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Villarejo y otro comisario confirman que el espionaje a Bárcenas se pagó con dinero público

Los dos altos mandos policiales esgrimen que intervinieron en los seguimientos al extesorero del PP por orden de sus superiores

El excomisario José Manuel Villarejo en los juzgados de plaza de Castilla, el pasado mes de mayo. En vídeo declaraciones del abogado de Villarejo

El comisario jubilado José Manuel Villarejo y su compañero Enrique García Castaño reconocieron este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que participaron en 2013 en la operación organizada por el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en pleno escándalo de la caja b del PP. Los altos mandos policiales también aseguraron que la Operación Kitchen se financió con fondos reservados. Ambos recalcaron que cumplían órdenes.

El primero en declarar fue García Castaño, quien cuando se espió al extesorero del PP era el responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), especializada en realizar seguimientos e instalar dispositivos de control a sospechosos. Él fue quien, tras ser imputado, reclamó a la Audiencia Nacional que solicitara al Gobierno que le eximiera de su obligación de guardar el secreto sobre las operaciones policiales en las que ha participado para explicar su participación en los hechos y así poder defenderse. El Ejecutivo ya ha desclasificado los primeros documentos de la Operación Kitchen y este viernes lo hará sobre una segunda remesa recientemente localizada.

Durante su testimonio, García Castaño insistió en que el operativo fue “legal” y “controlado” por sus superiores, y que de todas sus actuaciones informaba por escrito a sus jefes. El comisario —que fue detenido en julio y que ya está imputado en otras dos piezas del caso Villarejo y en otro sumario— aseguró que el fin último del dispositivo fue buscar “cuentas y testaferros” que Bárcenas pudiera estar utilizando para ocultar en el extranjero una parte de su fortuna. El comisario negó que hubiera ningún tipo de motivación política en su trabajo, según fuentes judiciales.

García Castaño —que ha negado que la operación se hubiera bautizado nunca como Kitchen— ofreció algunos detalles sobre su participación y la de sus subordinados en los seguimientos en su condición de especialista. Dos horas después del inicio de su declaración, el juez decidió interrumpirla para continuar este viernes.

El juez imputa al jefe de informática del Poder Judicial

El juez del caso Villarejo ha reactivado en los últimos días otra de las nueve piezas que componen el macrosumario: la bautizada como Land. En ella se investigan los trabajos del comisario para la empresaria Susana García Cereceda, hija del promotor de la urbanización de lujo La Finca, en Madrid. En un auto en el que cita a declarar a los perjudicados —entre ellos la hermana de la empresaria y la juez madrileña Mónica Gómez Ferrer—, el magistrado además incrementa el número de imputados con otros tres supuestos topos utilizados por la trama para obtener información confidencial de bases de datos oficiales.

Se trata de Juan Carlos Garcés Pérez, Juana Navas Mendiola e Isabel González Cabezas. Garcés Pérez es desde febrero de 2016 jefe de la sección de Informática Judicial del Consejo General del Poder Judicial y pertenece al cuerpo superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración General del Estado. Su puesto le da acceso a los datos internos del órgano de gobierno de los jueces sobre todos los magistrados españoles.

El auto destaca que recibieron “dádivas”. Con ellos, ya son diez los supuestos topos que han sido encausados, la mayoría policías. El juez también imputa por estos hechos al comisario García Castaño y al inspector jefe Juan José Díez, ya investigados en otras piezas de la causa.

Por otra parte, el Consejo de Ministros tiene previsto desclasificar este viernes la segunda tanda de documentos localizados en los archivos de la Policía Nacional sobre el espionaje a Bárcenas. El Gobierno atiende así la petición de los dos jueces de la Audiencia Nacional que investigan la Operación Kitchen, García-Castellón y José de la Mata, instructores, respectivamente, del caso Villarejo y de la caja b de PP. Ambos pidieron toda la información recabada durante este operativo sin control judicial. Los nuevos documentos son informes sobre seguimientos al extesorero y más recibís de pagos con fondos reservados a confidentes.

Tras él, comenzó la declaración de Villarejo, trasladado desde la cárcel de Estremera, donde permanece recluido desde su detención en noviembre de 2017. El comisario, que cuando se espió a Bárcenas estaba adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, ha admitido que entregó fondos reservados a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y también imputado, como pago a la información que les facilitaba. El nombre manuscrito de Villarejo ha aparecido en los recibís de estos abonos. Como García Castaño, Villarejo recalcó que en todo momento cumplía órdenes. Volverá a ser interrogado el próximo lunes.

Allanamiento de morada

Ambos comisarios están imputados en esta pieza del sumario por malversación, prevaricación, robo, cohecho y allanamiento de morada. Este último delito tiene que ver con el asalto de un falso cura a la casa de Bárcenas en octubre de 2013 que, según admitieron ayer fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, se está investigando por si formara parte de la Operación Kitchen.

Al término de la declaración de Villarejo, su abogado, Antonio José García Cabrera, aseguró que su defendido ha pedido al juez hablar en esta próxima comparecencia sobre sus polémicos trabajos para el BBVA. El letrado aseguró que su cliente dará “explicaciones de por qué estaba ahí” y “quién se lo encargó”. Tras criticar que el comisario siga encarcelado, García Cabrera vinculó aquel trabajo para la entidad financiera con “un gran suceso con trascendencia para España” que se negó a concretar.

La tercera declaración prevista para ayer, la del comisario Eugenio Pino, antiguo número dos de la Policía Nacional, fue aplazada. A su salida de la sede judicial, Pino —superior jerárquico de Villarejo y García Castaño— aseguró que “la Operación Kitchen no existe” pese a que la documentación recuperada recientemente confirma la existencia de informes sobre ella que llegaron a la DAO, que él dirigía. En ninguno de ellos figuraba el nombre de Kitchen.

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