Ayuso se mete en una guerra política para sacar adelante la decimotercera universidad privada de Madrid

El Partido Popular pretende aprobar el 17 de febrero en la Asamblea de Madrid, con el apoyo de Vox, el decimotercer campus privado de la región, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), con un primer informe en contra de sus propios servicios jurídicos. Se trata de un proyecto polémico que despierta tantas dudas que la propia Abogacía General de la comunidad ha redactado dos informes contradictorios al respecto en un lapso de dos meses. En el primero, del 16 de noviembre, se opone a la creación de la universidad porque no cumple con el decreto de creación y reconocimiento de universidades, que entró en vigor en agosto pasado y que establece unos requisitos mínimos de calidad en investigación, la docencia y el equipamiento. El segundo informe, del 18 de enero, se desdice sin hacer referencia alguna al precedente, respaldando el argumento defendido públicamente por el Gobierno de Ayuso desde hace semanas: que UDIT, una vez creada, tendrá cinco años para cumplir las condiciones, es decir, el mismo plazo que las universidades que ya están en funcionamiento, ya que solicitó el reconocimiento en 2019, mucho antes del decreto del Gobierno. Comisiones Obreras estudia ya acudir a los tribunales.

El dictamen desfavorable de Abogacía General de Madrid, fechado el pasado 16 noviembre, no ha se ha hecho público hasta que el Gobierno regional se ha visto obligado a mandar todo el expediente de UDIT a la oposición, para que lo estudie antes de que se vote el proyecto para convertir la escuela de diseño ESNE en una universidad independiente ―ahora es un centro adscrito a la Camilo José Cela―. “UDIT no merece el parecer favorable de esta Abogacía General de acuerdo con lo argumentado en el presente informe”, se afirma en el documento al que ha accedido este diario. La nueva institución tiene también otro tres informes en contra de la comunidad ya conocidos: el de la desaparecida Consejería de Ciencia, Innovación y Universidades y dos de Fundación Madri+d ―la rama de innovación que goza de autonomía― que terminó emitiendo dos dictámenes favorables tras la salida de Ciudadanos del gobierno regional. El de Abogacía General es el primer informe contrario a UDIT tras la salida de Ciudadanos, que no veía suficiente entidad al proyecto. La presión externa para que se apruebe ―de los expresidentes regionales Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina, entre otros― es enorme.

La Abogacía General de Madrid no entra en su primer informe en valorar si UDIT cumple los requisitos ―”se trata de cuestiones técnicas que exceden de lo estrictamente jurídico”, alega―, pero discrepa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en su idea de que la universidad tendrá cinco años para cumplir las condiciones estipuladas desde el momento en que sea autorizada, es decir, el mismo plazo que las universidades que ya están en funcionamiento, porque solicitó el reconocimiento en 2019, antes de que se aprobase en 2021 la criba de calidad del entonces ministro Manuel Castells. Sus servicios jurídicos recuerdan que el Consejo de Estado es taxativo: “Debería excluirse del régimen transitorio a las universidades y centros aún no creados o reconocidos en la fecha de entrada en vigor del real decreto. Estas universidades y centros, se crearían o reconocerían con arreglo a la nueva normativa”.

En el curso 2019-2020 ESNE tenía oficialmente 1.117 inscritos en grado y 26 en máster, un número muy pequeño para la percepción de universidad que tiene el Gobierno. La escuela eleva la cifra ahora a 1.800. La universidad tiene siete grados aprobados y necesita otros tres, además de dos escuelas de doctorado y una fuerte inversión en estabilización del profesorado e investigación (5% del presupuesto).

Un portavoz de la Consejería de Educación y Universidades, tras plantear este diario la existencia del primer informe, remite a un segundo de la Abogacía General de la Comunidad favorable, que adopta la posición de la Comunidad pero obviando el primero. Este dictamen posterior se basa en un informe de la Abogacía del Estado ―que no está vinculado― contrario al del Consejo de Estado, que sí tiene vinculación. El ministerio ―que emitió un informe técnico preceptivo, pero no vinculante, desfavorable a UDIT por su escasa envergadura― está dispuesto a dejar que siga adelante, aunque no estuviese aún creada. Sin embargo, fuentes del departamento de Universidades afirman que “el ministerio está y estará en contra de todos aquellos proyectos que no se ajusten a la ley”. “Es competencia directa de las comunidades velar por el cumplimiento del decreto de creación y reconocimiento de universidades, ya en vigor y que, como todas las leyes, ha de cumplirse. Quien no lo haga tendrá cinco años para adecuarse y, en caso de no hacerlo, las comunidades tendrán que revocarles el permiso en aplicación del real decreto”, añaden.

“Llamar universidad a una institución educativa que no lo es daña a todo el espacio madrileño de educación superior”, sostiene Isabel Galvín, responsable de Educación en CC OO en Madrid. “Daña la imagen y el prestigio, porque lo que trasmite es que este es un lugar a donde venir con la billetera, una máquina registradora y otra expendedora de títulos”. Por eso, si el servicio jurídico emite un informe favorable, el sindicato acudirá a los tribunales “seguro”.

Un mandato sin leyes

Antonio Sánchez, responsable de Más Madrid en la Asamblea regional, va a preguntar por los informes negativos este jueves en la Asamblea al consejero Enrique Ossorio. “Cada vez que vienen con algo de universidad a la Asamblea nos echamos a temblar”, asegura. En la anterior legislatura solo se aprobó la ley del suelo y el duodécimo campus privado, la Universidad Internacional de la Empresa, del Grupo Planeta. “No hay un plan de estabilidad laboral, las becas están a niveles antes del covid, las infraestructuras están muy mal... En la Complutense solo han sabido de Ayuso para inaugurar un parking que lleva 13 años en funcionamiento”, enumera. Este mandato tampoco se recordará por las normas aprobadas.

ESNE trata de convertirse en universidad desde 2017 y con ese fin la hoy viceconsejera de Educación Rocío Albert y los expresidentes regionales Ruiz Gallardón y Leguina han hecho ronda de visitas a los rectores de las universidades públicas madrileñas, al Gobierno regional en dos legislaturas y al ministerio en calidad de lobistas de la escuela. Unidas Podemos ha tratado de preguntar en la Asamblea por la relación de Albert con ESNE, pero según Agustín Moreno, su responsable de educación, no se lo han permitido. ”Nos dicen que es una pregunta inconcreta”. Moreno cree que “los rectores madrileños tienen que retratarse ante un tema tan grave cuando está devaluando el sistema madrileño de universidades”. Estos emitieron junto al Ejecutivo regional un informe en contra del Consejo de Universidades de Madrid, pero no han vuelto a pronunciarse. “Es un pelotazo de plusvalía. Los profesionales nos hablan de que pueden estar en juego 50 millones de euros”.

En su declaración de bienes de 2019 consta que Albert formaba parte del consejo académico de ESNE al tiempo que dirigía un parque empresarial con sueldo de la comunidad e impartía clase en dos centros privados: el Cisneros y EAE Business School. ESNE ha desaparecido en su declaración, pero sigue dando clase en ambas instituciones (solo consta su compatibilidad docente para el Cisneros). El pasado año la viceconsejera ganó 97.000 euros.

Albert firmó la ficha de datos esenciales favorable a la tramitación de la ley pese a su vínculo con ESNE. Fuentes jurídicas consultadas consideran que existe incompatibilidad, pero la comunidad no ve un problema. CC OO consideran que esta firma es una de las vías a estudiar si acude a los tribunales.

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