Las universidades públicas de Madrid, al borde del colapso económico

Las seis universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Alcalá, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos) viven en la cuerda floja. Tanto, que en el curso 2018-2019 ―últimos datos de presupuesto ejecutado― les sobró solo un remanente de 1,15 millones entre las seis, con los que les habría resultado difícil cubrir eventualidades como, por ejemplo, los precios disparados de la luz que se han dado este año. Y ahora, además, dejan de recibir el dinero de sentencias ganadas al Gobierno madrileño (574 millones en cinco años) por financiación comprometida y no entregada y que les estaba sirviendo de colchón. Las instituciones académicas están al borde de no poder pagar sus gastos corrientes y, ante esta situación extrema, toda la oposición de izquierda en la Asamblea de Madrid ―Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE― registraron este miércoles una proposición no de ley (PNL) en la que reclaman más fondos: “Es imposible que la universidad de la Comunidad de Madrid sea referente de investigación y de docencia si los presupuestos no llegan a cubrir el 100% de los gastos, ni siquiera los de personal. Los presupuestos sitúan a algunas en situación de riesgo de insolvencia”. Las negociaciones entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las universidades ya ha comenzado.

La Comunidad hace unas cuentas de su inversión en universidades ―tres veces mayor que la media española, el 4,5% de su presupuesto― que no se corresponden con lo que afirman distintos informes encargados por su propio Gobierno en la época en la que Ciudadanos ocupó la consejería del ramo (uno de la Fundación Europea Sociedad y Educación y otro de la Cátedra Unesco de la Politécnica de Madrid) y el último de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), una institución impulsada por grandes empresas para el estudio de la educación superior. “Madrid destaca por ser la segunda región con más ingresos por alumno en el capítulo de tasas, precios públicos y otros; y la de menos transferencias corrientes y de capital recibidas [por las universidades], si estas se dividen por el total de estudiantes”, remarca CyD en su análisis. Dicho de otra forma: Madrid es la segunda región que más cobra a las familias tras Cataluña y la que menos invierte por alumno.

La Consejería de Educación y Universidades madrileña culpa al Gobierno central cuando este diario pregunta por la falta de un programa plurianual: “Por supuesto que desearíamos que las universidades pudieran mantener un marco estable de financiación, pero hay que tener presente que a día de hoy el Ministerio de Hacienda no le ha dado a la Comunidad de Madrid la previsión de ingresos del sistema de financiación para 2023, así que, para garantizar la financiación de las universidades, la propia Comunidad también debería tenerla”. La realidad de otras regiones demuestra que es factible llegar a un acuerdo a medio plazo. En Aragón, por ejemplo, el Gobierno ha cerrado este año un plan hasta 2026 de 1.082 millones con la Universidad de Zaragoza y en Castilla-La Mancha se ha firmado otro muy parecido. También en época de Esperanza Aguirre, el Gobierno madrileño llegó a firmar un plan de transición de gastos corrientes que se paró con la crisis económica. No es la primera vez que las universidades madrileñas no tienen para vivir, ocurrió con la recesión de 2012.

Un estudio del Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (Inaecu) ―recientemente presentado en la sede de la CEOE con el aval del Ejecutivo regional― ahonda en la escasez de recursos, aunque sus datos son antiguos: la inversión en universidades pasó de representar el 0,43% en los presupuestos de la Comunidad de Madrid en 2014 al 0,4% en 2018. Y, sin embargo, en ese espacio de tiempo, la aportación de los campus al Producto Interior Bruto (PIB) regional pasó de 2% al 2,4% y el empleo generado creció del 2,1% al 2,5%.

Existen dos tipos de planes plurianuales: de inversiones para levantar, por ejemplo, un edificio en varios años y de gastos corrientes, conocido como “la nominativa”. “Las universidades, para tomar decisiones sobre su crecimiento o para hacer actividades, tienen que saber cuánto va a disponer de presupuesto en los años siguientes”, explica Fernando Casani, secretario del Inaecu y profesor titular de Economía en la Autónoma de Madrid. “Y Madrid da [un montante] cada año parecido, pero la universidad no tiene la garantía de saber que se repetirá. Y se enfrenta a problemas. Por ejemplo, ahora hay un desequilibrio muy grande entre el presupuesto eléctrico y lo que está pasando con las facturas”.

El diputado de Podemos en Madrid Agustín Moreno, uno de los promotores de la PNL, se indigna: “Sin dinero para pagar las nóminas o para renovar las infraestructuras, le estás atando un brazo a la universidad pública de Madrid, al mismo tiempo que potencias los chiringuitos privados”, asegura . En Madrid hay 13 universidades privadas, frente a seis públicas. “Es una política suicida que hace que la universidad madrileñas retroceda posiciones respecto a otras. Los retos son: un plan estable a medio plazo, un freno al proceso de privatización de chiringuitos que golpeen la calidad del sistema y recuperarse con una mayor inversión”, enumera Moreno.

Este miércoles, representantes de la Consejería de Educación y de los seis campus se reunieron para poner en marcha un plan de choque que permita, con las transferencias de capital que hace el Ejecutivo, cubrir el pago de las nóminas y hacer frente a la carestía eléctrica. Los rectores calculan que necesitan 150 millones más para hacer frente a los gastos estructurales y poder dedicar lo que ingresan por tasas de matrícula a investigar u otras actividades. Luego discutirán los planes plurianuales.

En el último lustro, las universidades madrileñas han sobrevivido con el dinero que han ganado en una treintena de litigios contenciosos en los tribunales al Gobierno regional. Este, durante la presidencia de Esperanza Aguirre, recortó el Plan de Financiación 2006-2010 y el Plan de Inversiones 2007-2011 de forma unilateral y la tijera le ha salido muy cara, porque ha tenido que devolverlos con sustanciosos intereses. En diciembre de 2020, los campus públicos terminaron de cobrar los 574 millones adeudados, pero tienen hasta 2024 para gastarlos.

“El origen del problema viene por la reducción de la aportación de la Comunidad de Madrid por la crisis financiera. Para poder cuadrar sus presupuestos, las universidades han ido utilizando los ingresos extraordinarios provenientes de las sentencias para el pago de parte de sus gastos corrientes, nóminas, electricidad...”, explica Casani. “Han ido aguantando porque han llegado sentencias favorables los últimos cinco años, pero ya se han ido terminando y al no haber otros ingresos extraordinarios les falta esa parte”.

“Creo que hay un programa de desmantelamiento de la universidad pública”, razona el diputado regional Antonio Sánchez, de Más Madrid. “Les da igual que haya un retorno de seis euros por cada uno que metes en ella. Hoy es ficción, pero en uno o dos años podrían dar becas para estudiar en una privada [como los polémicos cheques escolares para Bachillerato o FP] y solo irían los ricos porque no cubre todo”. Marta Bernardo, parlamentaria socialista, coincide con Sánchez: “Hay que blindar la educación pública, vamos por el mismo camino que en otras etapas educativas”.

Las pretensiones de lograr una estabilidad en las cuentas viene de lejos. El proyecto de ley de universidades del Gobierno de Cristina Cifuentes de marzo de 2018 contemplaba un plan de financiación plurianual. Pero la presidenta se equivocó, no pulsó el botón a la hora de votar en la Asamblea y la norma no salió adelante. Cifuentes dimitió 40 días después por el caso máster y su sucesor, Ángel Garrido, enterró el proyecto y con él toda posibilidad de seguridad financiera para los campus, que no han recuperado aún la financiación de 2011. Entre 2009 y 2019, las transferencias corrientes y de capital cayeron un 15,5% en Madrid, mientras que en Extremadura, Navarra, Andalucía o Baleares crecían, según los datos de la Fundación CYD.

Los rectores depositaron luego todas sus esperanzas en Eduardo Sicilia, consejero de Universidades de Ciudadanos, que volvió a incluir en su proyecto de norma el plan plurianual, pero el partido salió del Gobierno madrileño en marzo de 2021 y el PP no se ha planteado redactar una ley. Los plazos reglamentarios hacen imposible que saliese adelante antes de que termine la actual legislatura en la primavera de 2023.

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