El espionaje policial, un “arma para negociar” con Bárcenas

En su nacimiento en 1990, el Partido Popular recibió como herencia los fondos de la caja b de Alianza Popular y los modos de actuar de su tesorero Rosendo Naseiro —perfeccionados después por sus sucesores Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas—. Treinta años después, la formación protagoniza el caso Kitchen, un escándalo colosal derivado de su financiación irregular, acreditada al menos hasta 2009. Dos jueces de la Audiencia Nacional, José de la Mata y Manuel García-Castellón, investigan una trama urdida en 2013 por el Ministerio del Interior y la cúpula de la Policía Nacional, siendo presidente Mariano Rajoy, para espiar al extesorero Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias. Se trataba de arrebatarles papeles comprometedores para el partido y sus dirigentes en plena investigación judicial del caso Gürtel y de la caja b de Génova 13.

El robo de los documentos, efectuado por un antiguo empleado de seguridad del PP y exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos no tenía por objeto averiguar el patrimonio oculto del extesorero o ayudar al entonces juez del caso, Pablo Ruz, a quien nunca se le facilitaron dichos papeles. Lo que se buscaba era sabotear las pesquisas del magistrado y otorgar a los dirigentes del PP un “arma para negociar” con Bárcenas, actualmente en prisión, adelantándose a sus movimientos. Así lo valora Manuel Morocho, el inspector jefe al frente del caso Gürtel y sus causas derivadas, en un informe remitido al actual juez instructor De la Mata. La operación fue pagada con 53.000 euros de fondos reservados para Ríos, y estuvo respaldada por el aparato de la llamada policía patriótica del comisario corrupto José Villarejo.

Desde febrero de 2009, el PP vive sobresaltos periódicos por las réplicas del terremoto Gürtel, una trama corrupta que marcó de forma decisiva el legado de José María Aznar al frente del partido. La sentencia de su pieza central, en mayo de 2018, probó la existencia de la caja b y un sistema de corrupción institucionalizada en el PP, y acabó propiciando la moción de censura que apeó a Rajoy de la presidencia y de la política. El temblor del caso Kitchen es de enorme magnitud, y evidencia, cuando menos, que el presidente dejó durante su mandato que un entramado parapolicial boicoteara causas judiciales. Las investigaciones en la Audiencia Nacional determinarán si su actuación en el espionaje a Bárcenas fue más activa o consciente de lo que su imagen pública sugiere. O no. De momento, la causa afecta de lleno al ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, imputado desde enero y podría alcanzar próximamente al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal y al esposo de esta, Ignacio López del Hierro, cuyas imputaciones solicita la Fiscalía Anticorrupción.

Todos ellos están fuera de la política —Fernández Díaz y Francisco Martínez apartados de las listas por Pablo Casado, y Cospedal por aparente voluntad propia tras conocerse sus conversaciones con Villarejo y después de haber dado su respaldo al actual presidente popular contra su enemiga Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP de julio de 2018—. Este ostracismo de la antigua cúpula de Interior, que Casado puede argumentar a su favor como una ruptura con el pasado, tiene un potencial destructivo para el PP en los juzgados o incluso en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen que se creará en el Congreso. Y políticamente, la distancia de Casado con sus antecesores —"en aquella época yo era diputado por Ávila"— también puede desestabilizar a la formación conservadora por lo que pueda interpretarse como una falta de lealtad del líder.

El exsecretario Martínez, en conversaciones recogidas en el sumario, se ha quejado, incluso ante Rajoy, de que el partido le ha dejado “tirado”, y ha dejado recados, a través de sus allegados, a Fernández Díaz: “Se arrepentirá. Ni se imagina lo que le espera”, dijo en julio de 2019 cuando el exministro, en una entrevista en Vozpopuli, dijo no saber nada del espionaje a Bárcenas. Al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, le confió: “mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge [Fernández Díaz], Rajoy o Cospedal”. La declaración de Martínez ante el juez García-Castellón, una vez levantado el secreto del sumario, puede sacudir, una vez más, al primer partido de la oposición.

De momento, el público se va a tener que familiarizar en las próximas semanas con una serie de nombres de la policía patriótica, que ya han sonado por sus operaciones encubiertas contra Podemos o el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Entre ellos figuran el ex director adjunto operativo (DAO), principal mando uniformado, de la Policía Eugenio Pino, que coordinaba la operación junto con Martínez y Enrique García Castaño El Gordo, que dirigía la unidad que realizó los seguimientos irregulares a Bárcenas, con 71 agentes de los que participaron “12 o 14”, según fuentes policiales. O el inspector Andrés Gómez Gordo, policía de confianza y exasesor de Cospedal quien supuestamente abonó los fondos reservados al exchófer de Bárcenas junto con el ubicuo Villarejo, quien además tramitó su ingreso en la Policía como funcionario. Ellos, y sus declaraciones, serán los protagonistas de las próximas semanas junto a los responsables políticos.