Castilla-La Mancha retira la custodia de seis hijos, uno a uno, a una mujer que estuvo tutelada por los Servicios Sociales

Yazmina, Ismael, Zahíra, Jessenia, Izan, Janat… Son los nombres de los seis hijos que la Delegación de Bienestar Social de Toledo le ha ido retirando, uno a uno, a medida que han ido naciendo, a Rocío Simón Peña, una mujer de Torrijos (Toledo) que hoy tiene 33 años y que estuvo tutelada en un centro de acogida de la misma provincia entre los 14 y los 18 años, debido a la situación de abandono, abusos, maltratos, drogas y violencia que sufrían ella y sus cuatro hermanos dentro de su familia. La misma administración que la tuteló en un centro de acogida ha sido también la que después ha ido asumiendo la tutela de todos sus vástagos y dándolos consecutivamente en adopción.

Con los libros de familia en la mano, Rocío echa la vista atrás y enumera. La primera hija se la retiraron a los 19 años, en 2009, tras cumplir la mayoría de edad y dejar de estar bajo tutela. El segundo, en 2012. En 2014, la tercera. En 2018, la cuarta, cuando Rocío contaba 28 años. En 2021, el quinto hijo. Y el pasado mes de marzo de 2024, cuando tenía 32 años, su sexta y última hija, en el mismo Hospital Universitario de Toledo donde nació. Cinco de ellos, fueron separados de la madre recién nacidos. Y una de las niñas, con cuatro años, según consta en la documentación de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Rocío habla con total resignación, como si no mereciera otra cosa en la vida, aunque ahora lucha de nuevo con su pareja y padre de su última hija, Abdelali Billi, de 26 años, por recuperar al menos el contacto con su última hija.

“A Rocío no se le ha dado el beneficio de una segunda oportunidad”, dice su abogado. “No se han respetado los tiempos. La ley (Art.172) prevé dos años para revertir los procesos de tutela y a su última bebé la han dado en pre-adopción a los nueve meses, provocando la desconexión total con los padres”, agrega. En el momento en que un niño es entregado en adopción se suspende el régimen de visitas con los progenitores. Rocío y Abdelali, que nunca faltaron a sus citas, no han vuelto a ver a su hija desde entonces.

“Además, se daña también a la menor, que cambia de nuevo bruscamente de familia, de la de acogida a la de adopción”, insiste el letrado. La respuesta a su recurso, presentado el pasado 30 de noviembre en la Delegación de Bienestar Social de Toledo, para “suspender cualquier actuación en el expediente que pudiera conducir a la adopción”, fue precisamente la resolución de la adopción, oficializada el pasado 18 de diciembre. El abogado Rafael Castillo presentó entonces una demanda contra la administración en el Decanato de Toledo, que ha ido a caer en el juzgado número 3.

“Se trata de un caso de extrema gravedad”, justifican en la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha al ser preguntados por un proceso tan doloroso. Y aseguran que “la familia nunca se ha opuesto en nada a las medidas adoptadas por la administración ni a los autos judiciales que las han refrendado”.

Este periódico ha acreditado, sin embargo, que Rocío sí se ha opuesto formalmente en numerosas ocasiones a esas decisiones y de distintas maneras, incluida la vía judicial, como demuestra el dictamen del 21 de enero de 2022 de la jueza de la Audiencia Provincial de Toledo ante el recurso presentado por la abogada de joven contra el auto del juzgado de primera instancia número 2 de Toledo del 27 de enero de 2021 por el que se determinaba la adopción de dos de sus hijas: Zahira y Jessenia: “Dada la tórpida evolución de las circunstancias personales, familiares, y sociales en las que se ha desenvuelto la existencia de la apelante, independientemente de que estas no hayan sido buscadas a propósito, el recurso debe ser desestimado”.

Preguntados por las actuaciones realizadas con esta madre extutelada para evitar un proceso tan desgarrador, en la Consejería apenas dan explicaciones “por protección de datos”, y se limitan a asegurar que, “como en otros casos, se llevó a cabo un plan de intervención y se intentó trabajar con los progenitores para mejorar su situación”, sin dar ningún detalle ni ejemplo al respecto. Sin embargo, en los informes de Bienestar Social sobre las actuaciones realizadas con Rocío desde 2009, cuando le retiraron a su primera hija, aparece una conclusión: “Agotamiento del sistema”. Eso mismo se repite en los sucesivas resoluciones, que justifican con frases como “por la cronicidad de la problemática familiar”, “porque la situación materna es conocida desde los años 90, con progresivo agravamiento y cronificación”, “por su propia historia de vida y su entorno familiar”... Y que siempre conducen a la misma decisión: “Se promueven trámites para la adopción”.

¿No había en el sistema otra solución menos dañina para Rocío? Ni el Delegado de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz, ni la Consejera, Bárbara García Torijano, han querido hacer declaraciones sobre una situación que se repite.

Segundo caso

Es el segundo caso llamativo de retirada de tutela de bebés en Toledo que llega a la redacción de este periódico. El primero, el de una pareja a la que le retiraron a su bebé en el mismo hospital a principios de diciembre de 2024 por el pasado de “maltrato y abandono” de la madre (también joven de 19 años ex tutelada por los Servicios Sociales toledanos) e ignorando por completo al padre (también de origen marroquí), se encuentra en vías de solución después de que la Fiscalía realizara un escrito demoledor en contra de una medida tan “drástica” y “carente de base fáctica” el pasado 20 de febrero. Buena parte de las técnicas de la Delegación de Bienestar Social que intervienen en ambos casos son las mismas.

Ahora Rocío y su pareja, Abdelali Billi, en situación irregular, luchan en los tribunales, por la vía Civil y de la mano de su abogado, Rafael Castillo, para no perder del todo el contacto con su última hija. “Mi pareja, padre de mi hija, y yo, no estamos de acuerdo con este tipo de tutela hacia nuestra hija puesto que mi vida ha cambiado”, escriben y firman Rocío Simón y Abdelali Billi, que llegó a Ceuta a nado desde Marruecos en 2021, y que aparece en los documentos de la Consejería como “ausente”. Esa firma conjunta a la desesperada, escrita de su puño y letra en un documento oficial, fue la primera manera de oponerse a la resolución de la Delegación de Toledo de retirarles a su última hija, Janat, el pasado 8 de marzo.

En esta ocasión, las motivaciones de la retirada son los siguientes: “Historia previa en el sistema de protección definitivas sobre cinco hijos anteriores por negligencias graves en las coberturas de las necesidades de los menores, patrones de vida y relación habitual con entornos de riesgo social, padre ausente, ausencia de otros adultos que garanticen el cuidado, alta vulnerabilidad del recién nacido debido a su corta edad”. De nuevo, como en el caso anterior conocido por EL PAÍS, se insiste en la “ausencia” de padre, pese a que está presente durante todo el embarazo y consta como pareja de la madre en los informes de seguimiento previos al nacimiento de la niña que realizaron los servicios sociales del Ayuntamiento de Gerindote, donde residen.

Rocío Simón y Abdelali Billi son pareja desde hace dos años, desde que Abdelali recogiera y recompusiera los pocos restos que quedaban de Rocío, una mujer que solo ha conocido el mal, la fatalidad, la violencia en la familia, el abuso, el abandono, las drogas y el maltrato de sus parejas. La última paliza que le dio su anterior novio, y padre de su penúltimo hijo, le dejó la nariz partida y una ayuda de 480 euros de la que viven hoy ella, su hermana y su sobrino de tres años, aparte de Abdelali, que realiza trabajos irregulares (por carecer de papeles) y esporádicos.

“Cada caso hay que analizarlo de forma aislada, nada tiene que ver un caso con el otro y se valora toda la situación que rodea a los menores”, dicen en la Consejería al preguntarles por la paradoja de que Rocío mantenga a su hermana y al hijo pequeño de esta en su casa. A la hermana de Rocío, también extutelada, le retiraron (y dieron en adopción) a dos de sus hijos previamente. Rocío es la mayor de cinco hermanos que, tras ser tutelados en el año 2002 (y algunos adoptados), ahora están dispersos por la provincia de Toledo en distintas circunstancias.

Rocío, que narra su vida como si hablase de otra persona —”se llama despersonalización, para soportar el dolor”, aclara una trabajadora social—, intentó buscar trabajo, lo encontró, lo perdió, volvió a intentar sacarse la ESO, lo dejó… Su vida fue cada vez más errática, a medida que se le acumulaban las separaciones de sus hijos, que vivía como agresiones del sistema: “Yo intentaba que no me los quitaran, incluso me fui a Ávila a vivir con mis tíos, pero siempre acababa teniendo que volver donde mi madre, me juntaba con quien no debía y todo se fastidiaba”, dice. Se hundió. Hasta que Abdelali la sacó hace dos años del pozo en el que estaba decidida a ahogarse. La cuidó y la escuchó. Atendió sus crisis epilépticas, que le sobrevienen cada vez que se acerca la fecha del nacimiento de alguno de esos seis hijos. Rocío repite como un mantra el día y el peso exacto de cada uno de sus vástagos al nacer.

Para Abdelali Bill se trata de su primera y única hija: “El día que nació y la tuve en mis brazos creía que podía saltar y tocar el cielo”, dice mostrando un cuadro del salón de la casa, en el que tienen enmarcadas las ecografías de la bebé. “Hace unos días cumplió un año”, recuerda mientras monta una exposición improvisada sobre la mesa con todas las fotos de la niña que fueron acumulando en las visitas.

Fuentes anónimas de los Servicios Sociales toledanos revelan que en la valoración que le hicieron a la pareja durante el embarazo, antes del nacimiento de su última hija, se alude como “factor de riesgo” a la situación de irregularidad del padre (presente durante el procedimiento), junto a la situación de exclusión social de la familia”. Pero la misma fuente apunta que “son factores trabajables desde la prestación básica de “Prevención de la Exclusión Social”, en el marco de la Ley de Servicios Sociales de Castilla La Mancha para la atención primaria”.

Si conoce el caso o alguno similar escriba a la autora: portega@elpais.es