El Supremo rechaza la suspensión urgente del decreto de regularización de inmigrantes

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de una asociación de extrema derecha de suspender de forma urgente el decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros. En un auto notificado este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que no se dan los criterios de urgencia para adoptar esa medida, que hubiera supuesto paralizar de forma inmediata la vigencia de la norma con la que el Ejecutivo prevé que unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones.

La decisión del Supremo llega después de que la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentara un recurso contra el real decreto del Gobierno y pidiera al tribunal la adopción de una medida cautelarísima (sin audiencia previa del Ejecutivo) consistente en la suspensión de la norma. La asociación argumentó que se daba el requisito de “especial urgencia” que permite adoptar estas medidas cautelares urgentes, una tesis que ha rechazado el tribunal, que descarta esta posibilidad, ordena tramitar la petición de suspensión cautelar del decreto por la vía ordinaria y da 10 días a la Administración para que presente alegaciones.

La regularización se aprobó el pasado martes y el plazo para presentar solicitudes y enviar la documentación de forma telemática, para pedir cita previa y realizar el trámite presencial se ha abierto este jueves. La asociación de extrema derecha que ha recurrido la norma reclamaba su suspensión alegando el “riesgo cierto de perjuicio irreparable” en el caso de que la regularización se ponga en marcha antes de que el Supremo se pronuncie sobre su legalidad. Para sostener el requisito de “especial urgencia” que permite adoptar medidas cautelarísimas, la asociación alegó la entrada en vigor inmediata de la norma, la previsión de una rápida activación administrativa del procedimiento de regularización y el carácter “acumulativo y masivo” de los efectos jurídicos “que comenzarán a producirse desde el primer momento”, según el escrito presentado en el alto tribunal.

La asociación sostenía también que la ejecución del Real Decreto producirá, “de forma inmediata”, la tramitación de un volumen “extraordinario” de solicitudes, la generación de situaciones jurídicas individualizadas y la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo. No es la primera vez que la asociación ultraderechista actúa en contra de una medida gubernamental. En 2025 recurrió el concurso de ideas para remodelar el Valle de Cuelgamuros (antes conocido como De los caídos), y también se manifestó contraria a la transformación del mausoleo de Pamplona donde reposaban los restos de Emilio Mola y José Sanjurjo, que participaron en el golpe de Estado contra el Gobierno de la II República y dio origen a la Guerra Civil, para convertirlo en un museo-memorial libre de toda simbología franquista. “Quieren quitar los monumentos para borrar la historia de una guerra que nunca van a ganar, porque ya la perdieron”, aseguró entonces el presidente de la asociación, Javier Campal.

La asociación protagonizó otra polémica en 2025, al concedérsele la gestión durante 30 años de la llamada Pirámide de los Italianos, un monumento que homenajea al fascismo italiano y a los soldados de esa nacionalidad muertos en los frentes del norte y la batalla de Santander en la Guerra Civil, y que está ubicado en el puerto del Escudo, entre Burgos y Cantabria.

La regularización aprobada el martes fue modificada con respecto a su texto inicial por recomendación del Consejo de Estado para endurecer sobre todo lo relativo a antecedentes penales. El Ejecutivo se ha puesto a disposición de los inmigrantes para ayudarles a pedir esos antecedentes a sus países si estos no los envían a tiempo. El Ejecutivo ha insistido en que estos son casos excepcionales, porque la mayoría sí logra que le manden esos documentos.