Un estudio encargado por el Gobierno de Ayuso desmonta su expansión universitaria

En la Comunidad de Madrid se enclavan un tercio de las 41 universidades privadas que hay en España ―13, cinco de ellas aprobadas en los últimos tres años― frente a seis públicas, la más joven inaugurada hace 25 años. Y a la cifra hay que sumarle 25 centros adscritos y cinco sedes de universidades extranjeras. La idea de su Ejecutivo es que su número siga creciendo, pues quiere que Madrid (278.000 universitarios) se convierta en un polo de atracción de enseñanza superior en castellano que compita con Miami. Sin embargo, los datos no acompañan su planteamiento y así queda reflejado en las cifras del Mapa taxonómico de titulaciones de las universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid, de 177 páginas, que ha sido publicado sin publicidad por la Fundación Europea Sociedad y Educación (FESE) y que el propio Gobierno regional encargó. Sus autores estiman que hay una sobreoferta de 25.700 plazas en la región.

Desde el curso 2015-2016 las universidades públicas madrileñas han perdido 2.000 alumnos de nuevo ingreso (de 43.000 a 41.000), mientras la privada subía en 3.000 (de 15.500 a 18.500). Su aumento se debe, en gran parte, a que cuentan con 1.000 universitarios más en primero en carreras de ciencias de la salud ―la rama más demandada―, mientras los rectores de la pública no paran de reclamar sin éxito que los cupos (plazas máximas) en estas titulaciones crezcan porque la lista de espera es inabarcable.

El mercado de compraventa está enloquecido ―se puja por lo que se tercie: universidades, colegios mayores, FP Superior...― y Madrid, que alberga algunas de las universidades más prestigiosas y activas de España, quiere más. El consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, no pone límites: “En Lisboa hay 30 universidades, 39 en París, 40 en Londres y 32 en Berlín. Si aprobamos esta hoy, Madrid contará con 19″, enumeró en la Asamblea el pasado febrero, buscando la complicidad de la oposición antes de la aprobación de UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología), proyecto sobre el que se han redactado cinco informes en contra, cuatro de ellos firmados por su propio Gobierno.

Los autores reprochan que no ha habido “una programación consensuada entre las autoridades autonómicas y las universitarias”

En el mapa taxonómico ―elaborado por los expertos Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y Blas Furió Párraga (Politécnica de Valencia) junto a la Fundación para el Conocimiento madri+d, la agencia de investigación del Ejecutivo regional, que abonó el trabajo― se culpa a los sucesivos Ejecutivos madrileños de haber implantado en los últimos 20 años el Espacio Europeo de Educación Superior sin “una programación consensuada entre las autoridades autonómicas y las universitarias”. Este Plan Bolonia convirtió las licenciaturas de cinco años en grados de cuatro y permitió a las universidades elaborar títulos a la carta, lo que disparó su número.

El resultado, insisten los autores, es que hay sobreoferta. En las universidades públicas ―con 213.000 estudiantes, incluyendo sus centros adscritos― se han creado más títulos de los necesarios para atraer a los estudiantes, aunque “hayan tenido que romper las costuras que garantizan la permanencia de las titulaciones implantadas”. Según sus cálculos, al diversificar su catálogo de títulos con el gasto que conlleva, en el acceso al grado hay 13.775 plazas de más ―el equivalente a un tercio de los 41.000 nuevos alumnos que se matricularon en la pública el pasado curso―, lo que supone una ineficiencia para el sistema.

Los autores del estudio consideran que las universidades han inflado la oferta de plazas de alumnos en algunas carreras para así poder ampliar el número de profesores, en especial aquellos que compaginan la enseñanza con la investigación. La Administración, a través de su agencia de evaluación y acreditación, tiene que aprobar cada grado y su cupo de alumnos en la enseñanza universitaria pública y la privada. Según un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCYD), pese a su capitalidad, Madrid apenas es la sexta región con más porcentaje de estudiantes extranjeros (cuartos, si se cuenta los becados de movilidad). A preguntas de este diario sobre políticas para atraer universitarios, la Consejería de Educación remite a cursos de competencias digitales y acuerdos con empresas.

Hay cientos de familias dispuestas a pagar muchas veces más de 20.000 euros por curso en Medicina o Veterinaria”

En el caso de las universidades privadas (65.000 alumnos), el desajuste es proporcionalmente mayor que en la pública, pero no afecta al erario público, pues las familias abonan toda la matrícula. Los investigadores estiman que hay una sobreoferta de 12.000 plazas de acceso a grado. En el 69% de los títulos de grado privados hay menos de 45 alumnos matriculados en primer curso y se dispara al 99% en el caso de la rama de humanidades. Hernández Armenteros explica que la falta de alumnos se compensa financieramente por sus muchas matrículas de ciencias sociales (Derecho, Administración de Empresas y Comunicación, muy baratas de impartir porque no son experimentales), pero, sobre todo, por las de ciencias de la salud, rama en la que los centros públicos no dan abasto y las familias pagan en la privada hasta 20.400 euros por curso en Medicina o Veterinaria.

Las privadas, detalla el informe, no se guían siempre por el mercado laboral y eso ha hecho que estén abandonando las carreras de ingeniería, que pocos quieren estudiar, pese a la enorme demanda de las empresas. Según los autores, tratan además de “fidelizar” a los alumnos de carrera para que cursen allí luego un máster.

Hernández Armenteros, profesor de Economía Aplicada, aclara a este diario que el desajuste en la oferta y la falta de planificación no es un problema solo de Madrid, pero es en esta comunidad y en Andalucía donde se practica una política de expandir el número de universidades. Un reciente decreto del Ministerio de Universidades otorga a las universidades españolas cinco años para mejorar su calidad, y entre otros parámetros, les va a obligar a ofertar carreras de tres de las cinco ramas de conocimiento, lo que va a forzar a muchas privadas a crear nuevas titulaciones.

La Consejería de Universidades de la Comunidad de Madrid, que desapareció con la salida de Ciudadanos del Gobierno regional en marzo de 2021, fue quien encargó este mapa taxonómico opacado y otro estudio, Informe sobre el estado del sistema universitario de Madrid, redactado por la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Politécnica de Madrid, que no llegó a presentarse, pese a estar maquetado, tras la salida del consejero Eduardo Sicilia. La ley que rige el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, de 1998, afirma que cada año debe publicarse una radiografía del sistema, pero hasta hoy nunca se ha hecho. Este informe iba a ser el primero y desde la cátedra afirman que sus datos servirán de base para el de la segunda edición.

El ministro Subirats en el Congreso: “En la reunión con los rectores, la preocupación era enorme”

En el Congreso, el ministro de Universidades, Joan Subirats, evidenció hace unas semanas la tensión por la situación de la universidad en Madrid: “En la reunión con los rectores, la preocupación era enorme. Los comentarios que recibí fueron muy preocupantes, en el sentido de que había una estrategia muy clara de erosionar el concepto de universidad y de lo público. Y, a su vez, hay una mirada muy generosa hacia iniciativas, digamos, estrictamente especulativas. Me comprometo a trabajar con los servicios jurídicos del ministerio y del propio Gobierno, para ver qué se puede hacer”.

La falta de fondos en la pública ―clara en el informe de la UPM― es la clave. “Hay que asegurar un modelo de financiación estable y sostenible de las universidades públicas, porque la situación es extremadamente delicada”, denunció el diputado de Podemos Agustín Moreno, en una reciente comisión. “Podría calificarse de quiebra técnica. Se han estado pagando nóminas a cargo de sentencias ganadas a la Comunidad [por una partida para infraestructuras que nunca se abonó]”. Moreno recogió una queja continua de los rectores, aunque estos no han alzado la voz en público. Más Madrid y el PSOE martillean también con esta idea en los plenos.

La conferencia de rectores de las universidades públicas de Madrid (Cruma) manifestó por escrito su descontento ante la aprobación de UDIT al consejero Ossorio. “Entendemos desde Cruma que la marca de calidad de la educación superior de Madrid se ve muy deteriorada cada vez que se incorpora al sistema una nueva entidad que no cumple con los requisitos mínimos de calidad exigibles a una institución que aspira a denominarse Universidad”, se afirma en la carta a la que ha tenido acceso este diario. Las universidades privadas tampoco comparten que se sigan abriendo centros.

El Ejecutivo madrileño ha contestado oficialmente al grupo parlamentario Podemos que solo tiene sobre la mesa la posible creación de un decimocuarto campus privado en Madrid: la IE University. En realidad, IE no supone ningún cambio, pues esta prestigiosa escuela de negocios lleva décadas en la capital e imparte clase desde el pasado septiembre en un campus vertical de 35 plantas en el paseo de la Castellana, aunque su universidad se rige por la legislación de Castilla y León, donde nació.

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