional de Policía, para obtener de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio, información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental, relacionado con el referido partido político y altos dirigentes del mismo, a cambio de una retribución mensual con cargo a gastos reservados y el acceso de Sergio Javier Ríos Esgueva al Cuerpo Nacional de Policía a modo de recompensa, con el fin de acceder a dicho material antes de que fuera conocido por la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el seno de la pieza separada de las diligencias previas 275/08 del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional”.
El juez se atreve a afirmar, indiciariamente, que la operación policial se pagó con fondos reservados, incluyó regalar un puesto de funcionario en la policía al confidente y consistió en robar documentación, “antes de que fuera conocida” por el juez que investigaba la financiación ilegal del PP. Todo esto ocurrió cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta y, por tanto, controlaba el ministerio desde donde presuntamente se ejecutó la operación.
Participación de comisarios. “Las actuaciones practicadas en el seno de la presente pieza separada número 7 vienen acreditando, con carácter indiciario, la participación de distintos funcionarios policiales, ya formalmente investigados”, prosigue el juez. “Por lo que respecta a este marco exclusivamente policial, la puesta en marcha de esta ilícita operación policial se habría producido en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a cargo por entonces del investigado Eugenio Pino Sánchez”. Este, “con abuso de sus funciones”, señala García Castellón, habría encomendado la operación a Marcelino Martín Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos, a los comisarios Enrique García Castaño, José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo. El objetivo era “obtener ‘del cocinero’ o ‘K2’, esto es Sergio Javier Ríos Esgueva, a cambio de la entrega mensual de 2.000 euros más gastos procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado al que definen como ‘zulo’ documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo en posesión de Luis Bárcenas Gutiérrez y de su esposa Rosalía Iglesias Villar”.
Dinero desviado de los fines legales. “Los comisarios tuvieron conocimiento de la denominada Operación Kitchen así como de su carácter ilícito al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que serían de ese modo desviados de los estrictos fines legalmente previstos para su autorización y uso”, dice el juez.
Políticos imputados por mensajes cruzados
El juez Manuel García Castellón ha imputado en la pieza separada número 7 del caso Tándem, que investiga la denominada Operación Kitchen, a todos los funcionarios policiales citados en su relato judicial. Pero también a varios dirigentes del Gobierno de Mariano Rajoy —los que fueran ministro del Interior, Jorge Fernández; y secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez— y del Partido Popular —María Dolores de Cospedal, secretaria general en aquellos años—.
En el caso de los dos máximos responsables políticos del Ministerio del Interior, el juez tiene varios indicios para culparles de la operación: el testimonio de los policías y los mensajes telefónicos cruzados entre el ministro y el secretario de Estado. Jorge Fernández niega que los mensajes que supuestamente envió y que le inculpan salieran de su teléfono móvil, algo imposible de comprobar porque no ha aportado ese aparato a la causa. Martínez, que le acusa, levantó acta notarial de su teléfono para probar que los mensajes eran reales.
