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El juez cerca a la ‘policía patriótica’ por el espionaje a Bárcenas con la imputación de otros tres mandos

García-Castellón cita como investigados a un comisario y dos inspectores jefes por su supuesta implicación en el espionaje a Bárcenas

Barcenas
El comisario Enrique Barón, hoy, a la salida de la Audiencia Nacional.

Nuevo paso en el cerco judicial a la llamada brigada patriótica, el grupo de policías creado en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior para espiar a los rivales políticos del PP. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a declarar como imputados a otros tres altos mandos de la Policía Nacional por su implicación en la Operación Kitchen, el espionaje sin control judicial en 2013 y 2014 del extesorero Luis Bárcenas y su familia tras estallar el escándalo de su contabilidad secreta. Según ha adelantado eldiario.es, se trata del comisario Marcelino Martín-Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos en la etapa en la que se produjeron los seguimientos irregulares, y los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, ambos destinados en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que dirigía el comisario Eugenio Pino, ya imputado en la causa. Los dos primeros aseguraron a EL PAÍS este jueves que aún no habían recibido ninguna comunicación oficial del juzgado. Con ellos, son ya 15 los agentes de la Policía Nacional —seis de ellos comisarios— imputados en el sumario de la llamada Operación Tándem que investiga las actividades supuestamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La imputación de los tres policías se produce el mismo día en el que el juez García-Castellón ha dado un nuevo impulso a la investigación del caso Kitchen —una de las piezas separadas del caso Tándem— con la citación para que declaren como testigos este jueves, al menos, tres personas. Uno de ellos es el propio Luis Bárcenas, que ya testificó en una ocasión por este tema en su condición de víctima del espionaje y del robo de algunos documentos. Los otros dos son mandos policiales: el comisario Enrique Barón y el inspector jefe Manuel Morocho. El primero era cuando sucedieron los hechos el comisario general de Información y, por tanto, máximo responsable de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional. Su comparecencia se produce tras detectar los investigadores que en los seguimientos participaron subordinados suyos. De hecho, uno de ellos, el comisario Enrique García Castaño, responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), está imputado en esta y en otras tres piezas del sumario por su supuesta colaboración en las actividades ilícitas del comisario Villarejo.

El otro agente llamado a declarar, el inspector jefe Morocho, era el jefe del grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación del caso Gürtel. El juez y la Fiscalía Anticorrupción –los únicos que pueden participar en el interrogatorio ya que la pieza está declarara secreta- quieren saber si alguno de los mandos que dirigieron la Operación Kitchen le informaron de los seguimientos a Bárcenas y le entregaron la información y los documentos que recabaron durante los mismos. Los mandos que han declarado hasta ahora en la causa por estos hechos se han alegado para justificar su actuación en que el espionaje al extesorero del PP tenía como objetivo descubrir la supuesta existencia en el extranjero de parte del botín que pudo acumular Bárcenas.

Los tres nuevos imputados tuvieron un papel destacado en las supuestas actividades de la policía patriótica. El comisario Martín-Blas –que terminó enfrentado con Villarejo y con el jefe de ambos, el comisario Pino, por sus investigaciones en el caso del Pequeño Nicolás- viajó el 29 de octubre de 2012 junto a otro mando policial, el comisario José Luis Olivera, a Barcelona para reunirse con integrantes de la Fiscalía de Barcelona y convencer a los encargados del caso Palau de que solicitaran el registro de la sede de Convergència con el fin de ahondar en las pesquisas sobre la supuesta financiación irregular de la formación de Artur Mas. Entre la documentación que estudió la comisión de investigación del Congreso que concluyó que existió la policía patriótica se encontraba una relación con los 16 viajes que Martín-Blas hizo a Cataluña entre 2012 y 2014 coincidiendo con momentos claves de la llamada Operación Cataluña contra el independentismo.

Los inspectores jefe Fuentes Gago y Díaz Sevillano también se han visto salpicados en episodios de la policía patriótica. El primero fue el muñidor de los encuentros entre el ministro Fernández Díaz y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Las grabaciones de los encuentros entre ambos destaparon parte de las actividades irregulares de dicho grupo policial. Por su parte, Díaz Sevillano ha sido procesado recientemente, junto al comisario Pino, por un juez de Madrid por intentar incorporar irregularmente documentos en el sumario del caso Pujol. Tras la salida de Fernández Díaz de Interior, ambos fueron recompensados con puestos de alta remuneración como agregados en las Embajadas de España en Holanda y México. Tras la llegada del PSOE al poder en el verano de 2018, una de las primeras decisiones del equipo de Fernando Grande-Marlaska fue, precisamente, cesarles en estos puestos.

Con la imputación de estos tres, ya son quince los altos mandos policiales en activo o ya jubilados imputados en la causa, entre ellos seis comisarios. Así, junto a ellos y Villarejo, están como investigados los comisarios Carlos Salamanca, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo y Eugenio Pino. Los tres últimos, por el espionaje a Bárcenas. En esta pieza también está imputado Sergio Ríos, el antiguo chófer de Luis Bárcenas que se convirtió en confidente y que a cambio de su colaboración recibía mensualmente 2.000 euros al mes y, posteriormente, el ingreso en la Policía Nacional. Además, en otras piezas del sumario figuran como investigados dos inspectores jefes ya jubilados —Juan José Díaz y Manuel Novoa—, el inspector Antonio Bonilla —que figuraba como directivo de una de las empresas de Villarejo—, y tres policías. Uno es David Fernández Aumente, ya retirado, pero que ejercía de jefe de seguridad de una de las clientas del comisario jubilado, la empresaria Susana García Cereceda. Otros dos agentes son la esposa de García Castaño y un policía que supuestamente facilitó información reservada sobre un pequeño empresario y un abogado andaluz a los que la trama pretendía extorsionar por encargo.

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