La Fiscalía de Toledo pide la devolución “inmediata” de la bebé retirada a unos padres por el pasado de “maltrato” que sufrió la madre

El escrito de la fiscal sobre el caso de la retirada en Toledo, el 12 de diciembre pasado, de la tutela de su hija recién nacida a unos padres por el pasado de “maltrato y abandono” que había sufrido la madre —de 19 años y previamente tutelada por la Administración de Castilla-La Mancha— es rotundo y claro. “Que la menor concernida sea entregada a sus padres de inmediato, por entender que no concurren los presupuestos para la declaración de situación de peligro grave e inminente para la integridad física y/o moral de la menor y consiguiente declaración de desamparo”, comienza un escrito demoledor contra la medida adoptada por la Consejería de Bienestar Social.

Desde que a la madre, Yumara Oliver, y al padre Abdel Tahiri, de 32 años, les informaron en el Hospital Universitario de Toledo de que les iban a quitar a su hija cuando solo contaba seis días, han manifestado su desconcierto y oposición a tal medida por todas las vías posibles. Han acudido a los tribunales para recuperar a su hija, de la mano del abogado toledano Julián Sánchez Rojas, que interpuso antes de Navidad una denuncia por un presunto delito de “prevaricación” contra el máximo responsable del departamento de Menores y Familia, el delegado provincial de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz Hernández.

En ella solicitaba el letrado que, cautelarmente, se les devolviera a los progenitores a su hija, arrancada de los brazos de su madre en el centro hospitalario, y que se elaborara el estudio correspondiente de la situación de la pareja/familia. Este informe no había sido realizado con anterioridad al nacimiento (como es preceptivo) por las técnicas de Menores que dictaron la resolución de “retirada de la tutela en régimen de acogimiento en familia ajena”. Hasta el punto de que desconocían la existencia del padre y lo ignoraron por completo en dicha resolución y posterior ejecución de tan dolorosa medida.

Ahora la Fiscalía le da la razón sin matices al abogado y se manifiesta también en el mismo sentido que lo hicieron hace dos semanas la trabajadora social y la educadora de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo, en el desarrollo del estudio de la pareja y su circunstancia. Los padres habían preparado con meses de antelación la llegada de su hija, habían buscado una casa mas grande en el Casco Viejo de la ciudad, y tenían todo listo para la llegada de su pequeña, que nació perfectamente sana y se enganchó enseguida al pecho de su madre.

Desde entonces, moral y emocionalmente derrumbados, solo han podido ver a su hija cuatro veces durante una hora, ya que les impusieron un régimen de visitas de “una hora al mes”. Han asistido a todos los encuentros que se les han programado para realizar su estudio y contestado a todas las preguntas y planteamientos realizados por las trabajadoras sociales, juntos y por separado. “Solo queremos recuperar a nuestra hija cuanto antes”, asegura Abdel Tahiri con la voz quebrada por la emoción tras conocer el escrito de la fiscal. Tahiri trabaja desde hace años en el Casino de Toledo y, por horas, en un restaurante de la ciudad. “Parece que se va a acabar mi pesadilla”, dice Yumara Oliver, emocionada y esperanzada por primera vez en meses y para quien su hija suponía no solo una alegría, sino la oportunidad de tener por fin la familia que nunca tuvo.

Sin “base fáctica”

Dice la fiscal en su escrito que “analizado pormenorizadamente el expediente administrativo incorporado a las actuaciones, se contrasta que los motivos que determinan la existencia del riesgo para la menor, según la Administración, son la historia previa de su madre sometida a protección de menores con tutela administrativa durante su minoría de edad sumado a otra serie de consideraciones que achacan a su recorrido vital, como la falta de habilidades y capacidades marentales, red de apoyo inexistente, inestabilidad habitacional, económica y laboral, nula conciencia de sus problemas relacionados con la salud mental y carencia de intervención y seguimiento de los Servicios Sociales”. Y añade contundente: “Dichas razones carecen de base fáctica en el expediente que las justifique, habida cuenta de que no encontramos a lo largo del mismo ningún hecho o circunstancia constatada en la madre por parte de los técnicos actuantes, que justifique a posteriori la realización de tales aseveraciones con las consecuencias que a la postre llevan aparejadas”.

Pero el tirón de orejas a las y los responsables del departamento de Menores de la Consejería de Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha no concluye ahí. “Resulta trascendental, para la adopción de una medida tan drástica como la adoptada por la Administración, realizar una intervención previa para contrastar realmente la situación de la madre y analizar sus circunstancias sociosanitarias y sus capacidades para abordar una responsabilidad como la maternidad, extremo que tampoco consta”, añade.

Y la Fiscalía remata: “Además, llama la atención que la figura paterna no tiene acceso al expediente, en el cual ninguna mención se hace a su figura, sus capacidades parentales, su situación sociosanitaria y laboral y su forma de vida. Antes al contrario, no se le menciona, cuando lo único que se ha acreditado en esta causa es que es una persona con trabajo, sin antecedentes penales, con medios de vida suficientes para subvenir las necesidades de su familia y su hija. Además, se acredita junto a la denuncia, el contrato de alquiler de una vivienda en Toledo destinada a acoger la llegada de su hija, que reúne todas las condiciones para poder desarrollar todas sus habilidades parentales. Ningún abordaje ha realizado la Administración sobre su figura y pese a ello, se le arrebata la custodia de su hija”.

Por si fuera poco el rapapolvo, en relación al duro pasado de la madre usado por las técnicas como argumento para la retirada de la tutela, el fiscal manifiesta: “La madre, si bien presenta un recorrido vital complicado, ello no puede ser óbice automáticamente para considerarla no apta para el ejercicio de las facultades marentales”. Y puntualiza: “Se alude a su grado de discapacidad de manera genérica, sin entrar a analizar qué aspectos concretos de la misma inciden directamente en sus habilidades para desarrollar un correcto cuidado de su hija”.

Por todo ello, la fiscal Silvia Casasús Valero determina que la niña “sea entregada a sus padres de inmediato y los Servicios Sociales del Ayuntamiento supervisen e informen semanalmente sobre las condiciones en que se encuentra la menor y la unidad familiar”. Ahora será el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Toledo que investiga esta causa quien decida si se ejecuta y cuándo lo solicitado por el ministerio público.

Si conoce el caso o alguno similar escriba a la autora: portega@elpais.es