El juez prohíbe al exjefe de la Policía salir de España por el ‘caso Kitchen’

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, ha dictado este miércoles un auto por el que retira el pasaporte y prohíbe salir de España al comisario jubilado Eugenio Pino, máximo jefe de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, por su presunta implicación en el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, según han confirmado fuentes jurídicas. Pino declaró ayer ante el magistrado después de que varios de sus subordinados le señalaran como el responsable policial que ordenó la puesta en marcha de la que algunos de ellos bautizaron como Operación Kitchen.

El comisario jubilado admitió la existencia de un operativo para investigar al extesorero del PP, aunque destacó que fue legal y que tenía como objetivo localizar los posibles fondos que este pudiera tener ocultos en el extranjero. Pino fue señalado por la comisión de investigación del Congreso como uno de los más destacados integrantes de la llamada brigada patriótica que operó durante la etapa del popular Jorge Fernández Díaz al frente de Interior para espiar a rivales políticos. Un juez de Madrid le procesó recientemente por el intento de colar un pendrive con información robada de las cuentas de la familia de Jordi Pujol en el sumario en el que se investiga al expresidente de la Generalitat.

Pino declaró este martes por espacio de cuatro horas ante el juez y dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción acusado de los delitos de cohecho, malversación, prevaricación, robo y allanamiento de morada dentro de la pieza secreta 7 del caso Villarejo. Al término del interrogatorio, estos solicitaron para el policía medidas cautelares para evitar que se sustrajera a la acción de la justicia. Al abandonar la sede judicial y preguntarle los periodistas si seguía manteniendo que la trama, supuestamente dirigida por su subordinado José Villarejo, hoy en prisión, no existía, Pino se limitó a encogerse de hombros.

Sin embargo, dentro de la sala admitió que hubo un operativo que se inició en 2013, aunque negó que hubiera sido bautizado con el nombre de Kitchen, y lo encuadró dentro de actividades legales para recabar información sobre Bárcenas y su entorno, como apuntaron también en los últimos días otros dos comisarios imputados que dependían jerárquicamente de él, el propio José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, conocido como El Gordo. Entonces, el extesorero del PP había sido encarcelado de manera preventiva por su implicación en el caso Gürtel. Ninguno de los informes que se elaboraron de aquellos seguimientos (algunos de los cuales ha localizado recientemente el Ministerio del Interior en sus archivos) fueron entregados al juez que entonces investigaba la caja b del PP, Pablo Ruz.

Según fuentes jurídicas, el comisario Pino admitió también los pagos con fondos reservados al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, también imputado en la causa, a cambio de que facilitase información sobre los movimientos del extesorero y su familia. El policía hoy jubilado añadió que los pagos se hicieron después de que el conductor dejase de cobrar su sueldo porque el juez había bloqueado las cuentas de Bárcenas y para asegurar que siguiera colaborando. La partida de estos gastos era, en primer lugar, autorizada por él y, después, validada por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, hoy diputado del PP.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, Pino no se refirió a este durante su declaración y sí señaló al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en la actualidad portavoz popular en el Senado, como una de las personas impulsoras del operativo. El comisario Villarejo, en una declaración anterior, también había señalado a Cosidó como uno de los responsables políticos al tanto de esta investigación policial sin control judicial. El hoy senador del PP siempre ha negado conocer este operativo escudándose que entonces estaba enfrentado a Fernández Díaz y Pino no despachaba con él.