Los tribunales obligan a la Comunidad a saldar la deuda de Aguirre con las universidades públicas

El consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó a finales de 2019 un gasto plurianual de 58 millones en favor de la universidad Politécnica. Este no será el único centro público con el que la Comunidad salde su deuda tras ver cómo se acumulaban las sentencias judiciales en su contra. La universidad Autónoma recibirá 19,1 millones, por los 12,4 de la de Alcalá, los 12,4 de la Carlos III y los 12,2 de la Rey Juan Carlos (esta universidad aún ultima la firma del convenio, según fuentes gubernamentales y universitarias). Los jueces han ido fallando en contra del Gobierno regional porque el Ejecutivo se comprometió a aportar a cada una de las universidades una determinada cantidad de dinero al año y a incluir esa cifra en las futuras leyes de presupuestos. En consecuencia, los planes tenían naturaleza jurídica y la Comunidad no podía incumplirlos de forma unilateral, como empezó a hacer a partir de 2008. 

"El Gobierno ha pagado todos sus compromisos financieros con las universidades públicas madrileñas en cuanto al plan de Financiación 2006-2010", aseguró un portavoz de la consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que dirige Eduardo Sicilia. "Solo falta el pago con la Politécnica, con la que se ha firmado un convenio este mes de diciembre para hacer los pagos de manera plurianual", siguió. "En cuanto al plan de inversiones 2007-2011, ya se ha pagado todo a la Complutense de Madrid, y con las otras cinco universidades se ha firmado un convenio de pago plurianual, que va desde el 2019 hasta el 2024", añadió. "Se les repartirá anualmente una cantidad de dinero que es la que ellas han decidido para utilizarlo en lo que crean conveniente".

Conflicto pendiente

Infraestructuras que nunca se hicieron. Obras terminadas que hubo que pagar con fondos distintos a los previstos. Profesores precarizados. Retrasos en pagos a proveedores. Despidos. Las consecuencias de que la financiación prevista no llegara a las universidades públicas han sido dramáticas, según denuncian desde la oposición.

"Ha habido un estrangulamiento económico de las universidades, que han tenido que hacer milagros", lamentó Juan José Moreno, diputado del PSOE. "Esto llega tardísimo, porque la Comunidad se empeñó en recurrir, mantener el conflicto judicial y retrasar lo inevitable para no hacer efectivo este pago", siguió. "Lo peor es que el pago de las sentencias salen del presupuesto de Educación, de recortes en otras cosas. No es justo ni equilibrado". Aún quedan conflictos pendientes, además, entre las universidades públicas y el gobierno regional. La liquidación de becas y exenciones como la de la familia numerosa, que suma decenas de millones, también les enfrenta.