El juez prohíbe a un alto mando policial salir de España por su implicación en el espionaje a Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye el sumario sobre las actividades irregulares del comisario José Manuel Villarejo, ha dictado este miércoles un auto por el que prohíbe al comisario de la Policía Nacional Andrés Gómez Gordo abandonar España por su presunta implicación en el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, según fuentes jurídicas. Gómez Gordo había declarado pocas horas antes como imputado tras ser señalado por Sergio Ríos, chófer del extesorero y también imputado en la causa, como la persona que lo captó para que colaborase con la policía patriótica en la llamada operación Kitchen, cuyo objetivo era supuestamente sustraer a Bárcenas la información comprometedora para el PP que este pudiera poseer. Para el conductor, el juez ha ordenado también la prohibición de salir de España, además de la retirada de pasaporte y comparecencias mensuales en el juzgado.

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La declaración como imputado del comisario Gómez Gordo -—que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando esta fue presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha— se ha producido dentro de la pieza separada Kitchen, que aún permanece secreta, por lo que no han trascendido detalles de su testimonio. Por esa misma pieza este martes prestó declaración el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, quien durante cerca de tres horas confesó al juez que entre 2013 y 2104 la Policía le había pagado con fondos reservados 2.000 euros mensuales durante cerca de dos años por facilitar información sobre el extesorero. Ríos señaló a Gómez Gordo como su captador. Los recibís incorporados a la causa de estos abonos señalan al comisario Villarejo como el responsable de entregarle el dinero. Ríos también es policía en activo. Tras dejar el trabajo como conductor de Bárcenas, aprobó las oposiciones para acceder a la Policía Nacional pese a tener más de 40 años.

Tras el comisario, declararon Bárcenas y su mujer, en este caso como testigos. Según fuentes jurídicas, su relato fue similar al que ya el matrimonio hizo el 21 de diciembre ante el juez De la Mata. Entonces, el extesorero —que permanece encarcelado desde la pasada primavera tras ser condenado a 33 años de cárcel por la primera etapa del caso Gürtel— se mostró convencido de que el robo solo se pudo producir en tres momentos muy concretos de 2013 y por su chófer. El primero, con ocasión de una visita que su esposa le hizo a la cárcel de Soto del Real cuando él estaba en prisión preventiva y a la que le trasladó el conductor. El segundo, cuando encargó a Ríos que trasladara al bufete de su entonces abogado, Javier Gómez de Liaño, documentación del caso. El tercero, cuando el PP le expulsó del partido y Bárcenas tuvo que vaciar la sala de la sede de la calle Génova en la que almacenaba su documentación para llevarla a un local del centro de Madrid que su esposa utilizaba como taller para restaurar obras de arte.

El extesorero, que admitió entonces como suyos los 27 documentos que le sustrajeron, destacó que esta documentación no aportaba grandes novedades a la que ya entregó en su día a la causa en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PP mediante donaciones ilegales de empresarios. Incluso, dijo que parte de ella ya estaba incorporada a la misma. Pese a ello, remarcó que varias de las anotaciones manuscritas sustraídas "acreditaban" las acusaciones que, cuando declaró ante el juez Pablo Ruz, lanzó contra De Cospedal por la supuesta financiación irregular de su campaña electoral a la presidencia de Castilla-La Mancha de 2007.