El Gobierno de Ayuso asume una factura millonaria por fiascos de Aguirre, González y Cifuentes

La apuesta fue de Alberto Ruiz-Gallardón: en 2002, la Comunidad de Madrid se convirtió en la primera región en aplicar el céntimo sanitario, un impuesto a la gasolina y el gasóleo dedicado a financiar parte del Plan de Calidad Sanitaria (2003-2007). Un año después, Esperanza Aguirre lo congeló, pero siguió cobrándolo. Y cuando la justicia europea dictaminó que era ilegal, y que el Estado debía devolverlo a quien se lo reclamara, el Consorcio regional de transportes decidió reclamárselo a las líneas concesionarias de autobuses, bajo la tesis de que eso permitía un enriquecimiento injusto, y un doble lucro, pues ya se les había pagado teniendo en cuenta un gravamen cuyo coste ahora podían recuperar. Era 2018, y gobernaba Cristina Cifuentes. Casi una década después, este miércoles el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tuvo que pagar 1.378.789,76 euros tras perder ese litigio, según documentación consultada por EL PAÍS. Es el último eslabón de una cadena de gastos valorados en cientos de millones y acometidos por el actual ejecutivo como consecuencia de decisiones de sus predecesores.

“Esta es la tercera y última sentencia sobre este tema”, explica un portavoz gubernamental sobre el céntimo sanitario. “Ha habido que pagar otras dos con cantidades inferiores: 66.000 a Prisei y 199.000 a Cevesa”, añade.

Los pleitos perdidos por el céntimo sanitario son solo la punta del iceberg de una cantidad inmensa de pagos acometidos hoy por decisiones tomadas ayer. El PP llegó al poder en la Comunidad de Madrid en 1995. Desde entonces ha gobernado ininterrumpidamente la región capital de España. En ese cuarto de siglo largo, Madrid ha vivido una transformación radical, con una expansión de cientos de kilómetros de su red de Metro, una decena de nuevos hospitales, y una capacidad para atraer población que la ha llevado a rebasar los siete millones de habitantes. En paralelo, se calentó una burbuja inmobiliaria y anidaron tramas de corrupción como la Gürtel, la Púnica, o la Lezo. Y junto a ellas, a veces íntimamente interconectadas, se tomaron (malas) decisiones que se han empezado a pagar ahora en casi todas las áreas de gestión: de la vivienda pública a las infraestructuras de transporte, pasando por la política sanitaria o la educativa.

“Si algo caracteriza a la política del PP en Madrid en materia de infraestructuras es el despilfarro, las chapuzas, los sobrecostes, los litigios y la pérdida de recursos para los madrileños”, lamenta Daniel Rubio, del PSOE, que pone el acento en el área donde los fiascos han supuesto un mayor desembolso, y una mayor afección a la vida de los ciudadanos.

Educación. Pulso con los rectores. El Ejecutivo de coalición de PP y Cs, también encabezado por Díaz Ayuso, acordó en enero de 2020 pagar 99,5 millones de euros entre 2020 y 2024 a las universidades públicas madrileñas para compensar los recortes decididos por Aguirre (presidenta entre 2003 y 2012) en el plan de inversiones dotado con 640 millones para el periodo 2007-2011 que había firmado con los rectores. Fue la culminación de una batalla jurídica que siempre ha perdido la Comunidad, con una treintena de sentencias en su contra y a favor de las universidades, que finalmente supuso un desembolso millonario: 574 millones.

Infraestructuras. Carreteras y trenes fantasma. En 2021, el ejecutivo regional tuvo que pagar casi 200 millones por una línea de tren abandonada, incompleta y que nunca se usó. Se trata de la que debía unir Móstoles con Navalcarnero, un proyecto que se abandonó por unos cambios en el trazado (soterramiento de parte de la vía) que desviaron el presupuesto (encareciéndolo), y que se ha acabado investigando en el caso Lezo por un presunto pago de comisiones en su concesión que implicaría al expresidente Ignacio González.

También ha habido que pagar más de 70 millones por la MP-203, una carretera de 12,5 kilómetros que carece de lo fundamental: la conexión con la radial 3 para descongestionar la entrada a Madrid desde Alcalá de Henares. Ese tramo no se ha logrado hacer por las discrepancias entre la constructora, el Gobierno de España, y la concesionaria de la radial. Hoy su trazado lo aprovechan para entrenarse ciclistas y corredores. Y la constructora aún reclamaba a finales de 2024 en los tribunales una indemnización de casi 300 millones, en concepto de lucro cesante. Es decir, que Ferrovial pide ser compensada por lo que no ha cobrado por gestionar una concesión que iba a ser de 30 años, y bajo la modalidad de peaje, según un portavoz gubernamental. El Ejecutivo no aclara si la situación ha cambiado desde el año pasado.

Más dramático es el caso de la línea 7B de Metro, cuya construcción en época de Aguirre ha derivado ahora en que el actual ejecutivo haya tenido que invertir un centenar de millones: la infraestructura, que se hunde poco a poco, arrastra consigo a los edificios de la superficie, lo que ha provocado el derribo de casi un centenar de viviendas, con las correspondientes indemnizaciones, desplazamientos de familias, y las obras necesarias para intentar reparar los daños.

Hospitales. Camas que nadie usa y una abultada deuda. A finales de diciembre de 2021, el consejo de Gobierno de Díaz Ayuso también oficializó el pago de casi 30 millones de euros como compensación a la adjudicataria del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Aguirre lo había visitado. Al poco, según un informe de la comisión jurídica asesora del gobierno regional, había ordenado que 135 habitaciones dobles pasaran a ser de uso individual. Pese a que el servicio no se prestó, la justicia determinó que el expediente que decidió que se suspendieran los pagos diseñados para camas que no existían no se había gestionado correctamente. La decisión de paralizar los pagos, revocada por la justicia, había sido del gobierno de Cifuentes.

Además, a finales de 2022, y en solo seis meses, la presidenta dio orden de saldar al menos 1.390 millones de la deuda con los hospitales públicos de gestión privada. Esa espada de Damocles sobre las finanzas autonómicas, que aún hoy debe provisionar cientos de millones a la espera de que se resuelvan los pleitos administrativos y judiciales entre las partes, tenía su origen en decisiones que en algunos casos se habían tomado en 2015 (año en el que Cifuentes sucedió a González). Una política establecida hace un decenio que está en el corazón de los cientos de millones de deuda que está teniendo que enjugar el gobierno regional, por ejemplo, con el grupo Quirón (gestor de la Fundación Jiménez Díaz de la capital, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba).

Vivienda. Familias vulnerables en manos de un fondo. En mayo de 2022, la Comunidad decidió indemnizar con 107.722.508,95 euros al fondo Encasa Cibeles por la reincorporación a la Agencia de Vivienda Social de 1.721 viviendas, 224 plazas de garaje y 34 locales que la Justicia había ordenado reintegrar en el patrimonio público. El Gobierno regional vendió en 2013 un total de 32 promociones formadas por 2.935 pisos públicos a la entidad controlada por Goldman Sachs, que pagó 201 millones. Así, la Administración dejó a cientos de familias vulnerables en manos de una empresa privada, y comenzaron los conflictos por las alzas de los alquileres, y los desahucios.

Una sucesión de litigios que parece no tener fin: tras dictaminar la Justicia que esa venta no debió producirse (no se justificó que el sector público pudiera prescindir de las viviendas), Encasa Cibeles le devolvió a la Comunidad los 1.721 pisos que aún no había vendido a terceros, recibió los 107 millones... pero reclama hasta 220 más en los tribunales.