El investigador principal del ‘caso Gürtel’ relata en el Congreso las trabas de la policía del PP

El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho ha detallado este jueves, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria sobre la Operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas, las trabas que la cúpula policial en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior puso a la investigación del caso Gürtel. El agente ha explicado que, en enero de 2015, cuando eran más intensas las pesquisas sobre la caja b del PP, fue destinado a otras funciones para evitar el avance de la investigación.

Morocho ya había declarado como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen, en febrero de 2019. Entonces, el policía, que como responsable del grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado del caso Gürtel firmaba los informes de la investigación, ya relató cómo el comisario Eugenio Pino, máximo mando uniformado de la Policía, le ordenó a comienzos de 2015 trasladarse a las dependencias de la Dirección Adjunta Operativa que él dirigía para pasar a estar bajo sus órdenes directas. Al magistrado le confirmó que eso dificultó y retrasó sus pesquisas sobre los llamados papeles de Bárcenas.

En su comparecencia de este jueves en el Congreso, Morocho ha reafirmado este relato y añadió nuevos datos. Así, mostró su convencimiento de que aquel traslado tenía como objetivo “sacarme de la unidad y trasladar que ya no trabajaba en la UDEF a los órganos superiores del ministerio [del Interior] y, por ende, del poder ejecutivo” ante el malestar que provocaban sus informes sobre la caja b del PP. Morocho ha recalcado que no pudo negarse a la orden, aunque trasladó la situación creada al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, entonces instructor del caso Gürtel. El agente ha añadido que, a partir de ese momento, intentó “compatibilizar” con mucha dificultad su trabajo en las pesquisas sobre la caja b con las nuevas funciones que le había atribuido el jefe policial.

Morocho ha explicado a los diputados que el comisario Pino justificó aquel traslado, que “le sobrecargó” de trabajo, porque necesitaba un experto policial “en cuestiones económico-financieras” tras lo ocurrido con la investigación de una hipotética cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, de CiU, que nunca se pudo demostrar. “Me dijeron que no había salido bien y el ministro [Fernández Díaz] había tenido que salir a dar explicaciones [públicas]”, añadió. A partir de ese momento, fue destinado a la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) —un grupo creado entonces y que fue disuelto años después tras comprobarse que fue utilizado para hacer informes sin control judicial sobre casos ya cerrados, como el 11-M— donde hizo varios informes que nunca fueron utilizados.

Negocios de Villarejo

Uno de ellos versó sobre los negocios del comisario José Manuel Villarejo a partir de un documento del Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales). El agente aseguró que, tras analizar las operaciones societarias e inmobiliarias que recogían ese documento, llegó a la conclusión de que había “elementos indiciarios” de blanqueo de capitales en la actuación del comisario jubilado. Cuando lo comunicó a sus superiores, Morocho ha asegurado que le dijeron “que no lo querían” y nunca fue utilizado. El agente se ha mostrado convencido que el propio Villarejo sabía que estaba haciendo ese informe, del que ha asegurado que no guardó copia.

El inspector jefe también ha explicado que pusieron en sus manos el llamado Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias S. A., con supuestas irregularidades en la financiación de Podemos nunca probadas) para que lo analizara. Morocho ha tildado este documento de “apócrifo” y su contenido, como un cúmulo de datos, entre ellos bancarios, de procedencia desconocida y dudosa. Además, aseguró que presentaba “una visión no neutral desde el punto de vista político”. Pese a ello, la cúpula policial le ofreció hacerse cargo de estas pesquisas, pero lo rechazó. “Si yo daba el visto bueno al informe, iba a tener mayor veracidad”, ha explicado. También ha afirmado que, en otra ocasión, le entregaron documentos en inglés sobre supuestas operaciones de crédito en el extranjero de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, pero que no llegó a analizarlos.

Morocho ha detallado que las presiones por su trabajo en el caso Gürtel venían desde antes de ese traslado y que, incluso le ofrecieron en tres ocasiones “destinos a la carta, incluso en el sector privado” para apartarle de la investigación. También que esas presiones se incrementaron cuando se inició, en 2013, la investigación de los llamados papeles de Bárcenas. Entonces llegó a sospechar que había una operación paralela, de cuyos averiguaciones nunca se informó al juez, para la que le pidieron datos “que afectaban al núcleo de la investigación”. “Se me estaba utilizando [para intentar torpedear las pesquisas]”, ha concluido. Morocho ha indicado que entonces notó “desasosiego” en la cúpula policial por la documentación que Bárcenas pudiera tener y que pudiera confirmar la existencia de la contabilidad opaca que recogía aquellos apuntes.