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El juez del ‘caso Villarejo’ investiga la guerra sucia de la policía del PP contra Pablo Iglesias

García-Castellón incluye el 'informe Pisa' sobre las finanzas de Podemos y el robo de un móvil a una asesora del político entre las actividades de la 'brigada patriótica'

Informe Pisa Ampliar foto
Pablo Iglesias tras declarar en la Audiencia Nacional, este miércoles.

La Audiencia Nacional investiga el informe que la policía patriótica del PP fabricó en 2016 contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y que fue bautizado como informe Pisa. El juez Manuel García-Castellón ha abierto una pieza separada dentro del sumario del caso Villarejo tras descubrir documentos que se le intervinieron al comisario jubilado, actualmente en prisión, que lo vinculan con el robo del teléfono móvil a una asistente del político, según confirman fuentes jurídicas y policiales. El magistrado ofreció este miércoles a Iglesias personarse en la causa como perjudicado.

A la salida de la Audiencia Nacional, donde respondió durante más de media hora a las preguntas del magistrado y de la Fiscalía Anticorrupción, Pablo Iglesias señaló que las nuevas pesquisas se dirigen contra “una trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios”. Fuentes jurídicas confirman que el líder de Podemos aceptó el ofrecimiento y se personará en la causa. Su partido ya participa en la instrucción del caso Villarejo como acusación popular.

La supuesta guerra sucia de la policía patriótica del PP contra Podemos y su líder llega a la causa después de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, responsable de las pesquisas, remitiese al juez un informe sobre la información que se encontró en poder del comisario jubilado cuando fue detenido (en noviembre de 2017) que revela el supuesto espionaje a Iglesias, detallan fuentes policiales. En concreto, los agentes encontraron en poder del policía documentos con el contenido íntegro de un teléfono móvil robado en 2016 a Dina Bousselham, ayudante de Iglesias durante su etapa en el Parlamento Europeo. Había información política pero también personal. Parte de esta última (unos mensajes privados intercambiados en un chat entre miembros del partido en los que hacía referencia a una presentadora de televisión) fueron reproducidos poco después de la sustracción en el diario digital OK diario.

Sin embargo, la investigación no se centra únicamente en ese robo. Según destacan fuentes judiciales, el juez García-Castellón ha ordenado también recabar información sobre el origen y difusión del llamado informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias SA), un documento policial anónimo sobre las finanzas de Podemos que salió a la luz en 2016. Su existencia se conoció al publicar el mismo diario digital una información que afirmaba que las arcas del partido se nutrían de fondos iraníes y venezolanos. Era la primera vez que se citaba el documento policial como informe Pisa. En los meses siguientes, otros medios publicaron diferentes datos recogidos en el mismo, aunque este carecía de sello de registro en los archivos policiales, del logotipo oficial de la Policía Nacional en sus hojas y de la identidad y firma de los agentes que supuestamente lo habían elaborado.

El Ministerio del Interior, que entonces encabezaba el popular Jorge Fernández Díaz, terminó dándole validez al atribuírselo a un grupo de “inteligencia” policial adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, en la que entonces trabajaba el comisario Villarejo. La DAO estaba dirigida por el número dos de la policía, el comisario Eugenio Pino, señalado por una comisión de investigación del Congreso como el máximo responsable policial de la llamada brigada patriótica, el grupo creado para perseguir a los “adversarios políticos”. del Partido Popular. La policía incluso presentó el informe ante el Tribunal de Cuentas.

Podemos, en su condición de acusación popular, ya pidió el pasado octubre que fuera investigada la autoría del informe Pisa dentro del sumario. En aquel escrito, sus representantes legales solicitaron al entonces juez instructor, Diego de Egea —que el 31 de diciembre abandonó la Audiencia Nacional— que se rastreara en la abundante documentación intervenida al comisario jubilado tras su detención en noviembre de 2017 “cualquier tipo de información, documentación o grabaciones” relativas a este documento policial. Hasta ahora no constaba que la Unidad de Asuntos Internos hubiera encontrado nada.

Tras el ‘caso Kitchen’

La investigación sobre la supuesta guerra sucia contra Podemos y su líder es la segunda operación presuntamente fraudulenta atribuida a la policía patriótica que es investigada por el juez García-Castellón dentro del caso Villarejo. Por la llamada Operación Kitchen, en la que se espió sin control judicial al extesorero del PP Luis Bárcenas y su familia entre 2013 y 2014, tras estallar el escándalo de su contabilidad secreta, ya está imputada la cúpula de la policía durante la primera legislatura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Entre ellos, cinco comisarios. Así, junto a Villarejo y Pino, figuran como investigados Enrique García Castaño, Marcelino Martín-Blas y Andrés Gómez Gordo, además de varios inspectores jefes.

En esta pieza, el juez ya ha recabado numerosas pruebas documentales sobre el presunto desvío de fondos reservados para el pago a confidentes que colaboraron en el espionaje a Bárcenas. También investiga si otra parte de este dinero acabó engrosando las cuentas privadas de algunos de estos altos mandos. Uno de ellos, el comisario García Castaño, declaró este miércoles por segundo día consecutivo en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en las actividades de Villarejo. El mando policial justificó que entregara información secreta a su compañero porque había recibido orden verbal en ese sentido del jefe de la Policía con el PP, Pino.

Casado evita hacer valoraciones: "No hay informaciones contrastadas"

Natalia Junquera

El líder del PP ha evitado hacer comentarios sobre el caso: "No hay informaciones contrastadas. Cuando las haya, podré opinar de esto. De todas formas, mi posición ante cualquier conducta no ejemplar es inequívoca", ha asegurado este jueves tras hacerse la foto de familia de la lista de Madrid al Congreso en la Puerta de Alcalá.

Casado no ha incluido al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en las listas electorales al Congreso y tampoco lo hará en la europea, según fuentes del partido. El PP tampoco ha incluido al exdirector de la Policía  Ignacio Cosidó, senador por designación autonómica, y según las mismas fuentes, no seguirá en la Cámara tras las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.

La ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal dimitió el pasado noviembre tras salir a la luz conversaciones con el comisario Villarejo.  En aquel momento, Casado renegó de las "vergonzantes prácticas del pasado". “En el PP no se admiten prácticas que no sean ejemplares, aunque no conlleven delitos de corrupción”, dijo  un día antes de que Cospedal anunciara que dejaba la política.

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