Los fondos de capital riesgo ponen sus manos en la educación española

La educación es un “sector atractivo con vientos de cola a largo plazo”. Lo dice Javier Martín, directivo de Partners Group, uno de los principales fondos de capital riesgo internacionales. Y lo demuestran las multimillonarias operaciones de compra de colegios, universidades y, más recientemente, centros de formación profesional privados por parte de estos fondos que se vienen acumulando desde hace años en España.

El negocio de la educación mueve en todo el mundo unos 4,6 billones de euros al año y, según los cálculos de la consultora Holon IQ, serán 6,2 billones en 2025, en ámbitos que van más allá de la pura gestión de escuelas y de campus privados, pues incluye todo tipo de actividades auxiliares como extraescolares, comedores y clases particulares, además del creciente y lucrativo desarrollo de tecnologías aplicadas a este sector. Un área que es además especialmente sensible por su fuerte identificación con los servicios públicos más básicos y por su importancia a la hora de garantizar el futuro de un país y las condiciones de vida de sus ciudadanos.

En España, el negocio ha encontrado un campo abonado por las crisis en el que multitud de actores quieren obtener su pedacito de un pastel creciente que aprovecha los importantes espacios de demanda no atendida que deja la oferta pública de educación y formación. Las últimas cifras disponibles, de 2019, dibujan una tarta compuesta por más de 11.000 millones de gasto directo de las familias —proporcionalmente, el segundo gasto privado más alto de la Unión Europea, según datos de la OCDE—, pero también de una parte de los más de 53.100 millones de dinero público que se invierten cada año en educación.

Esta última cantidad, en forma, por ejemplo, de gestión de escuelas infantiles, cheques escolares y conciertos educativos; es decir, las subvenciones a centros privados para la gratuidad en sus aulas de la etapa básica y obligatoria (de 3 a 16 años). El dinero destinado a conciertos y subvenciones fue en 2019 algo más de 6.600 millones de euros, 761 millones más que una década antes. Ahora, asimismo, hay que añadir varios miles de millones más que, procedentes de Europa, irán destinados a la capacitación digital, la modernización del sistema educativo y de la formación profesional.

Intenso reciclaje

Algunos especialistas apuntan a que gran parte de la culpa del entusiasmo actual de los fondos tiene que ver además con las perspectivas de crecimiento de la formación de adultos, de trabajadores que necesitan reciclar sus conocimientos o reorientar sus carreras. La estrategia España 2050 asegura que el país necesita un “sistema integral de recualificación que le permita actualizar las competencias de al menos un millón de trabajadores (empleados y desempleados) cada año”. Cada año hasta 2050 son muchos millones. Y si a esto se suma un mercado potencialmente global (especialmente en Latinoamérica), propulsado por los formatos de educación a distancia o híbridos y en el que solo serán capaces de destacar los operadores más grandes, se completa un panorama más que propicio para la inversión.

En este contexto cobran todavía más sentido los últimos movimientos que están mirando a la formación profesional —el fondo estadounidense KKR compró este verano la red de centros de FP Medac— para completar junto a las universidades privadas —que ya han ganado algo más de 150.000 alumnos en la última década, mientras las públicas han perdido 2.600 estudiantes— ecosistemas que puedan atender desde todos los flancos las nuevas demandas. La FP de grado superior, colocada en un escalón educativo similar al de los estudios universitarios, es la que más interés está despertando entre el capital privado.

Al repasar las operaciones más sustanciosas de los últimos años, algunos expertos creen que están en el límite de los movimientos especulativos. El fondo de capital riesgo estadounidense Permira compró en 2018 por 770 millones de euros la Universidad Europea de Madrid; al año siguiente, la Alfonso X el Sabio acabó en manos de otro gigante del private equity, CVC, por 1.100 millones.

“Hay una burbuja o inflación de fondos de inversión haciendo compras. Porque ven que el tamaño va a ser una ventaja. Y son muy buenos en procesos de concentración”, aseguraba el pasado jueves en un encuentro en EL PAÍS Miguel Arrufat, director de la universidad online UNIR. Esta ha buscado financiación de otro modo. Proeduca Altus, su matriz, cotiza desde 2019 en el mercado de pequeños valores BME Growth. Y le está yendo tan bien que, con casi 800 millones de capitalización, está al borde de tener que saltar al mercado continuo (el de las grandes cotizadas).

El fondo estadounidense KKR explicó hace unas semanas su compra de Medac de la siguiente manera: España tiene “uno de los déficits de empleo y cualificación más importantes de Europa, lo que ha hecho que la educación y la formación profesional hayan adquirido una importancia creciente y se espere que aumente en los próximos años”.

Las endémicas necesidades de cualificación y recualificación —un 16% de los jóvenes dejan de estudiar después de la enseñanza obligatoria y el 37% de toda la población adulta solo tiene estudios básicos— se ven acrecentadas en un contexto de crisis por la pandemia de la covid, que a su vez había llegado cuando todavía estaban terminando de sanar las cicatrices de la Gran Recesión de hace algo más de una década. Con la compra de Medac el pasado agosto, KKR completa una operación que inició con las adquisiciones del Instituto Técnico de Estudios Profesionales (ITEP) y de MásterD, centro especializado en preparación de oposiciones y cursos de FP.

Investindustrial, la gestora de capital riesgo que dirige Andrea C. Bonomi, por su parte, compró por 60 millones en mayo pasado uno de los clásicos de la formación a distancia, Ceac, y Deusto Formación. CCC, el gigante de la formación a distancia, cambió de manos el mes pasado tras ocho décadas en manos de la familia Azcárate y ahora es propiedad del grupo inversor suizo Crescendo, que pretende disparar el negocio en Latinoamérica. Y el fondo Magnum, que a través de Digital Talent controla el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) y el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), se hizo el mes pasado con el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (asociado al CEU), el Instituto Superior de Estudios Psicológicos y el Centro Europeo de Estudios Profesionales (de FP), con las que ha creado el grupo Metrodora Education, especializado en formación sanitaria.

Alberto Bermejo, socio de Magnum Capital, explica del siguiente modo la avidez por un sector, el educativo, que tradicionalmente se ha visto como seguro, pero con bajos rendimientos: “Puede considerarse como un sector defensivo, con baja correlación con el ciclo económico debido a la estabilidad y previsibilidad de la demanda. Siendo así en sentido amplio, se están produciendo importantes cambios en las demandas de los alumnos (formación online, gamificación, programas más cortos y enfocados) o en las relacionadas con la necesaria orientación hacia la empleabilidad que, sin duda, harán que aparezcan nuevos operadores en el sector y que otros tengan que adaptarse (con mayor o menor éxito) a los cambios del mercado”.

Oportunidad transversal

De la mano de esa formación online que menciona Bermejo, y con la que todos estos actores pretenden llegar a un creciente número de jóvenes y adultos en busca de mejores perspectivas de futuro, van todas las herramientas tecnológicas que representan una oportunidad transversal de negocio mencionada una y otra vez. “Vemos aún un importante margen de crecimiento para nuevas propuestas de valor innovadoras, que tienen el potencial de promover la democratización del acceso a la educación, impulsar una transición desde la institucionalidad de la educación a un aprendizaje autodidacta basado en el conocimiento”, explica Hugo Fernández-Mardomingo, socio de All Iron Ventures, el vehículo de inversión promovido por Jon Uriarte y Ander Michelena, fundadores de Ticketbis, la empresa española vendida a eBay en 2016 por unos 165 millones de euros.

“La digitalización, que es una tendencia transformadora clave en muchos sectores, también está cambiando profundamente la forma en que se brinda la educación, y esto está creando nuevas oportunidades para los inversores de los mercados privados. El auge del e-learning está haciendo que la educación sea accesible para un público más amplio”, señala Javier Martín, de Partners Group. El fondo suizo compró en 2014 siete colegios internacionales en España, a los que ha sumado otros cuatro entre 2018 y 2020. Forman parte de la red International Schools Partnership, que suma 50 centros en 15 países con una valoración cercana a los 2.000 millones de euros, según la compañía.

Este apetito por las tecnologías educativas es, efectivamente, transversal a todas las etapas de la enseñanza y alcanza de lleno, además, a la parte del negocio que proviene de fondos públicos. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé movilizar el año que viene 1.412 millones de euros para la Transformación Digital de la Educación. Ahí habrá dinero para sueldos de funcionarios, pero también para equipamientos tecnológicos que habrá que comprar, desarrollos y plataformas digitales… “El negocio de la educación no está solo en el hecho de que hay mucha inversión privada, sino que hay también mucho dinero público”, insiste el profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona Toni Verger.

Y no se trata solo de esas tecnologías, sino de las escuelas concertadas ya mencionadas, que obtienen esos 6.600 millones de dinero público más otros 2.200 millones que se gastan las familias, según las últimas cifras del INE. O de las escuelas infantiles para menores de tres años, que cada vez más voces reclaman que sea una etapa gratuita para las familias (ahora han de pagar tanto en la privada como en la pública). Así será en Galicia a partir del curso que viene, según anunció la semana pasada el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El presupuesto para hacerlo será de 30 millones de euros. Para crear nuevas plazas públicas para menores de tres años en toda España, los Presupuestos han destinado este año 201 millones y el próximo serán 334 millones.

Precisamente la educación infantil es hacia donde dirigen sus críticas desde hace años los defensores de la escuela pública. Aseguran que en un espacio tan delicado no debe haber hueco para la búsqueda de beneficios que persiguen, lógicamente, las empresas. Y uno de sus caballos de batalla es la presencia de empresas multiservicio, que compiten por la gestión de escuelas infantiles públicas que las Administraciones sacan a concurso en toda España.

Una de esas empresas es, desde hace más de 20 años, Clece, aunque este curso ha reducido su presencia a 96 escuelas en toda España, 30 menos que hace un año, cuando alcanzaron su número máximo, con 126. Lo cuenta por videoconferencia el presidente de la empresa, Cristóbal Valderas, que explica que, tras el mazazo de la pandemia, han dejado de optar a concursos públicos en los que la Administración de turno (buena parte de las escuelas infantiles públicas son municipales) no asume las eventuales pérdidas de alumnos. A pesar de eso, de que representan menos del 2% de su negocio y de que la rentabilidad de estas concesiones “es baja” comparada con otras áreas (desde servicios de limpieza hasta gestión de centros de día o residencias de la tercera edad), Valderas explica que han estado y siguen presentes en este ámbito porque “encaja” en su estrategia: “Un servicio público enfocado fundamentalmente a la atención a las personas”. Defiende, en todo caso, “la eficiencia de la colaboración público-privada” y rechaza de plano la idea de que la gestión indirecta de un servicio público sea “privatizar la educación”. “Nosotros elegimos a los mejores profesionales que hay en el mercado y a eso le unimos una gestión que da lugar a un proyecto educativo de calidad y eficiente económicamente”, defiende.

Argumentos muy parecidos sostienen amplios sectores de la escuela concertada. Pero lo cierto es que en las últimas dos décadas ha crecido un sector conocido como “nueva concertada”, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde se les cedió terreno público en condiciones ventajosas para iniciar sus actividades, y que ha levantado ampollas entre los defensores de la enseñanza pública, pero también en los centros completamente privados, que les acusan de competencia desleal. Son colegios en manos de empresas o colectivos ultrarreligiosos, que funcionan como lógicas de mercado y consiguen importantes beneficios a través de cuantiosas cuotas (supuestamente) voluntarias por los servicios educativos y por el cobro de todo tipo de servicios complementarios.

Nuevos actores

Lo cierto es que el ámbito de la escuela concertada está atrayendo a otros nuevos actores. Un ejemplo es la firma de servicios educativos Scientia, que se dedica, entre otras cosas, a reflotar centros subvencionados en apuros. Lo ha hecho hasta ahora con cinco, tres de la Comunidad de Madrid, otro en Galicia y otro más en el País Vasco. Su modelo consiste en reciclar a los docentes, poner en marcha un proyecto modernizador a lomos de la tecnología y en reaprovechar todos los espacios de los centros utilizando las otras áreas de su negocio: actividades extraescolares, formación profesional, aulas de educación infantil, laboratorios de innovación. Con otros dos centros privados de FP que gestionan directamente, da además servicio de tecnologías digitales (plataforma de contenidos, gestión de tecnología, asesoramiento…) a otros 300 colegios.

“Se trata de ofrecer todo tipo de soluciones innovadoras al sector educativo”, explica Estanislao Martínez, el presidente de la empresa, que empezó el mes pasado a cotizar en el mercado Euronext Access, en París, con una valoración de 101 millones de euros. Explican que los colegios concertados en apuros de los que se han hecho cargo necesitaban hacer cosas distintas para sobrevivir, diferenciarse por medio de la digitalización y la modernización para atraer a un público menguante por culpa de la curva demográfica: en dos décadas, la enseñanza obligatoria habrá perdido un 23,4% del alumnado, según la previsión del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Un poco la misma idea, con un público objetivo distinto en la cabeza, es la que ha empujado movimientos similares en las escuelas de élite. Por ejemplo, los 11 colegios de ISP de Partners Group en España. La tendencia global que ha detectado el fondo en todos los países desarrollados es la siguiente: “Ha habido una creciente demanda de escuelas privadas de alta calidad que brinden educación bilingüe o en inglés. El aumento de los ingresos disponibles entre las clases medias y la naturaleza no discrecional del gasto en educación para muchos padres sustenta esta demanda y conduce a un cambio creciente de la educación pública a la privada”, explica Javier Martín.

Pero no se trata solo de las expectativas de las clases altas y clases medias con recursos, sino que cada vez es más evidente para las familias de todas las capas sociales, después de dos crisis tan profundas, que la formación es la mejor forma de garantizar un buen futuro sin demasiados sobresaltos. De ese modo, incluso los hogares más humildes están dispuestos a hacer esfuerzos en este ámbito. En esa dirección apunta un estudio en el que está trabajando el profesor de la UNED Juan Manuel Moreno sobre las clases particulares. Todavía no está terminado, pero ya puede adelantar que “entre 2006 y 2019, a pesar de que en medio hubo una gran recesión y muchos hogares tuvieron que recortar gastos básicos, incluso en alimentación, el gasto en clases particulares no dejó en ningún momento de crecer. Lo hizo en número de horas y en dinero gastado, y en todos los quintiles de gasto, siendo en los más modestos donde más creció”, explica Moreno, que fue durante casi dos décadas asesor principal de educación del Banco Mundial. Recalca que se trata de clases particu­lares de refuerzo o ampliación del currículo.

Y aquí sí que se entra de lleno en las críticas a la llegada de la empresa colándose por los huecos que deja la oferta pública, de manera que se produce un proceso de privatización que cuenta muchas veces con la connivencia, si no el apoyo, de las Administraciones, según ha denunciado en distintas ocasiones la Federación de Enseñanza de CC OO. Para el profesor de la Autónoma de Barcelona Toni Verger, la explicación es ligeramente distinta: “Más que un interés político, lo que creemos que ha habido es una privatización por defecto y de facto, en el sentido de que ha habido una falta de interés o de inversión pública a la hora de atender determinadas demandas sociales, lo que ha hecho que se cree un mercado paralelo con mucho interés por responder a estas demandas”.

Señala principalmente lo que está ocurriendo en la universidad y ahora también en la FP, pero admite que también hay ejemplos en la educación obligatoria, donde “clarísimamente tiene un efecto de segmentación del sistema escolar y de segregación escolar”, asegura. De hecho, hay especialistas que insisten en que no es buena noticia que el sector privado se asome con entusiasmo a la educación no obligatoria y en especial a la terciaria, es decir, a la FP de grado superior y a la universidad. Eso sí, con los controles necesarios para garantizar una calidad mínima de la oferta.

En todo caso, para CC OO el avance de la privada, también en las etapas no obligatorias, es una mala noticia para la igualdad de oportunidades. Porque la segregación de base puede marcar la trayectoria posterior. “Si continúa esta tendencia, se puede dar la paradoja, que ya se observa en otros contextos, de que alumnos de escuelas concertadas o privadas, mucho más elitistas, con una preparación mucho más orientada al acceso a la universidad, permitan a familias acomodadas aspirar a un campus público a precios muy razonables, mientras que a personas más desfavorecidas solo les quede la opción de endeudarse para acceder a ciertas universidades privadas, mucho más caras y, en muchos casos, de mala calidad”, señala Verger.

La presión sobre Madrid y la conexión americana

La competencia de los grandes inversores y los promotores internacionales por entrar en el mundo de la educación superior en España se hace todavía más feroz si el punto de llegada es la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Por un lado, porque, en esa búsqueda de un mercado internacional, se trata de una ubicación inmejorable para competir por la clientela iberoamericana con ciudades como Miami, señalada por distintos especialistas como el gran hub internacional de educación superior para público hispanohablante. De hecho, dos de los proyectos de universidades privadas españolas más volcadas en la internacionalización, Proeduca (matriz de UNIR, cuya oferta es completamente online) y Planeta tienen presencia en Miami.

El primero lo está a través de la Universidad Internacional Marconi, de la que compró el 100% en marzo de 2019 después de años con un 15% de participación. Casi la mitad de los estudiantes de los centros de Proeduca (tienen más de 51.000 en 70 países), están ya en Latinoamérica. Planeta, por su parte, explicó la venta de los centros de enseñanza a distancia CEAC y Deusto Formación a Investindustrial el pasado mes de mayo de la siguiente manera: “Tras esta operación, Planeta Formación y Universidades concentrará su actividad en los proyectos de formación superior a través de su red de instituciones educativas integrada por universidades, escuelas de negocios, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional”, según decía la nota de la compañía. Añadía que, entre las ubicaciones de sus instalaciones propias están Colombia y Miami.

En el camino de vuelta a España, fuentes conocedores de las complejidades de la educación superior latinoamericana admiten que Madrid puede ser un buen competidor de Miami, que, con un clima agradable y una enorme comunidad latina, ha sido tradicionalmente un polo de atracción para toda Latinoamérica en el ámbito de las compras, los negocios y, también, la educación superior. Pero estos mismos expertos defienden que la avidez privada por tener presencia en Madrid se debe también a los buenos ojos con los que el Gobierno regional acoge este tipo de iniciativas.

Las cifras respaldan esa idea: 12 de las 40 universidades privadas que existen en toda España están en la Comunidad de Madrid. Estas concentran uno de cada cuatro universitarios de la universidad privada que estudian en todo el país (84.217 alumnos de un total de 345.622 universitarios). Además, hay otra más en camino, la número 13, UDIT, cuyo proyecto de creación está aprobado por el Gobierno regional (a pesar de varios informes en contra, entre otros, uno de la propia consejería madrileña de Ciencia) y está a la espera de empezar a discutirse en la Asamblea de la región.

A todo esto, hay que sumarle los 33 centros adscritos que también ofrecen titulaciones universitarias en la Comunidad de Madrid, la mayoría de ellos, vinculados a universidades públicas, que son las que avalan sus enseñanzas. Así pues, habría que sumar otros 12.000 alumnos matriculados en esos centros que en la estadística aparecen en la pública, pero en realidad estudian en la privada. Completarían el mapa las universidades privadas autorizadas en otras comunidades, pero con actividad en Madrid (como la de Navarra, IE o UNIR) y otros cinco centros extranjeros autorizados en la Comunidad, entre ellos, Schiller International University y Suffolk University.

En esa lucha por situarse en el mercado de la educación superior en Madrid, cada una de las categorías anteriores tendría una importancia capital a la hora de negociar y valorar una operación. Si se trata de centros que ofrecen títulos propios (reconocidos por una universidad) u oficiales (con validez estatal y reconocimiento internacional), avalados por centros extranjeros o con acuerdos concretos con universidades públicas y privadas españolas (categorías a la que pertenecen una parte importante de las adquisiciones de fondos de inversión de los últimos años), o si son centros adscritos (como el Instituto Superior de Derecho y Economía, de Magnum) o, directamente, universidades hechas y derechas con todas las de ley, como la Universidad Europea de Madrid (Permira) o la Alfonso X el Sabio, también de Madrid (CVC).

Centros adscritos

Las perspectivas de ascender desde un escalón a otro también tendrían su valor; no hay que olvidar que entre los últimos nombres que se han incorporado al sistema universitario madrileño, tres fueron antes centros adscritos: CUNEF Universidad y la Universidad Internacional Villanueva —vinculados a la Complutense— y ESIC Universidad —a la Universidad Rey Juan Carlos—. Ahora, además de UDIT, siguen flotando en el ambiente otros viejos proyectos como la Universidad del Deporte impulsada por la Universidad Católica de Murcia, o el inesperado intento de resurrección de la Universidad Tecnología y Empresa, un campus fantasma autorizado en el año 2009, pero que nunca llegó a abrir sus puertas.

Ante semejante panorama, resulta crucial, según distintos especialistas, la intervención pública para garantizar un cierto orden y evitar que una calidad mínima no quede supeditada a la cuenta de resultados. En esa dirección van los cambios legales que recientemente ha aprobado el Ministerio de Universidades y que, entre otras cosas, obligan a los campus privados a investigar y a ofrecer un mínimo de titulaciones oficiales.