El policía arrepentido del ‘caso Kitchen’ deberá guardar el secreto en el Congreso

La comisión de investigación de la llamada Operación Kitchen en el Congreso ha rechazado la petición del comisario de la Policía Nacional Enrique García Castaño de solicitar al Gobierno que le dispense, para su comparecencia de este jueves, del deber de guardar secreto sobre el operativo parapolicial iniciado en 2013 para arrebatarle al extesorero Luis Bárcenas documentación comprometedora para el PP, según documentación parlamentaria a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El arrepentido García Castaño, conocido con el alias de El Gordo y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que hizo los seguimientos ilegales, remitió en febrero un escrito al Congreso en el que pedía que se solicitase esta autorización al Ejecutivo con el fin de “desplegar una amplia colaboración” ante los diputados, como está haciendo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la investigación judicial del espionaje a Bárcenas.

El alto mando policial también solicitaba en ese escrito que se hiciera una petición similar a la comisión parlamentaria de secretos oficiales, para que poder contestar a las preguntas sobre la utilización de fondos reservados para financiar la operación. García Castaño, actualmente jubilado, ha declarado en cinco ocasiones como investigado en la Audiencia Nacional y su testimonio ha sido clave para imputar al ex número dos de Interior Francisco Martínez y el ministro Jorge Fernández Díaz. Además de en el caso Kitchen, García Castaño está imputado en, al menos, otras cuatro piezas de la macrocausa del caso Villarejo.

En su respuesta, el Congreso asegura que la comisión de investigación “tiene competencia para recibir información relativa a secretos oficiales y gastos reservados” y, por tanto, descarta pedir a la comisión de secretos oficiales esa dispensa. Sobre la solicitud de autorización al Gobierno, la Cámara baja señala que tampoco “procede ninguna actuación más en relación con los deberes de secreto que, en su caso, pudieran afectar al compareciente”. Fuentes de la mesa de la comisión recalcan que la respuesta, fechada el 6 de abril, se tomó tras consultar a los letrados del Congreso.

En su escrito, García Castaño recordaba que su colaboración en la investigación judicial ha sido posible porque el ejecutivo le autorizó, en noviembre de 2018, a declarar sobre estos asuntos “sin consecuencias penales por vulneración del secreto oficial”. No obstante, el comisario recalcaba que aquella autorización era exclusivamente para declarar en la Audiencia Nacional, “y no ante la comisión de investigación parlamentaria”. El comisario aseguraba que, en caso de tener dicha dispensa, podrá responder a todas las preguntas que le planteen los diputados, incluidas aquellas que “excedan el conocido como Operativo Kitchen” y apunta la posibilidad de aportar información sobre otros operativos policiales desarrollados “en diferentes partes del territorio nacional (Cataluña, País Vasco) y el extranjero”, en clara alusión a la llamada Operación Cataluña, las supuestas maniobras contra dirigentes independentistas catalanes.

García Castaño será el tercer imputado en la causa por el espionaje a Bárcenas que comparezca en el Congreso, después de que la semana pasada lo hicieran los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. Estos dos mandos policiales se desmarcaron en el Congreso de la operación Kitchen y negaron conocer su existencia. Cuando fueron citados como investigados por el juez García-Castellón ambos policías se negaron a declarar.

Por el contrario, el testimonio de García Castaño en las pesquisas de la Audiencia Nacional se ha revelado clave para el avance de estas. El comisario aportó al magistrado numerosos detalles del operativo, entre ellos su participación en la entrada ilegal en dos locales usados por Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, en busca de documentación y cómo adquirió un ordenador con fondos reservados para volcar en él la información que habían obtenido de manera irregular de los teléfonos del extesorero y su mujer. García Castaño afirmó que ese equipo era para el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que señaló ante el juez como la persona que le encargó participar en la operación Kitchen.